Desde la prisión marroquí de Salé 1 en Rabat, el preso saharaui Mohamed Uld Buryal, condenado a 30 años, se dirige al pueblo saharaui. Y yo repito que estas sentencias son un nuevo insulto del régimen marroquí a los derechos humanos, condenando a gente sin pruebas y sin respetar su derecho a la defensa y una vulneración de las leyes internacionales, porque el gobierno marroquí no tiene competencias para juzgar y condenar en el Sáhara. Marruecos es una simple administradora, la soberanía no le pertenece, reposa todavía en el Gobierno de España, como depositaria, hasta se decida la autodeterminación, según dictaminó en su día Naciones Unidas. Por tanto, quien debió juzgar los hechos era el poder judicial español.
Pero está claro que al gobierno de España y de las restantes "democracias" occidentales, los derechos humanos y las leyes internacionales no son algo que les preocupe demasiado.