El fascismo, como ahora la deriva ultra reaccionaria de determinados ámbitos muy poderosos del Reino de España, no hace ninguna distinción entre un republicano catalán independentista y un republicano español. Ejemplos hay a montones. Se ponen a trabajar y elaboran el llamado “Informe PISA” (Pablo Iglesias S.A.). Telecinco y otros medios acusan a Podemos de financiación venezolana, poco antes de las elecciones andaluzas de 2015. Después les acusan de tener financiación de Irán. La cantidad era de 72.000 euros y según la información la habrían recibido ¡antes de existir! Podemos presenta denuncia y Eduardo Inda, que fue condenado por no pagar pensión a su mujer,^[1] debe presentarse en los juzgados por una información en que acusa a Pablo Iglesias de tener una cuenta en el Euro Pacific Bank de las islas Granadinas. El propio banco dijo que no aceptaba dinero venezolano bajo ninguna circunstancia. El periodista acusó a Eugenio Pino, director adjunto del operativo, como fuente de la información. En 2016 Público revela que desde las cloacas del Estado habían invitado a cinco venezolanos vinculados a la DEA para que testificaran que Venezuela había financiado a Podemos.^[2] Entre ellos Carlos Alberto Arias, que recibió un permiso de residencia en España a cambio de proporcionar información inventada sobre Pablo Iglesias. En las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre actividades delictivas del ministro del Interior Fernández Díaz se señala que se obstaculizó la investigación de escándalos del PP y se actuó para perseguir a adversarios políticos del PSOE, independentismo catalán o Podemos (Informe PISA).^[3]

En marzo de 2019 se descubre que el comisario Villarejo manejaba el contenido de un móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Lo investiga el juez Manuel García-Castellón en el marco de la operación Tándem. Villarejo acusa de haberle dado el pendrive con la información del móvil a Alberto Pozas, director general de Comunicación Nacional del gobierno de Pedro Sánchez.^[4] Inquietante. De hecho, Antonio Asensio, el propietario de El Periódico, le dio la tarjeta de memoria del móvil a Pablo Iglesias.^[5] Iglesias solicita el rastreo del teléfono robado para saber dónde se descargó el contenido, el juez deniega la prueba. ¡Hombreee! En realidad, Asensio quería intercambiar el pendrive por información valiosa de Podemos, Iglesias se negó a ello.^[6] Después se sabrá que tres días después del robo desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía se remite a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) una primera versión del informe PISA donde ya hay documentos sustraídos. Son filtrados a la prensa amiga, Ok Diario y El Confidencial.^[7]

El juez Manuel García-Castellón dicta un auto en el que levanta el secreto sobre la documentación incautada al comisario cuando fue detenido y de la que excluye una carpeta con las “supuestas funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que es información susceptible de “estar legalmente clasificada”.[8] El Estado tapa la mierda de la “Operación Cataluña” bajo la alfombra. Además, en el caso del robo del móvil a la asesora de Pablo Iglesias retira la condición de perjudicado a Iglesias. Un monumento a la cara dura.[9] García-Castellón no solo lo deja fuera, sino que aduce que ha cometido “injerencia política”. O sea, le roban el móvil a su colaboradora, las cloacas del Estado lo filtran a medios de comunicación basura y, cuando acude a los tribunales, estos protegen a los delincuentes.[10] Intenta convertir en acusado a Iglesias; al final un informe de la propia policía desmiente al juez. Se produce el despido por acoso del abogado de Podemos José Manuel Calvente, quien acusa a Podemos a partir solo de rumores. El juez Juan José Escalonilla inicia una causa general contra Podemos, talmente como el juez del número 13 de Barcelona contra el independentismo.[11] En octubre de 2020 el juez García-Castellón propone al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias. Más desfachatez es imposible.[12] En algunos casos, a medio-largo plazo la justicia restringe las acusaciones, pero pasa el tiempo suficiente como para dar lugar a muchísimos titulares.[13]

La campaña contra Podemos desde las cloacas empieza en 2015, pero vamos sabiendo más. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy mandaron a policías a Nueva York para hablar con un exministro de Chávez, Rafael Isea, para que afirmara que Podemos fue financiado con 7,1 millones de euros por el gobierno venezolano a través de la Fundación CEPS en 2008, cuando aún no existía Podemos. Los policías eran José Ángel Fuentes Gago, agregado de Interior en La Haya, y José Manuel García Catalán, a petición de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía Nacional. Las reuniones se realizaron en el ¡consulado español de Nueva York! Para ello prometieron a Isea repatriar a su familia a España y darle nueva identidad.^[14] Judicialmente las querellas contra Podemos no prosperaron, obviamente, pero el daño mediático fue brutal. Otro de los implicados fue el anteriormente citado Bonifacio Díez Sevillano, quien trabajaba para Eugenio Pino, que pretendía implicar a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón con el narcotráfico y la financiación ilegal.^[15] Hay que señalar que la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), en concreto Manuel Vázquez, por encargo también de Eugenio Pino, entregó la información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que en aquellos momentos dirigía Javier Zaragoza, el fiscal del caso contra los republicanos catalanes. Este se negó a abrir diligencias al ver la chapuza. Lo increíble del caso es que no realizara de oficio una denuncia contra policías que hacían trabajo sucio.^[16] El objetivo era impedir un gobierno PSOE-UP como afirmó Pedro Sánchez en su momento.^[17] Por fin en Madrid alguien de envergadura de Iñaki Gabilondo dijo lo que hay que decir, que esto no es un ataque a Podemos sino a la democracia: “Hemos perdido el sentido común democrático si permitimos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias, con elaboración de pruebas falsas incluido, se pueda diluir como una noticia más (...). No se me ocurre nada que pueda resultar más disolvente para la dignidad de un Estado de Derecho que la existencia de una mafia policial encargada de destruir a partidos políticos” y considera alarmante “la levedad de la respuesta del Gobierno y de los demás partidos”. Concluye su reflexión con una frase: “Todos unidos porque aquí solo hay un bando y Pablo Iglesias es de los nuestros”.^[18] Después supimos que una cámara enfocaba la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero y que mediante un enlace en Singapur permitía espiar a la pareja. Esto pasaba siendo Grande-Marlaska ministro del Interior.^[19] Al ver que UP entra en el gobierno, Villarejo afirma “que Dios nos coja confesados”. Más caradura imposible.[20] En un país con cultura democrática Grande-Marlaska habría presentado su dimisión.  

En Cataluña todo el mundo medianamente informado sabía de la existencia de un grupo policial mafioso instalado en la cúpula de Interior desde hacía muchos años. Se empieza por los republicanos catalanes... La pregunta más inquietante que cabe hacerse es: ¿cuántos votos ha perdido Podemos debido a la guerra sucia? ¿Han conseguido su objetivo las cloacas? Cuando en Público aparece en 2016 la grabación de una charla entre Jorge Fernández Díaz y Daniel de Alfonso de 2014, el ministro dice: “El presidente lo sabe”. El ministro fue recusado, pero no dimitió y Rajoy tampoco.

Ahora el tema ha reaparecido y algunos medios como El País parece que han descubierto el Mediterráneo. Ocho años después. En la comisión de investigación PP, Cs y PSOE impidieron la comparecencia de muchos de los máximos responsables. Que el PP impida investigar tiene su lógica, aunque sea perversa, ¿pero el PSOE, también? ¿Por qué? Cualquier respuesta es realmente chunga. El PSOE al final vota favorablemente las conclusiones porque, claro, fue también víctima en el tema del 11M y en el caso Faisán. Aunque el informe fue duro no se remitió a la Fiscalía, los grandes partidos no quisieron. ¡Viva la transparencia! Se destapan las cloacas, se investigan en sede parlamentaria, las conclusiones son claras y diáfanas, pero… no se hace nada. El TS consideró que no era “relevante” el contenido de las grabaciones.^[21] Con un par. Después hemos sabido que un juez investiga los 2.000 euros mensuales que se pagaban de los fondos reservados del Ministerio del Interior al chófer de Bárcenas para que lo espiara. Incluso hay recibos, algo increíble. Sucedió durante el gobierno Rajoy con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.^[22] Un fiscal a finales de 2020 afirma que tiene indicios de delitos contra Jorge Fernández Díaz y Dolores de Cospedal. Un genio de la investigación. Hay pruebas para poner en la cárcel a medio PP.[23] Ninguno ha ido a la cárcel, los jueces del Tribunal Supremo se encargan de ello, por eso no quieren renovar un CGPJ caducado desde hace cinco años. Y en febrero de 2024 el rey Felipe VI hace ahora una defensa cerrada de la judicatura. Claro. Estos quieren acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. El rey tendría que hablar por boca del gobierno no contra el gobierno. La separación de poderes es un requisito de una democracia, pero para ello es necesario que la cúpula de los jueces no sea de extrema derecha.

[1] Juan Carlos Monedero: La transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española. Libros de la Catarata. Madrid. 2017, pp. 167 y 268.

[2] Jaume Grau: Les clavegueres de l’estat. Guerra bruta i corrupció a Espanya. Catedral. Barcelona, 2018, p. 210.

[3] Ignacio Sánchez-Cuenca: La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana. Libros de la Catarata. Madrid, 2018, p. 139.

[4] La Vanguardia 6-4-2019.

[5] La República 30-3-2019.

[6] Patricia López, Público 7-5-2019.

[7] Patricia López, Público 25-4-2019.

[8] Pedro Águeda, eldiario.es 28-4-2020.

[9] Carlota Guindal, La Vanguardia 26-5-2020.

[10] Carlota Guindal, La Vanguardia 18-6-2020.

[11] José Carmona, Público 1-8-2020.

[12] Pedro Águeda, eldiario.es 7-10-2020.

[13] Fernando J. Pérez, El País 16-9-2020.

[14] José María Olmo, El Confidencial 3-4-2019.

[15] Carlota Guindal, La Vanguardia 15-4-2019.

[16] Carlota Guindal, La Vanguardia 7-4-2019.

[17] La Vanguardia 30-3-2019; Pedro Vallín, La Vanguardia 29-3-2019.

[18] Huffpost 2-4-2019.

[19] eldiario.es 8-4-2019.

[20] La Vanguardia 27-2-2020.

[21] Jaume Grau: op. cit., pp. 217-223.

[22] José M. Brunet, La Vanguardia 9-11-2018.

[23] Fernando J. Pérez y J. J. Gálvez El País 7-9-2020