La Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora Avance Social considera indignante que se haya especulado con el dinero público de las viviendas sociales, de los vecinos con  menos recursos, sometidos a recibos de alquiler sangrantes y a un sistema de cobros despiadado.

 Los máximos responsables de este negocio especulativo, de las pérdidas de más de un millón de euros, y sus consecuencias sobre el empleo en la Empresa VISOCAN, sometida a un ERE, son la Consejera de Vivienda, Inés Rojas, y el Consejero de Hacienda que lo autorizó, en 2010, José Manuel Soria, hoy, Ministro de Industria.

 La Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora Avance Social viene informando  a la Consejería de los problemas que sufren los vecinos de las urbanizaciones de promoción pública entregadas a finales de los 90, reclamando respuestas sociales a los mismos: los alquileres excesivamente altos (los máximos que permite la Ley (5,5% del precio de venta, en lugar del 3% que se aplican en otras Comunidades Autónomas con salarios más elevados que los de Canarias que son, por cierto, los más bajos del Estado), sistema de cobro poco ágil con los cambios de situación económica de los adjudicatarios de las viviendas de titularidad pública, que no tiene en cuenta situaciones de temporalidad, precariedad, paro, enfermedades, situaciones familiares, un sistema de cobro despiadado cuando se producen impagos de los recibos, planteando desahucios, o soluciones a los mismos que sólo han servido para empobrecer aún más a las familias.

 La Coordinadora viene planteando, con el proceso de entrega de firmas recogida en cada casa, actualmente en marcha,  la necesidad de que las familias puedan acceder a unas viviendas que llevan pagando 14 años, habiendo superado ya el valor inicial de la vivienda, con las subvenciones previstas en decretos anteriores, fruto de la Iniciativa Legislativa Popular, que se presentó con el apoyo y  la lucha de decenas de miles de familias canarias.

 La Coordinadora que llevó el proceso de la ILP – la primera de España -  y la defendió en el Parlamento de Canarias no entendía las dificultades y las pegas que ponía la Consejería de Vivienda para que estas últimas urbanizaciones pudieran acogerse a los decretos de acceso a la propiedad como lo habían hecho las de los anteriores Planes de Vivienda I y II (1988-1991 y 1992-1995), desde que se publicó la Ley, fruto de la Iniciativa Legislativa Popular.

 La denuncia realizada, estos días, por los trabajadores, sometidos a un ERE, como consecuencia de la supuesta crisis que muchos llamamos estafa, ponía luz en este asunto: el dinero público, el dinero del alquiler que con tantos sacrificios pagaban los vecinos de las viviendas sociales y también, el dinero de los que habían comprado su vivienda a VISOCAN, mediante hipoteca, había servido para especular con productos bancarios de alto riesgo, contratados con tres entidades financieras – Merril Lynch, Société Générale y Banco de Santander. Este negocio especulativo ha supuesto una pérdida de más de un millón de euros para VISOCAN, para los trabajadores de Canarias, adjudicatarios y empleados públicos, en ese interminable proceso de saqueo a  la clase trabajadora del que se lucra una minoría sin escrúpulos. 

 La Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora Avance Social  brinda todo su apoyo a todos  los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma que están sufriendo recortes salariales y pérdidas de empleo, cuya cuantía se acerca bastante a las pérdidas por estos negocios financieros especulativos con dinero público, lo que es una auténtica vergüenza.

 La Coordinadora seguirá adelante, apoyando, a los vecinos de las Urbanizaciones Sociales, en su lucha por el acceso a las viviendas, después de 14 años de auténtico calvario, como ha venido haciéndolo hasta ahora, pero con más razón, y por lo tanto, de forma mucho más intensa.

 La Junta Directiva de la Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora, Avance Social