“Si el Gobierno de Canarias va a realojar de urgencia a una familia en la casa de la que ha desahuciado a Rosario… ¿por qué la tapia?”
PAH Tenerife exige por escrito al Gobierno que, al menos, tramite las ocupaciones por juzgado administrativo como el resto de instituciones y no por lo penal para dejar al desahuciado con antecedentes
“Si el Gobierno de Canarias va a realojar de urgencia a una familia en la casa de la que ha desahuciado a Rosario… ¿por qué la tapia?”
PAH Tenerife exige por escrito al Gobierno que, al menos, tramite las ocupaciones por juzgado administrativo como el resto de instituciones y no por lo penal para dejar al desahuciado con antecedentes
SB-Noticias.- PAH Tenerife denuncia que la empresa pública de Viviendas del Gobierno de Canarias (Visocan) ha ordenado tapiar la vivienda pública de la que acaba de echar a Rosario. Este escándalo no sería novedad porque de las, por lo menos, 364 viviendas públicas de protección oficial que el Gobierno ha reconocido tener vacías, la mayoría están tapiadas.
Pero lo que cambia en este caso, explica Inma Évora, coordinadora de PAH Tenerife, “es que Visocan ha asegurando que echan a Rosario para meter “de urgencia” a otra familia con hijos, pero… si es cierto, ¿por qué la tapian como todas las demás si el realojo va a ser inmediato?”
Évora recuerda que en el mismo bloque de VPOs en Finca España del que acaban de echar a Rosario hay multitud de viviendas públicas vacías por lo que no había ninguna justificación para desahuciar a Rosario. “Estamos hartas de que el Gobierno de Canarias utilice a medios de comunicación, que consciente o subconscientemente ayudan a criminalizar la ocupación de viviendas vacías y, en este caso, públicas, cuando criminal es el Gobierno por dejar tantas casas sin gente y tanta gente sin casa”, explica Évora.
La coordinadora de PAH Tenerife recuerda que todas las administraciones públicas tramitan las ocupaciones por los juzgados de los contencioso-administrativo, nunca por lo penal para no dejar antecedentes, “todas… menos el Gobierno de Canarias y su Visocan que querían y quieren condenar a Rosario, y a otros casos, a quedarse tirada en la calle con una multa imposible de pagar, o condenarla directamente a pena de prisión por un crimen que comete el Gobierno con ella y no al contrario por lo que pido responsabilidad a los medios de comunicación para situar el debate en el contexto adecuado, que no se dejen engañar para no engañar a la ciudadanía”. La PAH Tenerife presentará un escrito al Gobierno de Canarias exigiéndole que no vuelva a tramitar una ocupación por un juzgado de lo penal.
Además, Évora recuerda que no es el único tipo de desahucios que realiza Visocan y que, si no hubiera sido por la presión de la PAH, de periodistas, medios de comunicación… no hubiera paralizado un desahucio programado en el juzgado, hasta ayer mismo, para el próximo día 13 por el impago de una ridícula cantidad de alquiler de una vivienda pública y social. Un procedimiento iniciado en 2013 pese a que la consejera del Viviendas del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, decretó en noviembre de 2012 que no se desahuciaría a nadie por motivos económicos.
La PAH Tenerife recuerda que el gerente de Visocan, según han publicado diferentes medios de comunicación, cobra un sueldo indecente que sólo recientemente bajo de los 100.000 euros y es el marido de la diputada nacional de CC, Ana Oramas, ex alcaldesa de La Laguna, dónde se ha producido hoy el indecente desahucio sin que ni el alcalde, ni ninguno de los concejales de La Laguna, se hayan dignado a acudir.
“Han demostrando que no están ahí para defender al ciudadano sino para defender el cinismo y la hipocresía de un Gobierno, de su mismo color político (CC-PSOE) tan neoliberal como el PP”. Un Gobierno que “presume de un proyecto de Ley contra los desahucios, que nosotras le propusimos aunque no cuentan con nosotras para elaborarlo, y con la otra mano, siguen desahuciando a familias de viviendas públicas”.
PAH Tenerife ha solicitado, por escrito, al Gobierno de canarias, en varias ocasiones, que active un protocolo de emergencia para casos de extrema necesidad dentro del contexto de la actual estafa llamada crisis, aún sin respuesta.