co.bas Canarias denuncia la política de privatización de la Consejería de Educación del Gobierno canario

·         La Secretaría General Técnica realiza desde el comienzo del curso escolar numerosos traslados forzosos en condiciones claramente adversas para los trabajadores e incumpliendo la normativa a la hora de comunicarlos.

 ·         Blanca Méndez anima a los directores de los centros, ante las quejas por la no sustitución del personal de comedores, a la privatización de los servicios.

 Menos de dos meses después del arranque del curso escolar 2014-15, co.bas Canarias se ve obligada a denunciar la política de privatización de servicios públicos que está llevando a cabo la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario. La privatización comenzó con el servicio de limpieza y continuó con el de mantenimiento, aprovechando la jubilación o incapacitación de cualquier trabajador.

 Igual suerte corrieron diversas plazas de maestro de taller, trasladando la Consejería a un personal de centro, reduciéndole la jornada y colocando en su lugar a operarios de la empresa privada. A comienzos del presente ejercicio escolar también fueron víctimas de esta práctica los auxiliares educativos, concretamente tres plaza del CEE Marente y seis en aulas enclave de diferentes centros, todos ellos sin previa negociación con el Comité de Empresa y dándoles a los afectados  plazos de una hora para que eligieran un nuevo destino. También han sido objeto de privatización las cocinas de los centros educativos, sacrificando la calidad de la comida y del servicio que prestan los trabajadores públicos en los mismos.

 Una de las privatizaciones más sangrantes se produjo en los primeros días del curso, cuando la Consejería esgrimió razones de necesidad en centros con aumento de alumnos de cuota cero para privatizar los puestos de un total de 21 trabajadores auxiliares de servicios complementarios de los CEIP Iberia y CEIP Alcaravaneras. La realidad es que la mayoría de los trabajadores han sido recolocadas en centros donde los alumnos de cuota cero no han aumentado. 

 Muchos de los traslados se ejecutan sin tener en cuenta la antigüedad ni la conciliación de la vida familiar, moviendo personal de un centro a otro, dejando al de origen sin sus trabajadores. Así mismo, se envía a muchos kilómetros de distancia a personas con jornada laboral de 3 horas, por lo que algunas se han visto obligadas a renunciar a sus puestos de trabajo.

Pero lo más sangrante de esta política privatizadora y sin sentido de esta Consejería es que los usuarios sufren una merma en la atención y, el personal laboral está al límite; se incumplen las ratios establecidas constantemente y falta personal, lo que va en detrimento de la calidad de los servicios públicos y añade sobrecarga continua al personal.

 Hablamos de “negligencia y de irresponsabilidad”, según entiende co,bas,  cuando un comedor al que le corresponden nueve auxiliares de Servicios Complementarios, abre sus puertas con sólo cuatro, o cuando sólo hay  una auxiliar de servicios complementarios atendiendo a 70 alumnos.  

Incluso la secretaria general técnica Blanca Méndez, en una reunión con los directores de los centros educativos y según consta en el acta de la misma, ante las quejas por la no sustitución del personal de comedores animó a los directores a la privatización de los servicios.

 La Consejería encubre bajo la denominación de ‘reasignación de efectivos’ los traslados forzosos de su personal (151 desde abril a septiembre y con previsión de la propia SGT de una gran número de ellos en noviembre),  comunicados a los trabajadores vía telefónica o fax, y con la orden de efectuarse en 24 horas, algunos de ellos en el mismo día, como por ejemplo una cocinera trasladada mediante una llamada de teléfono a las 10:00 de la mañana, incumpliendo así la normativa vigente sobre la comunicación en tiempo y forma a los trabajadores, así como el deber de comunicarlos y  motivarlos a los representantes de los trabajadores.

 No es válido invocar  la Ley de Presupuestos de Canarias, que según la SGT no le deja contratar, porque la propia Ley en su artículo 54 articula mecanismos para poder hacerlo, ya que contempla como excepción los servicios en los centros educativos y, permite dichas contrataciones. Con ello, demuestra que “la realidad es otra que se guarda para sí y es que no hay voluntad política alguna, ni suya ni de su partido y, el Gobierno de Canarias se lo permite”.

 Además, en la Mesa General de Empleados Públicos, el director general de Función Pública ha expresado que existe presupuesto, pero que desde la SGT no llegan propuestas.