José M. Corrales exige al gobierno municipal de CC-PSOE que facilite al Tribunal Supremo el enjuiciamiento de Zerolo por el caso “García Cabrera”

El concejal de IU-XTF señala que se debe clarificar esta actuación opaca y presuntamente ilegal

El concejal de IU- Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Corrales, muestra su preocupación ante el auto de del Tribunal Supremo, firmado por Juan Saavedra Ruiz, en el que se acuerda la instrucción, enjuiciamiento y admisión de la querella del Ministerio Fiscal contra el anterior alcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo, en relación al denominado Caso “García Cabrera”.

Esta querella admitida por el Tribunal Supremo nace a partir de una denuncia del colectivo “Justicia y Sociedad” ante la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación a Imes SA, sin concurso público y contra los reparos de Intervención, de la reforma del antiguo instituto Hermanos García Cabrera, de Ofra, a la que destino 5,5 millones de euros (casi mil millones de las antiguas pesetas)

El expediente del García Cabrera se inició en 2005 con una primera adjudicación de 371.628 euros a Imes que se incluyó en el contrato de mantenimiento de edificios que dicha empresa tenía con el Ayuntamiento y contra el criterio del Interventor Municipal, que advirtió expresamente de su ilegalidad  al tratarse de una obra mayor y de gran reforma (no simple mantenimiento) por lo que debía salir a concurso público, sin que, además, se hubiese tramitado expediente administrativo de contratación ni previa declaración de urgencia.

El concejal de IU-Por Tenerife José Manuel Corrales recuerda que pese al reparo formulado por el Interventor, el alcalde Miguel Zerolo, ordenó la continuación del expediente de pago, levantando dicho reparo gracias a un informe favorable de los asesores jurídicos del Ayuntamiento. Para el colectivo denunciante Justicia y Sociedad, es precisamente, a raíz de este Informe Jurídico y la “atropellada” tramitación del inicial expediente de pago donde comienzan a tomar cuerpo las graves irregularidades que definieron el denominado “caso García Cabrera”.

Este asunto turbio salió a la palestra cuando, en mayo de 2006, se hizo público por la oposición un informe firmado por estos mismos letrados municipales, fechado el mismo día que el anterior y que fundado en la misma jurisprudencia  llegaba a una conclusión totalmente opuesta, es decir, que la adjudicación a dedo era irregular porque se trataba de una obra mayor y no podía incluirse en el contrato de mantenimiento. Pese al escándalo suscitado por la publicación de ese “primer” informe, lo que motivó, incluso, que se creara una Comisión de Investigación, las obras continuaron ejecutándose sin contrato, ni proyecto hasta que el 26 de diciembre de 2006 la Junta de Gobierno local adopta un acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1,7 millones de euros para las obras acometidas del 1 de enero al 31 de julio y, al mismo tiempo, se adjudica a IMES, “a dedo” y de forma retroactiva, esto es, con fecha 1 de agosto de 2006, las obras que se venían ejecutando y las que restaban por ejecutar.   Las graves irregularidades detectadas fueron Reparadas por Intervención siendo levantados los reparos por el propio Alcalde. 

El concejal de IU- XTF José Manuel Corrales ya denuncio que los reparos formulados por la Intervención de Fondos eran de una gravedad incuestionable ya que las obras han sido ejecutadas sin la previa tramitación de expediente administrativo conforme a la legislación vigente en materia de contratación pública, omitiéndose trámites legales esenciales en el expediente tramitado con posterioridad a la ejecución de obra, se han fraccionando en fraude de ley el objeto del contrato, se han ejecutado sin la existencia y previa dotación de crédito presupuestario, así como sin la preceptiva fiscalización de los actos que han dado lugar a las obligaciones y compromisos derivados, no se ha declarado de forma expresa y previa su urgencia, restringiéndose de forma abierta y manifiestamente ilegal el principio de libre concurrencia, y todo ello, por importe total que asciende a 5.476.522,5 euros.

Justicia y Sociedad, que también ha ejercido la acción popular, entre otras causas, en el conocido caso “Las Teresitas”, afirmo en este caso que“las graves irregularidades cometidas implican por su misma gravedad, así como por su continuidad y reiteración, que estemos ante conductas que trascienden del ilícito administrativo, y ello es así, puesto que no estamos ante meros incumplimientos puntuales sino ante flagrantes ilegalidades que evidencian una sistemática, deliberada y persistente actuación antijurídica”.

JOSÉ MANUEL CORRALES

Concejal de IU- XTF (Por Tenerife) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife