Carlos Jiménez Villarejo escribe desde INFOLIBRE sobre el asombro y algo más que asombro que le inspira ver entre las firmas que defienden a Juan Carlos Borbón, el exrey, la de uno que fuera Fiscal General y Juez. Lo destaca Federico Aguilera Klink. Y yo, Chema Tante, que reconozco que no soy imparcial, porque hace mucho que creo que Eligio Hernández lleva demasiados cirios a la vez, que siempre ha defendido la monarquía pero se presenta como republicano, diré que la mera presencia de Eligio en esa lista lo retrata. Ya he dicho varias veces que Eligio es un monárquico románticamente nostálgico de la II República, pero que se siente muy, pero que muy cómodo en esta falsa representación de la democracia que supone la monarquía en el reino que heredaran de Franco los dos Borbones, padre e hijo, sucesivamente.

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, considera que la sentencia del caso Las Teresitas, que condena a 7 años de cárcel al ex alcalde Miguel Zerolo, demuestra que “Santa Cruz estuvo gobernada por un delincuente que organizó el saqueo de las arcas públicas municipales. Hoy Coalición Canaria tiene que asumir responsabilidades porque, cuando los hechos acreditaban la conducta corrupta de Zerolo, lo hicieron senador, humillando así al Senado, a la democracia y al pueblo de Santa Cruz de Tenerife”.

Nos enteramos por la SER que el alcalde chicharrero Bermúdez tiene de nuevo la altanería de decirle a los tribunales que se equivocan. En su decisión de ordenar que se tumbe el Mamotreto. Y se basa para ello en un informe que emite la Dirección de Infraestructuras y Servicios Públicos del propio Ayuntamiento. Pero la razón verdadera de todo esto es que el Mamotreto es un edificio de aparcamientos. Y que el negocio de aparcamientos lo monopoliza en el municipio de Santa Cruz de Tenerife Antonio Plasencia. Y que Antonio Plasecnia figura en primera fila de la banda de financistas y muñidores de la coalición empresaria llamada canaria. 

Vean la noticia ofrecida por Natalia Torres en DIARIO DE AVISOS. Algo que sería increíble si no estuviéramos en un estado de derecha en el que los gobiernos favorecen sistemáticamente a las empresas, aunque se trate, como en este caso, de empresas de delincuentes como Antonio Plasencia. El abyecto alcalde chicharrero, Bermúdez; y su sicario para todo, José Alberto Díaz-Estébanez, vuelven a la carga, diciéndole a la justicia, a los tribunales, que sus sentencias son erróneas y no se pueden cumplir. Parecería mentira, pero no lo es. El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se mantiene en su propósito de conservarle el negocio a Antonio Plasencia, detentador en exclusiva del negocio de aparcamientos publicos de pago en el ayuntamiento tinerfeño. Dice Natalia, no obstante, que es posible que el informe de Díaz-Estébanez "se descarte". Pero yo insisto en que no me creeré que derriben el Mamotreto, hasta que lo vea en el piso. Si no me muero antes, que a este paso...

Soy de quienes opinan que este delincuente, Antonio Plasencia (lo es, lo ha confesado él mismo), en su supina incultura, no sabía, cuando empezó a depredar el territorio, la gravedad de lo que estaba haciendo. Pero, ¡ay!, ese discutible atenuante de la ignorancia no le sirve, cuando siguió con su ya reconocido crímen, a pesar de que se le advertía. Ni, todavía menos, cuando perpetuó sus malas mañas.

Ya supongo yo que el tarugo encaramado en la presidencia del gobierno español gracias a los dineros mal habidos por su partido, la opinión de un tipo como James Petras le debe tener bastante sin cuidado. Pero lo que Rajoy, en su supina ignorancia, no sabe, es que el tal Petras es un sociólogo de tremenda influencia por esos mares pa'fuera. A Petras se le escucha, y se le atiende, de manera que esto que destaca CANARIAS SEMANAL, de la entrevista que le hicieron en RADIO CENTENARIO de Uruguay está siendo oida en todo el mundo.

Delincuente. Sí. Porque, aunque Zapatero (sí, Zapatero, el socialista) lo indultara, Sáenz fue declarado y sigue siendo culpable de un delito execrable. A este criminal se le demostró -y por eso se le condenó- que se había inventado una denuncia falsa para extorsionar a un empresario y obligarle a pagar una deuda que no le correspondía.