La resolución conlleva el elevar al Gobierno de Canarias la propuesta de clausura de las instalaciones del Campo de Tiro

Más de 200 personas les han entregado alegaciones a la asociación y más de 500 han firmado su apoyo a las presentadas por el colectivo vecinal

Afirman que el cese de la actividad, propuesto por el CIATF, sólo es para contentar a Amigos de Ajabo

El Ayuntamiento de Adeje, mediante decreto de alcaldía, ha procedido a la contratación de una empresa de evaluación ambiental para que determine con informes, estudios y análisis que el plomo es inocuo, por un importe de 19.099,50 euros, para atender al requerimiento del Consejo Insular de Aguas de que solicite permiso para arrojar vertidos al barranco de Ajabo, como así se estipula en el reglamento de vertidos que determina que con la solicitud debe acompañarse de un estudio hidrogeológico que demuestre la inocuidad del vertido, lo que para la Asociación amigos en defensa de Ajabo es imposible de demostrar, y que este acto es un derroche imprudente e innecesario de dinero público.

Concepción lamenta que todos los esfuerzos del Gobierno insular parezcan ir encaminados a permitir que el campo de tiro adejero siga funcionando

Concepción critica la irresponsabilidad del gobierno local, que plantea que el campo de tiro siga funcionando sin los controles necesarios para evitar problemas ambientales y de salud pública.

Atendiendo la petición realizada por la Asociación Amigos en Defensa de Ajabo, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha procedido a realizar toma de muestras de aguas de los distintos pozos y galerías situados en los aledaños del campo de tiro municipal de Adeje, para realizar un análisis y verificar la existencia de plomo en el líquido elemento, dando como resultado la existencia de este material pesado en uno de los pozos analizados.

El jurista y concejal lagunero Santiago Pérez disertó en la Sala San Borondón de La Laguna sobre la realidad del Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna que tanta polémica ha suscitado entre la población, sobre todo en zonas como Valle Guerra y dijo que no debemos perder de vista que un PGO es un instrumento muy complejo de gobierno de un municipio, pero el equipo de funcionarios juristas de la corporación solo dispuso de 14 días hábiles para revisarlo y realizar el correspondiente informe.