Juan Carlos Ruiz en DIARIO 16 con datos de TAX JUSTICE NETWORK, informa sobre como USA se ha convertido en otra guarida fiscal. La misma USA a cuyos intereses sirve continuamente el gobierno del estado español

El grupo insular Podemos ratifica el acuerdo de personarse en la causa por desfalco en la Institución Ferial ​Julio Concepción, consejero que representa a Podemos en el consejo de administración de IFTSA, explica que el objetivo de la formación morada es colaborar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y en la detección de los posibles responsables de este desfalco, “tal y como estamos haciendo en el caso Sinpromi y en el caso Carreteras, las otras dos causas en las que está personado este grupo”

Julio Concepción, consejero del Grupo Insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife, informa de que Gobierno insular de CC-PSOE ha incumplido su promesa de entregarle la auditoría externa realizada en la Institución Ferial tinerfeña (IFTESA) tras detectarse un desfalco inicial de 120.000 euros, “con lo que es inevitable sospechar que los responsables políticos de esta sociedad del Cabildo tienen algo que temer en relación a la presunta malversación de caudales públicos denunciada en esta empresa insular”.

La formación de izquierdas en Tenerife pregunta en el Cabildo sobre la malversación de fondos del recinto, de hasta 127.000 €

Paqui Rivero considera que la destitución del gerente “tiene cierta lógica” pero cuestiona que la decisión fuera tomada al margen del consejo de administración de esa empresa pública.

Mila Hormiga revela que, tal y como sospechaba la formación morada, el dinero será repuesto en cuatro años con recortes en proyectos de discapacidad.

Mila Hormiga lamenta la operación de confusión legal desplegada en el pleno para eludir la responsabilidad de transparencia política.

Ben Magec – Ecologistas en Acción, ante la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la devolución de los 12 millones de euros por el caso TINDAYA, solicita que el proyecto de Chillida sea definitivamente retirado, que se investigue a los responsables del desfalco de más de 41 millones de euros a las arcas públicas, y que se exija la responsabilidad patrimonial a los máximos responsables.