CC y el PSC evitan que el Gobierno de Canarias comprometa la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales

Carmen Hernández critica que los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico hayan pensado más en los intereses de sus partidos que en el de los ciudadanos que peor lo pasan

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias, CC y PSC, votaron en contra del punto cuarto de una PNL presentada por Nueva Canarias, punto que recogía que se instase al Ejecutivo autonómico a que incremente la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para evitar el desmantelamiento progresivo de los servicios sociales municipales.

La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, criticó que los grupos que apoyan al Gobierno hayan votado más siguiendo los criterios de sus  partidos que pensando en los ciudadanos que peor lo están pasando, puesto que no hay que olvidar que el Plan Concertado tiene entre sus objetivos fundamentales garantizar los servicios sociales básicos a toda la población, construir y consolidar una red pública de equipamientos desde la que prestar estos servicios y cooperar con las corporaciones locales para que puedan afrontar sus competencias en esta materia.

También recordó que las prestaciones básicas de servicios sociales abarcan asuntos tan fundamentales como la información y orientación a los ciudadanos, la ayuda a domicilio y apoyos a la unidad de convivencia, el alojamiento alternativo(albergues y centros de acogida) y la prevención e inserción social, siendo ésta un elemento esencial para evitar factores que generen condiciones de marginación y exclusión social.

Partidismo

“Han dejado a sus ayuntamientos al pie de los caballos” y no han escuchado a las organizaciones sociales que reclaman que no se cierren servicios por los recortes en la financiación del Plan Concertado. En este punto subrayó que el Gobierno de Mariano Rajoy ha disminuido la cuantía para todo el Estado en 37 millones de euros, y en el caso de Canarias en 1,6 millones de euros, pasando de 3,7 millones en 2011 a 2,1 en 2012. Por esta razón uno de los puntos de su PNL instaba al Ejecutivo canario a que exigiera a Madrid que se mantuviera la misma partida que el año anterior, punto que fue rechazado por los diputados del Partido Popular.

Carmen Hernández advirtió además de que el cierre de servicios por parte de las corporaciones locales supondrá que muchos trabajadores se queden sin empleo y lo peor, muchas personas desatendidas, como ancianos, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, etc.

Insensibilidad

El recorte supone una falta de sensibilidad absoluta hacia las personas más vulnerables y una falta de lealtad hacia los ayuntamientos, porque al final serán los ayuntamientos quienes seguirán recibiendo las demandas de las personas que pasan por especiales dificultades.

El resultado final es que la PNL fue aprobada en su totalidad con la excepción del punto cuarto, anteriormente explicado. En consecuencia no existirá compromiso financiero por parte del Gobierno de Canarias para hacer frente a la demanda de ayudas, una demanda que se ha incrementado sensiblemente dado que el paro alcanza ya a 362.300 personas (EPA 1º trimestre 2012) de las que 120.570 no reciben ningún tipo de prestación; y la tasa de riesgo de pobreza se encuentra en el 31,1%, afectando a 650.000 habitantes del Archipiélago, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2010 del INE. Algo que la diputada nacionalista considera una irresponsabilidad.

Precisamente los alarmantes datos de paro y pobreza del Archipiélago, que reflejan una situación de emergencia social, sirvieron a Nueva Canarias de argumento para solicitar en su PNL que desde el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales se realice un cambio en los criterios de distribución territorial  de los fondos del Plan Concertado para que se de preferencia a aquellas comunidades con mayores  nivel de pobreza y exclusión social, además de la tasa de paro.