CANARIAS: El Ayuntamiento de Granadilla (CC): sin piedad contra una familia precaria con hija discapacitada El Consistorio pretende dejarla en la calle con amenaza de multa de hasta 600.000 euros ARCAN
CANARIAS:
El Ayuntamiento de Granadilla (CC): sin piedad contra una familia precaria con hija discapacitada
El Consistorio pretende dejarla en la calle con amenaza de multa de hasta 600.000 euros
ARCAN
Una familia con escasos recursos económicos del municipio de Granadilla de Abona se enfrenta a una situación extrema tras recibir un requerimiento del Ayuntamiento para que retire, en un plazo de pocos días, una vivienda modular portátil que la familia ha comprado e instalado en una finca como solución habitacional extrema. Urbanismo Municipal amenaza a la familia con una multa que oscila entre 150.000 y 600.000 euros.
La unidad familiar está compuesta por un matrimonio y su hija de 19 años. La hija sufre una discapacidad reconocida del 70%, la madre necesita dormir conectada a un respirador eléctrico por problemas de salud. Desahuciados de una vivienda, el Ayuntamiento no ofrece alternativa alguna, con bajos ingresos tampoco encuentran en el mercado libre, y sin más alternativa se endeudan para comprar la caseta modular, empujados por la necesidad de garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad y cuidados para una persona con discapacidad. La caseta se transporta íntegra en un camión, está soportada sobre varios ladrillos elevados y no requiere de actuación de albañilería alguna, como así parecieron confirmar agentes del Seprona de la Guardia Civil que acudieron a la finca.
La familia se instala en la finca con el permiso expreso del encargado de la misma, una persona que lleva años residiendo de forma continuada en el lugar, que se hace cargo de suministros básicos como el agua y cuya presencia prolongada generó una apariencia razonable de legitimidad, actuando la familia en todo momento de buena fe y por pura necesidad. El propietario de la finca no aparece ni se sabe nada desde hace bastantes años.
Pese a este contexto, el Ayuntamiento actúa por iniciativa propia desde una lógica de disciplina urbanística, sin ofrecer alternativa habitacional alguna y sin que conste hasta el momento una intervención social previa adecuada que valore el impacto humano, sanitario y social que tendría la retirada forzosa de la vivienda o la ejecución de medidas sancionadoras con semejante cuantía.
Ante esta situación desesperada, la familia acudió en días pasados a pedir ayuda a ARCAN, y entre el jueves 22 y el viernes 23 ha presentado recurso administrativo ante el área de Urbanismo, solicitando la suspensión de cualquier actuación, y ha activado formalmente la intermediación del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), así como la intervención del Diputado del Común, al considerar que la actuación municipal puede estar vulnerando derechos fundamentales y principios básicos de proporcionalidad y protección social. También se ha informado de la situación a la anterior alcaldesa Jennifer Miranda (PSOE).
Conviene recordar al Ayuntamiento de Granadilla (CC) que los poderes públicos están obligados a proteger de forma reforzada a las personas con discapacidad, tal y como establecen la Constitución Española y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que no pueden aplicar la normativa urbanística de manera automática y deshumanizada, sin la más mínima piedad o empatía, ignorando situaciones de exclusión residencial extrema.
El caso vuelve a poner de manifiesto una realidad cada vez más habitual en Canarias: la persecución o criminalización de la pobreza (aporofobia) por las propias administraciones, con familias empujadas a soluciones límite por la ausencia de políticas públicas de vivienda eficaces, teniendo que salvar también el acoso administrativo y la persecución legal de las administraciones, como vemos en este caso.
Si el Ayuntamiento de Granadilla persiste en esta vía sin ofrecer una solución habitacional digna y urgente, entendemos en ARCAN que estará escalando el conflicto renunciando a sus obligaciones de protección de los derechos básicos, la dignidad humana y la protección de una persona con discapacidad.