Los trabajadores sociales creen que los cambios en la PCI son positivos pero insuficientes

Piden al Gobierno y a los ayuntamientos que respeten los plazos de la nueva ley

Los  colegios profesionales  de trabajadores sociales de Las Palmas  y de Santa Cruz de Tenerife  creen que los cambios de la nueva ley que regula la Prestación Canaria de Inserción son positivos. La reducción de los plazos máximos exigidos para la tramitación de la PCI de 3 a 2 meses (a los ayuntamientos) y de 6 a 2 meses (a la Dirección General de Servicios Sociales) es una medida que puede mejorar la situación de las personas cuyos únicos ingresos dependen de estas instituciones. Basándonos en lo que ha ocurrido los últimos años consideramos necesario exigir al Gobierno canario y a los ayuntamientos que cumplan la ley y, por tanto, los plazos.

Para que se puedan respetar esos plazos es necesario más personal. Por eso desde Canarias los colegios profesionales volvemos a recordar que la reducción de personal de Servicios Sociales que se ha producido en las islas, precisamente en los años en que más ha aumentado la demanda de prestaciones sociales,  contradice el mensaje habitual de los dirigentes políticos de las distintas administraciones que suelen presumir de dar prioridad a las políticas sociales.

La propia consejera Inés Rojas reconoció esta semana que el cambio legislativo garantiza la ampliación del crédito presupuestario para pagar la PCI. Pero consideramos que el Gobierno vuelve a caer en el mismo error al contemplar una partida presupuestaria que sabe que se va a agotar antes de que acabe el año (en los dos últimos ejercicios se agotó antes del verano). No entendemos que unos gobernantes que saben que ha y departamentos que en muchas ocasiones no ejecutan el 80% de su presupuesto, sin embargo no sean capaces de incrementar mucho más los presupuestos de la Prestación Canaria de Inserción, cuando saben que estamos hablando de los derechos fundamentales de los ciudadanos canarios.

Precisamente en una de las comunidades donde más se ha incrementado la pobreza, la exclusión social y las desigualdades los últimos años, donde también han aumentado su patrimonio las grandes fortunas y donde se sabe que hay un fraude fiscal importante, nos parece que se ha tardado demasiado tiempo en cambiar la ley de la PCI. Ojalá el Gobierno canario tuviera con las organizaciones sociales la misma comunicación y receptividad que ha tenido  con los sectores empresariales con los que ha negociado el REF que vuelve a dar más beneficios fiscales a quienes detentan el poder económico.

 El mismo Parlamento canario que ha tomado medidas urgentes para las leyes urbanísticas, ha dejado para el cierre de la legislatura una reforma legislativa que realmente era urgente para la población que está en la exclusión social. Por eso volvemos a pedir unas políticas sociales que no se queden en el simple asistencialismo.