La crónica firmada por A. Torrús en PÚBLICO denuncia un caso que viene a avalar las fortísimas sospechas sobre a quién sirve la administración de justicia en el estado de derecha español. Si a la Justicia, o a los antecesores directos de quienes mandan. Impiden declarar en el juicio abierto por los tribunales argentino a los crímines del franquismo a un tipo significado como Gerardo Iglesias, y ni siquiera se dignan justificar el motivo. Una arbitrariedad y una parcialidad donde las haya

Angels Barceló tocó en HORA 25 de la SER, este 5 de julio, el sensible y siempre condenable, por más que se intente ocultar, tema de la tortura policial en el estado español. En junio, EL ESPAÑOL y EL PAÍS publicaban sendos reportajes, también sobre cómo la aplicación del Protocolo Estambul demuestra que en el estado español ha habido multitud de casos en que las diversas policias administraron torturas a personas detenidas.

Antonio Aguado destaca esta información de Marta Borraz en EL DIARIO, que constata la miserable actitud del gobierno ppero. Las acusaciones de torturas y malos tratos propinados por las policías varias, en este estado de deerchas, se amontonan. Y el gobierno demuestra su impicación y complicidad -cuando no la autoría intetelctual- en esta situación de violación de los derechos humanos.

La Fiscalia falta una vez  más a su más elemental deber, velar por la justicia, y demuestra que está siempre dispuesta a defender a los poderosos, a los opresores y a sus esbirros. Además, la Fiscalia, con esta declaración, acepta la culpabilidad del brutal torturador Billy el Niño, Antonio González Pacheco. ¿Dónde esrán ahora las víctimas del terrorismo? Porque este tipo es un terrorista, donde los haya

Y ¿quién es Billy el Niño?

EL PLURAL recoge este testimonio de Paco Lobatón en EL INTERMEDIO.  Y yo les ofrezco un enlace a EL PAÍS, de 1979 (cuando lo de Atocha) donde se habla de Luis Antonio Gonzánlez Pacheco, "Billy el Niño", el siniestro personaje que sigue disfrutando la impunidad que le otorga una justicia y unos partidos y unos gobiernos que han desertado de su deber esencial de perseguir el delito y castigar al delincuente.