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viernes, 30 de septiembre de 2022 00:00h.

ANC considera abusivo el precio de los certificados de residencia en Las Palmas de Gran Canaria


Según Alternativa Nacionalista Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria practica un abuso constante con sus vecinos, quedando a la cola en servicios a la ciudadanía y en primer puesto en cuanto a costos.

ANC considera abusivo el precio de los certificados de residencia en Las Palmas de Gran Canaria

Según Alternativa Nacionalista Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria practica un abuso constante con sus vecinos, quedando a la cola en servicios a la ciudadanía y en primer puesto en cuanto a costos.

Para ANC es aberrante que el consistorio capitalino se felicite por haber reducido la media de tiempo de atención de una hora a los  33 minutos de estos últimos días, en la tramitación presencial de los certificados para viajes, de obligado cumplimiento según la nueva legislación creada por el gobierno español del PP y con vigencia a partir del 1 de septiembre. Máxime, cuando se habla de un sistema de solicitud previa que hace presenciarse a los ciudadanos dos veces, en dos días consecutivos, para adquirir dicha certificación y con el mayor coste del Archipiélago: 6,22 euros.

Desde ANC se recuerda a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria que en un Pleno de abril se acordó facilitar dicho trámite a través de internet, abaratando así costes, como se hace en el ayuntamiento de Telde, donde se cobran los certificados a 1,35 euros o Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, donde la tramitación por esta vía es totalmente gratuita. Pero en Las Palmas de Gran Canaria, varios meses después de aprobado, aun no está funcionando.

Por todo ello, la organización canaria de izquierdas denuncia los afanes recaudatorios del gobierno municipal del PP y recuerda tanto a estos como a todos los ciudadanos, y en especial a los vecinos de Las Palmas de G.C., que el descuento de residentes es un derecho de todos las personas empadronadas en Canarias, y no sólo de los que puedan pagar la tasa que imponga un ayuntamiento, en una actitud poco considerada hacia los residentes en el municipio más poblado del Archipiélago y totalmente discriminatoria e injusta con aquellas personas que no disponen de recursos para acometer las brutales tasas que imponen las distintas administraciones.