CCOO insta a la Consejería de Educación canaria a presentar recurso de inconstitucionalidad contra recortes en educación

 Ante la intervención del Consejero de Educación, D. José Miguel Pérez, en la mesa sectorial de educación del pasado martes, 19 de junio, CCOO. insiste en que el Gobierno canario no tiene excusas para eludir su responsabilidad planteando el necesario recurso de inconstitucionalidad al RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

 Canarias, a 21 de junio de 2012

 Aunque el panorama que dibujó el Consejero de Educación del Gobierno de Canarias es bastante desalentador, lo que muestra la mala administración desarrollada por nuestros pasados y presentes gestores públicos, describiendo una situación que se asemeja a la de “intervención” de la comunidad autónoma de Canarias por la “troika española”, constituida por la banca, la patronal y, principalmente, el gobierno central, desde CCOO. entendemos que hay otras maneras de hacer las cosas, que la eficiencia y sostenibilidad del sistema no pueden alcanzarse única y exclusivamente con recortes y ajustes, pues estos suponen la pérdida de la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

 La aplicación del RDL 14/2012, trae una serie de consecuencias negativas para un sistema educativo, el canario, que presenta desde hace años claras desventajas respecto al de restos de comunidades autónomas. No se pueden aplicar las mismas medidas a sistemas desiguales, con puntos de partidas muy alejados los unos de los otros. Haciendo un breve repaso por algunos de los aspectos que sustentan nuestro sistema educativo, que se pueden ver agravados con las medidas que pretende implementar la Consejería de Educación en cumplimiento, afirman, del RDL 14/2012, observamos las siguientes consecuencias:

• Canarias, con 12,8 alumnos por docente, cuenta con una ratio superior al de la media del Estado (11,4 alumnos/as por docente). Por lo que el aumento del 20% en las ratios supone la masificación de los grupos, que afecta directamente al modo de enseñanza y a la atención a la diversidad.

• El aumento de la carga docente del profesorado de 18 a 20 horas en Secundaria y hasta 25 en Primaria,supone la disminución de docentes (en torno a 1500) en unas plantillas ya muy ajustadas (recordamos que Canarias respecto a comunidades que poseen una población similar y el número de alumnos casi idénticos, posee en torno a 6500 profesores menos e invierte unos 600 millones de euros menos que en esas comunidades autónomas) y repercute cualitativamente en otras tareas educativas como la tutoría o la coordinación o el desarrollo de proyectos educativos.

• La disminución de las opciones de Bachillerato es una medida inaplicable en las islas no capitalinas y en muchos contextos de las capitalinas. Supone el desplazamiento del alumnado que para realizar un curso tenga que acudir a dos centros diferentes, la movilidad del profesorado y repercusiones organizativas en los centros y en el sistema.

• El que la cobertura de las sustituciones se realicen a partir de los diez días hábiles, o lo que es lo mismo, quince días naturales, es algo que ya se viene haciendo en Canarias, cuestión que ha sido fuente de conflicto pues no se trata sólo de que el alumno esté atendido o cuidado sino que ha de recibir las enseñanzas que se correspondan con su nivel educativo.

• El retraso en la implantación de las medidas de ordenación de la formación profesional supondría una vuelta atrás ya que se están impartiendo 79 ciclos formativos de 2.000 horas, esto generaría consecuencias negativas tanto para la FP, como para los sectores económicos afectados. Ya hemos sufrido en años anteriores una disminución importante de la oferta pública de FP.

• El brutal aumento de las tasas universitarias añadido a las dificultades para acceder a una beca, frena el acceso de nuestra juventud a estudios superiores, poniendo trabas económicas importantes a las familias. Hay que tener en cuenta que Canarias es una de las comunidades más afectadas por el paro, donde existe unas 700000 personas en el umbral de la pobreza.

A todas las anteriores debemos añadir otras medidas de recortes en educación que merman de manera importante la calidad educativa y rompen directamente con los criterios de equidad así como con los principios de solidaridad e igualdad. Desaparición de la “medida de calidad” de Acogida Temprana, disminución y empeoramiento del servicio de transporte escolar, drástica disminución de la gratuidad de libros de texto, la desaparición de subvenciones y ayudas a las AMPAS y Asociaciones de Alumnos, la alarmante disminución de medidas de atención a la diversidad, etc.

 No obstante, resulta interesante observar como de los servicios que ha ido prestando el Estado desde la entrada de la democracia se ha mejorado muchísimo en carreteras, autopistas, aeropuertos, trenes de alta velocidad, incluso con la creación de grandes y suntuoso centros culturales y deportivos o grandes medios de comunicación o redes sociales, majestuosas obras, boom inmobiliarios, etc. Sin embargo con la Educación no se ha conseguido un crecimiento igual. Se ha crecido y mejorado pero no existe punto de comparación con los servicios mencionados ni con otros que, aunque no se han mencionado, son evidentes sus progresos.

 Por tanto, en la época de crisis en la que vivimos, la Educación debe mejorar, acometer las medidas necesarias para ponerse a la altura de esos otros servicios que han copado grandes y millonarios presupuestos del Estado. La Educación no puede seguir siendo la cenicienta para ayudar a mantener el status de otros sectores económicos o, incluso, como ocurre en el momento actual, de salvar a los especuladores y devoradores de la economía de los países que atraviesan problemas en sus balanzas económicas. Preocupados en este quehacer no importa dejar atrás elementos constitucionales tan importantes como el principio de igualdad, que considera a la educación como un derecho prestacional que los poderes públicos están obligados a garantizar, proteger y potenciar para que todos los ciudadanos lo reciban por igual, que se garantice el derecho de elección, la libertad para enseñar y para aprender en un marco de igualdad ya no sólo autonómico o nacional sino también, como mínimo, europeísta.

 Las medidas que se han ido adoptando por parte del gobierno estatal y autonómico a lo largo de los últimos cuatro años han tenido un objetivo claro: apagar la negociación, debilitar a los sindicatos y agentes sociales, aumentar la clase baja y disminuir la media. En síntesis, poner bajo mínimos el estado de bienestar y la cohesión social, preconizados en nuestro texto constitucional, y en jaque el sistema educativo.

 Debemos recordar que nuestra Constitución ha contemplado el decreto-ley como un instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual, siempre que su utilización se realice bajo ciertas cautelas.

• No debe afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I de la C.E.
• No debe afectar al régimen de la Comunidades Autónomas.
• No debe afectar al derecho electoral general.
• Debe ser ratificado sólo por el Congreso de los Diputados.
• Debe ser sometido a debate y votación de la totalidad del Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación para ser convalidados o derogados, mediante un procedimiento especial y sumario.
• No puede ser utilizado por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

CCOO. entiende que el Gobierno del Estado se excede en la utilización que, casi constantemente, esta haciendo de los reales decreto-ley, siendo el aquí debatido uno más de los que están ya suponiendo una buena lista.

 En el presente real decreto-ley se afecta a derechos y libertades del Título I de la Constitución pues las medidas que propone crea clara desigualdad entre los españoles y entre éstos y los ciudadanos de los estados miembros más avanzados, desigualdad que con el mismo se hará más patente pues nos aboca a un grave retroceso en la calidad de la Educación, menoscabándose el contenido del artículo 27 de la Constitución en toda su extensión e impide el desarrollo del artículo 28  al cerrar el paso a la negociación de aspectos esenciales del Estado de bienestar, dañando la cohesión social. Es, por tanto, un ataque frontal al Titulo I de la Constitución que sólo puede ser combatido con un recurso de inconstitucionalidad.

 Por otro lado, el real decreto-ley dice que cumple con el hecho de que no se acomete la modificación de ningún precepto legal que se encuentre expresamente calificado como orgánico por la disposición final séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Sin embargo, de su articulado puede apreciarse que atentan con normas reguladas por Ley Orgánica y, en el caso de las Universidades, ni siquiera ignora tal hecho pues en el propio inicio del articulado menciona esa modificación de la Ley Orgánica.

 Igualmente impide este real decreto-ley el desarrollo normativo que tiene reconocido la Comunidad Autónoma de Canarias debido a las competencias que tiene otorgada en Educación, afectando claramente al régimen de Canarias.

 Por tanto, es necesario que el Gobierno de Canarias se posicione frontalmente frente a las pretensiones del Gobierno central de imponer su ideología política fundamentada en su poder parlamentario y autonómico, utilizando todos los medios legales a su alcance, incluyendo medidas cautelares, para evitar que Canarias, que viene adoptando medidas restrictivas en materia educativa desde mucho antes que el resto del Estado, se vea desmantelada de aquellos logros educativos que con tanto esfuerzo la sociedad canaria ha conseguido y que ve como, sin luces ni taquígrafos, le están esquilmando con total aquiescencia de sus mandatarios políticos.

 Por tanto, procede que por el Gobierno de Canarias se proceda a impugnar ante el Tribunal Constitucional dicho real decreto-ley y cuantos más pudieran afectar a la Educación en Canarias, invitando a dicho combate jurídico a todos los entes sociales implicados para conseguir, entre todos, frenar este brutal ataque a una de las bases fundamentales del crecimiento y cohesión social, pues se hipotecaría el futuro de nuestros jóvenes. De no ser así, quedaría patente la connivencia de nuestros gobernantes con las medidas que se pretenden imponer a los canarios desde el Estado al no ofrecerse desde el Gobierno autonómico una resistencia jurídica que se hace no sólo necesaria sino imprescindible o, como se señala en el propio real decreto-ley, “de urgente y extraordinaria necesidad.”

 CCOO. llama a la unidad de todo el pueblo canario para defender el sistema público educativo, exige a la Consejería de Educación la inmediata convocatoria de una mesa de diálogo con todos los representantes de la comunidad educativa para rechazar cualquier recorte que se pretenda en educación y luchar juntos para salvaguardar este bien tan preciado, la educación pública.