Antonio González Vieítez, en el SOMOS NADIE de Juan García Luján, en EL DIARIO CANARIAS AHORA y en LA OPINIÓN, vuelve a agarrar al cochino por el pescuezo, asunto de la historia de las viviendas vacacionales. En Canarias, que es lo que nos importa la cuestión se ha reducido al pleito con las empresas hoteleras, que, como no, rezongan por la nueva competencia. Pero el gobierno de CoATIción Canaria del genuflexo Clavijo, mira para los celajes, como hicieran todos y cada uno de los gobiernos "ATInriores". La clava en la mitad del centro, González Viéitez. el problema es la calidad de los servicios de turismo. Y en el campo del alquiler vacaional los servicios ni siquiera son deficientes, simplemente, no existen. Y a lo que dice González Vieítez yo, Chema Tante agrego que la historia ya se inició con lo del turismo rural. Esta insalla toleta que lleva el timón en Canarias no ha sido capaz ni siquiera de coger los recortes de lo que se ha hecho por esos mare pa´fuera, el Turismo Rural o el Agroturismo en muchas zonas peninsulares, en La Toscana, en Gales. En esta Canarias nuestra, de nuevo recuerdo lo dicho por el ínclito economista, nos hemos limitado a eso de "dejar la llave en la farmacia" y el o la choni, que se las arregle. Ni un níspero le dejamos en la cocina. Y, ya que estamos, no se pierdan el agudo comentario, en el sentido de que la calidad del servicio depende de la calidad del empleo. En todo caso, diré que difiero un pizco en lo que sostiene González Vieítez. Dice -con razón- que el alquiler vacacional no genera rentas de trabajo, sino solamente de capital. Pero yo pienso que eso se puede obviar regulando y controlando la actividad y propiciando la prestación de servicios complementarios.

La Asociación cultural y ecologista herreña afirma que la eliminación de las Directrices de Ordenación del Territorio y la descentralización competencial a favor de  ayuntamientos y cabildos, deja en manos  de  pequeñas élites profesionales de la política y vinculadas al sector de la construcción, un proceso de  remate y liquidación  de los bienes patrimoniales de una población, empobrecida y desesperada por la crudeza de una crisis, cuya gestión por parte de las distintas corporaciones municipales e insulares ha llevado a un galopante despoblamiento que ha disparado los índices de envejecimiento y arroja los peores índices de desempleo de Canarias.