Si el solo hecho de que en Canarias  no aumente el número de parados resulta un dato positivo, la bajada del desempleo tal como constata la EPA, resulta una circunstancia social relevantemente trascendente. Pero, eso sí, este hecho  en el caso  de valorarlo aisladamente del conjunto puede convertirse en un espejismo que llevará en los próximos meses a una nueva frustración ante la negativa realidad económica y laboral del País Canario.

Los puestos de trabajo creados durante el segundo trimestre del presente año, continúan teniendo el carácter de extremadamente precarios y de corta duración, generándose en un contexto puntual y estacional que, de seguro, nos llevará a los mismos e indeseables niveles históricos de población desempleada.

Esto lo afirmamos en razón a no haberse producido ningún cambio sensible en la estructura económica global en las Islas, al no constatar creación de empleo en el conjunto de los servicios públicos, al mantenerse la escasa voluntad empresarial de inversión en objetivos sociales, y a la carencia de iniciativas gubernamentales acompañadas de partidas económicas destinadas a la actividad laboral. Todo lo anterior, en directa relación con el injusto reparto de la riqueza que reiteradamente hemos venido denunciando.

De cualquiera de las maneras, más allá de la creación momentánea de empleo, hay que seguir resaltando y recordando a los gobiernos español y canario que Canarias acumula un nivel de desempleados que supera en 8 puntos la media española (30% frente al 22), pero además ocupa en vagón de cola en cuanto a la calidad del puesto de trabajo. Ningún gobierno, independientemente de su color político ha logrado modificar estos negros indicadores que continúan segregando a los canarios frente a los trabajadores del contexto político español y europeo que nos lleva a tener porcentualmente en desempleados 4 puntos más que Grecia.

Finalmente, en relación con la histórica controversia de la deficientísima inversión del Estado en Canarias, sería de interés desvelar los datos celosamente guardados por el gobierno español  relativos a las inversiones netas que España realiza en Canarias, pero también y sobre todo, los beneficios extraídos de las islas que tributan directamente en Madrid, así como los movimientos de transacciones de la economía sumergida y fraude fiscal que continúan actuando a su libre albedrío en el Archipiélago, también en grave detrimento de los trabajadores.