co.bas Canarias llama a trabajadores y ciudadanos a sumarse a las concentraciones en protesta por la privatización de los registros civiles

La atribución de este servicio a los Registradores de la Propiedad supondrá la conversión de este servicio público en un negocio para éstos, a costa de los ciudadanos

Las concentraciones tendrán lugar el viernes 26, de 11:30 a 12:30 horas, frente a todos los registros civiles del Archipiélago

El sindicato co.bas Canarias se suma y llama a todos los ciudadanos a participar en las concentraciones convocadas ante los registros civiles del Archipiélago el próximo viernes 26 de abril, entre las 11:30 y las 12:30 horas. El objetivo es parar la privatización de este servicio público que el Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón pretende dejar en manos de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a costa de toda la ciudadanía.

Los registros civiles son la nueva víctima del afán privatizador de este Gobierno;  su atribución a los Registradores de la Popiedad y Mercantiles supondría la conversión de un servicio público y gratuito en un negocio para éstos, porque aunque se definan también como funcionarios públicos, su régimen público y sus retribuciones (diez veces superiores a las de cualquier médico, juez, fiscal o abogado del Estado), difieren de las del resto del personal de la función pública.

Dicho de forma más sencilla, las gestiones y actos del Registro Civil, gratuitas desde 1871, tendrán que ser abonadas por los usuarios. Certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, Fé de Vida, Libros de Familia etc, se entregarán sólo previo pago de unas tasas que oscilarán entre los 10 y los 40 euros. Además, la privacidad de los  datos personales de los ciudadanos, ahora garantizada por funcionarios públicos, quedará en manos de los empleados privados de los Registros de la Propiedad.

Pero no sólo es un mazazo para los ciudadanos. La privatización de este servicio supondrá la amortización de 3.500 plazas en la Administración de Justicia, con el despido de miles de trabajadores y el traslado de otros tantos. De forma indirecta, supondrá la supresión durante varios años de Oferta de Empleo Público, algo que ni la Administración de Justicia ni este país, con casi seis millones de parados, se puede permitir.

Por todo ello, co.bas Canarias se suma a las concentraciones y exige al Ministerio de Justicia que dé marcha atrás en su decisión, que significa una privatización inaceptable de un servicio público perfectamente prestado por la Administración de Justicia; que reconozca expresamente su  condición de servicio público esencial y que garantice, en la Ley de los Rergistros Civiles, todos los puestos de trabajo, tanto del personal titular como del interino, destinado tanto en los registros civiles únicos como en los compartidos de toda España.