​El Parlamento de Canarias aprobó, el 8 de julio de 2014, con el apoyo de PSOE, CC y NC, la primera Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE), que establece claramente que el Gobierno de Canarias deberá incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, elevándolos hasta alcanzar en el 2022 un mínimo del 5% del PIB.