Canarias Decide propone un proyecto de ley que detenga los procesos de ejecución de desahucios de viviendas en propiedad y en régimen de alquiler social

• La plataforma de IUC-Los Verdes apoya la concentración convocada para mañana por la Red de Solidaridad Popular y la AV Ciudad del Campo

   

• Con la nueva ley propuesta, las viviendas sociales quedarían libres de carga

Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Canarias Decide ha incluido en su programa municipal y autonómico una batería de ideas y medidas para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, como recoge el artículo 47 de la Constitución española.

Esta mañana vecinos de Ciudad del Campo y la Red de Solidaridad Popular se concentraron a las puertas de la consejería de Vivienda para pedir la anulación del expediente de desahucio a una familia del barrio que no puede hacer frente a la cuota de alquiler social por falta de ingresos. La orden que se cumplirá el próximo jueves 21 de mayo amenaza con dejar en la calle a Verónica Ramos con cinco hijos a su cargo y un nieto.

Alrededor de 200 familias de Ciudad del Campo viven en régimen de alquiler con derecho a compra en viviendas sociales de VISOCAN. Estos bloques de viviendas no cuentan con infraestructuras de tipo alguno. No hay parques, ni supermercados, ni local social y la Asociación de Vecinos se reúne en un garaje por falta de un lugar que el ayuntamiento de LPGC ha prometido pero que no ha cumplido. En una reunión que mantuvo el presidente de la AV, Kemo Camara, con el concejal Ángel Sabroso, éste se comprometió a facilitarles un local social y a expropiar un solar para crear algunas infraestructuras, “pero nos tememos que después de las elecciones estas promesas no se cumplan”, explica Camara.

“Llevamos más de 4 años viviendo en esta situación; estas viviendas fueron construidas por Lopesan y tanto el ayuntamiento como la constructora no hacen caso a nuestras reivindicaciones, las mínimas para vivir con dignidad. Y si a esto le sumamos los expedientes de desahucios, el derecho a la vivienda de cualquier ciudadano no se cumple por parte de las administraciones”, agrega el presidente de la AV de Ciudad del Campo.

Para Canarias Decide el derecho a la vivienda ha quedado al arbitrio de las entidades financieras. Para la unión de partidos es prioritario establecer un alquiler social moderado para todas las viviendas públicas y estudiar aquellos casos en los que la falta de ingresos haga inviable los pagos de alquiler. En situaciones de expedientes de embargo, el arrendatario tendrá el derecho de continuar en la vivienda y pagar un alquiler acorde con sus ingresos mientras dure la situación de desempleo.

Además, la plataforma de IUC-Los Verdes ve necesario que las instituciones financieras nacionalizadas suspendan todos los procedimientos de embargo y desahucio sobre viviendas que sean residencia habitual de personas en situación de desempleo o de cese de actividades en el caso de pequeños empresarios y autónomos. La banca ha de tener en cuenta aquellas iniciativas de cooperativas de propiedad en usufructo.

Para los candidatos y candidatas municipales y autonómicos, la actitud de la banca ha demostrado que dejar el derecho de la vivienda al arbitrio del mercado, no supone una actividad económica sostenible ni generadora de trabajo estable, sino que es un negocio especulativo y depredador. En este sentido, “estamos dispuestos a elaborar planes de viviendas que aparte de recoger el diagnóstico del estado de las mismas en los municipios, sepamos si están deshabitadas, necesitan ser rehabilitadas o son infra-viviendas. Para la deshabitadas en manos de la banca proponemos aplicar un IBI superior y aquellas que son viviendas sociales quedarían libres de carga”, explica Vicente Quintana, cabeza de lista para el ayuntamiento de LPGC, y portavoz de los trece candidatos de Canarias Decide que presentan candidatura en Gran Canaria