Este 26 de julio fueron presentadas alegaciones al Diputado del Común ante el Informe de la Consejería de Sanidad que intenta ocultar la realidad asistencial en nuestras islas.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, considera que dicho Informe es incompatible con hechos probados como el cierre, iniciado en el verano de 2011, de camas hospitalarias públicas, el cierre de quirófanos de tarde que comenzó a aplicarse en octubre de 2011 y la reducción de plantillas en unos 1000 efectivos en lo que va de 2012. Ahora en este verano, de nuevo se cierran plantas y camas hospitalarias; se cierran quirófanos de jornadas de mañana porque las de tarde ya llevan meses, tanto centrales como de cirugía mayor ambulatoria, cirugía oftalmológica;  se suspenden tratamientos como la bomba de cobalto y la reproducción in vitro. También se suspende la hospitalización domiciliaria y en atención primaria se procede al cierre de consultas de tarde en los consultorios periféricos. Todo ello expresión de las decisiones de la Consejería de Sanidad que atentan contra el derecho a la asistencia sanitaria de la población canaria.

Así mismo, ha continuado la relegación de los hospitales comarcales públicos del Norte y el Sur de Tenerifegarantizando con ello la derivación de los pacientes a los centros privados a los que se sigue destinando, en este año 2012, unos 200 millones de euros. Estos centros son un auténtico peligro dada su notable incidencia de impericia médica, incluso con resultados de muerte, a los que también contribuyen los infradotados recursos públicos de atención primaria y especializada extrahospitalaria en las comarcas sur y norte de Tenerife. Por eso es una reivindicación histórica de sus poblaciones la construcción urgente de auténticos hospitales comarcales públicos de alta resolución. Esas dotaciones de carácter público se precisan también en la isla de Gran Canaria de modo que la asistencia sanitaria se haga con recursos públicos y no mediante centros concertados, conforme al mandato de la Constitución que consagra la sanidad como servicio público.

Resulta increíble que, como se sostiene en el "Informe", la demanda de atención urgente hospitalaria en atención especializada haya disminuido, ya que hay una enorme lista de espera en atención especializada ambulatoria que obliga a una gran derivación de pacientes a los hospitales. Además algunos especialistas ambulatorios no atienden urgencias.  Por otro lado, para disminuir la demanda y las esperas se han puesto en marcha las consultas on-line, de escasa eficacia.

La realidad es que las gerencias de Atención Especializada y de Atención Primaria están dando instrucciones  para no apuntar a nadie en las listas de espera o no pedir pruebas diagnósticas para ahorrar costes. En la lista de espera quirúrgica se espera a tener realizada la pre-anestesia para la inclusión efectiva de los pacientes en la misma acortando falsamente el tiempo de espera.

En el "Informe" se habla de "aumento de la hospitalización domiciliaria y de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)", ¿no será que confunden una implantación inicial, escasa, con aumento notorio?. ¿Y cómo deshacer la confusión, si por el oscurantismo de la Consejería no podemos acceder a datos fehacientes y contrastables?, debiendo conformarnos con los que inevitablemente acaban siendo revelados por algunas fuentes "indiscretas" que nos cuentan, por ejemplo, que el cierre de los cuatro quirófanos centrales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de Tenerife, entre julio y octubre, supondrá que se retrasen unas 800 intervenciones quirúrgicas (habitualmente se realiza una media de tres intervenciones diarias en cada quirófano, al menos 22 días al mes). A esta cifra habría que sumarle las cinco intervenciones diarias que se dejarán de hacer en los tres quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), que permanecerán cerrados en agosto; así como las dos diarias que no se harán en el quirófano de la Unidad Oftalmológica (UCO), que no estará operativo hasta el mes de septiembre.

Ello repercute directamente en el aumento de las listas de espera. Es cierto que todos los años se hacen ajustes de camas y servicios, pero como este año, jamás se habían producido. Son casi el doble de los habidos anteriormente. ¿Acaso es que hay menos enfermos? Claro que no, ya que las listas de espera están a tope. ¿Entonces a qué se debe esto?. Esta supuesta reestructuración produce una sobrecarga más sobre el personalviéndose el mismo desbordado en el desarrollo de su actividad profesional, lo cual debe ser responsabilidad directa de los gestores sanitarios, pudiendo tratarse incluso de actitudes negligentes por no garantizar el desarrollo de la actividad laboral en unas mínimas condiciones para la calidad de la asistencia sanitaria.

La población no se pone menos enferma en verano y es falso que el rendimiento de urgencias baje, es más, no para de crecer. La clave de estos cierres radica en que han dejado a la sanidad sin dinero suficiente, lo cual, además de una grave irresponsabilidad,  constituye un posible delito contra el Art. 542 del Código Penal que castiga a las autoridades y funcionarios públicos que “impidan” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos” como el de la salud, u otros delitos, de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios en los términos definidos en el Art. 196 del Código Penal.

Por eso van aumentando, lenta pero inexorablemente, las denuncias de l@s usuari@s en nuestra web (www.denunciatucaso.org). Cuando reunamos un número suficiente de denuncias las presentaremos en bloque ante varias instancias, incluyendo la posibilidad de que el conjunto de casos pueda dar origen a una denuncia en la Fiscalía Superior de Canarias o a una Iniciativa Penal Popular ante el correspondiente juzgado. En estos dos últimos supuestos nos dirigiremos al mayor número posible de usuari@s de la sanidad pública para que aporten su firma.

En Canarias a 27 de julio de 2012

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias