Esta vez, rescatar a la gente, medidas que propone Attac para afrontar la crisis social y sanitaria provocada por el coronavirus

Gran parte de la población europea permanece en sus casas a causa de la Covid-19, debido a la medida impuesta para hacer frente a esta pandemia global. Y mientras tanto, crece la inquietud ciudadana por los riesgos letales que amenazan su subsistencia y su salud, y por las consecuencias del confinamiento sobre la economía del país, especialmente sobre el empleo y los ingresos de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

España, junto a Italia, es el país europeo actualmente más afectado por la pandemia, lo que nos coloca en una situación de gran fragilidad. Ante esta situación, dejan de tener sentido, si alguna vez lo tuvieron, las restricciones sobre el gasto público impuestas por los tratados de la UE y los acuerdos letales de la troika. Tras la suspensión de la aplicación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, procede asignar sin más demora los recursos públicos necesarios para atender a toda la población sin que nadie se quede atrás.

Frente a la Covid-19, además de las medidas de emergencia sanitaria, responsabilidad ineludible y principal del Gobierno, la respuesta ciudadana está reforzando los mecanismos de la solidaridad, antes que nada, con quienes están en primera línea contra el virus, esto es, cuidadores de la población enferma y todo el personal sanitario. Pero solidaridad también con las personas que ayudan a mantener el acceso a los alimentos y suministros básicos y con todas las poblaciones amenazadas, con las personas ancianas y quienes ya están enfermas, con las trabajadoras de cuidado y las empleadas en los hogares que se ocupan de mayores y dependientes en condiciones de trabajo precarias, sin cese de actividad y sin medidas de protección. No debemos permitir que ninguna persona sea sacrificada por falta de medios en nuestro sistema de salud.

En consecuencia, para poder hacer frente a una crisis de gran alcance como la que estamos padeciendo, urge reforzar al máximo los recursos sanitarios y el sistema público de salud, con el fin de atenuar los daños sobre la actividad económica y las rentas o ingresos de una población que pasará a estar en situación de riesgo de subsistencia cada vez en mayor número.

Attac considera necesario abordar de urgencia el siguiente conjunto de medidas de choque, introduciendo transformaciones radicales en el actual funcionamiento del sistema económico y financiero que redunden en beneficio de las mayorías sociales.

 

PRIMERA. Garantizar un ingreso en condiciones dignas a todas las personas. Renta Básica de cuarentena (RBc).

Frente a las medidas aprobadas por el Gobierno en el R.D. Ley 8/2020, quizá bienintencionadas pero insuficientes y en cierta forma engañosas, Attac exige una mayor ambición a los poderes públicos y propone introducir una RBc de 800 euros mensuales para toda la población española mayor de 18 años y 300 euros para los menores de edad, mientras dure la crisis sanitaria.

La RBc sería un derecho eventual mensual garantizado para quienes hayan tenido ingresos inferiores a 30.000 euros durante 2019. Quienes en 2020 obtengan unos ingresos brutos superiores a 30.000 euros, deberán devolver a Hacienda el importe recibido por dicha RBc al hacer la declaración anual de IRPF en 2021.

La RBc resulta imprescindible para que la ciudadanía pueda hacer frente a las cuantiosas pérdidas que ya ha generado esta crisis y, particularmente, para quienes están en situación de mayor desprotección social y laboral: personas desempleadas sin subsidio; trabajadores/as autónomas; quienes realizan trabajos en condiciones de mayor precariedad ─también en el sector primario─ y las empleadas del hogar, un colectivo numeroso, conformado mayoritariamente por mujeres, para quienes no hay cese de actividad, carecen de medidas de protección en un trabajo que impide la distancia social, no tienen derecho al paro y si son despedidas no recibirán ningún tipo de prestación

La financiación de esta RBc debería nutrirse de un Fondo Paliativo de solidaridad europeo de nueva creación (ajustado al art. 122.2. del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) tal como en su día se hizo con el Mecanismo de Estabilización Financiera en la crisis del año 2008 por 500.000 millones de euros. Pero si como es previsible, no se crease en tiempo y forma ese Fondo europeo, el Gobierno deberá destinar los recursos necesarios de su propio presupuesto para financiar la RBc, máxime una vez que ya está suspendida la aplicación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Gran parte de esos recursos deberán proceder de una actuación fiscal de emergencia y de un Pacto de Estado contra el fraude fiscal. 

Con esta propuesta de RBc, los 200.000 millones anunciados por el Gobierno podrían ir destinados a gasto público que beneficie directamente a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, y no apenas a un 10% como esconde la propuesta recogida en el Decreto-Ley 8/2020. Porque cuando se habla de “movilizar” aproximadamente 200.000 millones de euros, se están sumando unos previsibles 80.000 millones que pudiera aportar la banca privada con algo más de 100.000 millones de euros en forma de avales públicos que proporcionaría el Estado. Y sumar fondos y garantías es absolutamente engañoso, ya que son instrumentos diferentes y necesariamente han de complementarse: el aval no se ejecuta si no hay impago del crédito y el dinero del crédito no se liberaría si los bancos no contasen con el respaldo del aval. Luego no se puede decir que se moviliza la suma de ambas: se movilizará una o la otra. Además, cualquiera que sea la cantidad que se movilice, hay que contar con una amplia discrecionalidad de los bancos a la hora de elegir cuánto prestan, a quién lo prestan, para qué fin lo prestan y a qué tipo de  interés lo prestan. Por ello, es también muy posible que ese dinero “movilizado” no llegue a quienes más lo necesiten, sino a quienes más convenga a los bancos.

SEGUNDA. Protección efectiva del derecho a la vivienda. Moratoria en el pago de alquileres e hipotecas.

El derecho fundamental del acceso a una vivienda digna puede verse aún más afectado si cabe en esta crisis. Para proteger este derecho es necesario adoptar medidas urgentes y efectivas en relación con el pago de las hipotecas y alquileres. No es suficiente postergar el plazo de los alquileres mientras dure. Hay que poner ya sobre la mesa medidas de justicia y evitar que los fondos de inversión especulativos intervengan abusivamente en este mercado de primera necesidad.

Los poderes públicos tienen que intervenir las entidades que no hayan devuelto el importe del rescate bancario, pero que posean activos inmobiliarios. Estos activos habrían de ser confiscados por el Estado a precio de mercado hasta cubrir la deuda impagada por cada entidad. Con la vivienda adquirida se habría de poner a disposición de la ciudadanía un parque de viviendas sociales.

Entre las medidas que el Gobierno deberá adoptar con carácter de urgencia  para evitar que los fondos de inversión especulativos aprovechen la situación de shock de las bolsas para adquirir a precio de saldo bienes y paquetes de acciones de empresas clave para el buen funcionamiento y reconstrucción de nuestra economía, deberán incluirse especialmente aquéllas que afecten a los servicios públicos y al parque de viviendas sociales. De esta forma, se irá recuperando la participación que el sector público tenía en estas empresas.  

Debe regularse además una ley de incompatibilidad para evitar que agentes que intervienen en el mercado de la compraventa concurran también como portales inmobiliarios.

TERCERA. Transparencia y ética de la gestión pública. Estrategia contra la corrupción.

La acción del Gobierno debe ser eficaz para actuar contra la crisis sanitaria y económica, y esto exige adoptar de inmediato una estrategia de lucha contra la corrupción que introduzca transparencia, publicidad y auditoría en la sociedad y en la gestión de lo público. La Fiscalía Anticorrupción debe empezar a actuar con contundencia y responsabilidad.

Urge desplegar esta estrategia en relación con todas las actuaciones y contrataciones del sector público. La Fiscalía Anticorrupción tiene que actuar contra esta plaga que ataca gravemente a la economía e impediría su recuperación de no ponerle freno. La corrupción perpetúa la pobreza, pues aleja las medidas y beneficios colectivos de los sectores sociales vulnerables y favorece a las personas y las  empresas corruptas. En el origen de la corrupción están las malas prácticas y la falta de ética. Ambas cosas pasan inadvertidas, pues suelen consistir en conductas que, aparentemente, facilitan o conceden beneficios legales (créditos, contrataciones, licencias, calificaciones, exenciones, condonaciones, permisos, privatizaciones…) o ilegales (ocultaciones, omisiones,  lavado de activos, hostigamientos, investigaciones), que involucran a agentes, sociedades y fondos privados, personal empleados de entidades financieras, cargos públicos y funcionarios. Es momento para resaltar que el proceso de privatización de hospitales públicos puede incluso superar en cifras económicas a un proyecto de construcción y contratación de una gran infraestructura.

A este respecto, las disposiciones administrativas sobre qué características y qué requisitos deben tener los proyectos de obra pública o privada que interesa favorecer en situaciones de emergencia y el tipo de contratos o concesiones que conviene suscribir, financiar o patrocinar, suelen estar intrínsecamente sujetas al ámbito de la discrecionalidad o la oportunidad y, por tanto, son caldo de cultivo de la corrupción.

Las prácticas corruptas que mejor se ocultan tienen que ver con el intercambio de productos financieros o títulos de inversión y, también, con los procesos de privatización en los que se transfieren bienes, derechos o facultades del Estado a los particulares, cargados de oportunidades para los fondos financieros.

CUARTA. Justicia redistributiva. Banca Pública y finanzas democráticas.

Esta crisis constituye una oportunidad única para introducir transformaciones sustanciales en el sistema productivo, en el modelo laboral, en el modelo de protección social y en la organización de tiempos de vida, para avanzar en justicia social, ecológica e igualdad de género. La crisis sanitaria del coronavirus está mostrando las fisuras de un sistema económico que no es sostenible por más tiempo. Es momento de recuperar el proyecto de una banca pública potente y deempezar a construir unas finanzas democráticas y garantistas.  

Necesitamos una banca pública que pueda mantener el acceso a los créditos de las pequeñas y medianas empresas y acometer las inversiones estratégicas socialmente necesarias, por lo que Attac exige que Bankia permanezca bajo control del Estado hasta que se pueda poner al servicio de este proyecto de Banca pública. 

Han de entenderse las finanzas democráticas y garantistas como un bien público de primera necesidad para combatir el totalitarismo financiero del oligopolio bancario de este país, el más concentrado de Europa.

QUINTA. Limitación del gasto para el Estado de los ERTE tramitados en base al RD-Ley 8/2020:

Deberían haberse establecido criterios diferenciados respecto de la cuantía de los ahorros en costes laborales de los que puedan beneficiarse las empresas que presenten Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acogidos al RD-Ley 8/2020 de 17 de Marzo. No se debería permitir que las empresas que hayan declarado beneficios sustanciosos en los ejercicios recientes no asuman el coste laboral de los ERTE y se lo traspasen al Estado.

Los criterios establecidos para beneficiarse de los ERTE no diferencian entre el tamaño de las empresas o en los beneficios anuales de las mismas. La normativa aprobada permite que todas las empresas que se acojan a la medida de la suspensión temporal de empleo se ahorren los costos laborales en proporciones similares, desde Amancio Ortega a la PYME de cinco trabajadores, ya golpeada por la crisis anterior. El presupuesto público destinado a la gestión de esta crisis no debería utilizarse para apoyar a las empresas con grandes beneficios, mucho menos a las que practiquen la evasión fiscal o tengan abiertos expedientes por incumplimientos graves de derechos laborales. El sacrificio y las ayudas deben ser proporcionales a las necesidades y situación financiera.

Las empresas con responsabilidad limitada (S.L., S.A, S.A.L principalmente) entienden el funcionamiento del capitalismo, de manera que saben que cuando un negocio es rentable, esos beneficios corresponden a sus accionistas. Cuando hay pérdidas, saben que debe ocurrir en la misma medida, con la ventaja que no hay una cota máxima para sus beneficios pero en cambio, sí hay una cota máxima para sus pérdidas, que es la aportación de capital suscrita por sus socios.

Para evitar que estas empresas en el escenario actual procedan al despido masivo de trabajadores (lógico desde su perspectiva), es de interés de Estado aplicar los ERTE de urgencia y que el Estado se haga cargo de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social mientras dure el Estado de Alarma.

Pero no parece justo que dicha medida se aplique sin ningún tipo de condicionamiento relacionado con su situación económica previa. La moratoria de deuda hipotecaria, como medida de apoyo a las familias, se dirige exclusivamente a “quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis de la COVID-19” y establece unos estrictos requisitos para poder acceder a esta ayuda mediante la fijación del concepto de “vulnerabilidad económica”. Lo mismo ocurre en la medida referida a la garantía de suministro de agua y energía a “consumidores vulnerables”.

Sin embargo no hay ninguna exigencia relativa a la “vulnerabilidad” de las empresas para que puedan presentar los ERTE.

De esta manera, pueden presentar por igual un ERTE las empresas con beneficios y las empresas con pérdidas. O las empresas que contribuyen con un impuesto de sociedades global en el Estado Español y las empresas multinacionales que, como sabemos, derivan una parte importante de sus beneficios por múltiples vías hacia países de baja (o nula) fiscalidad.

Por ello, deberían haberse establecido criterios diferenciados respecto de la cuantía de los ahorros en costes laborales de los que puedan beneficiarse las empresas que presenten ERTE acogidos al RD-Ley 8/2020 de 17 de Marzo con las siguientes limitaciones:

Cuando la empresa que se acoja a un ERTE hubiese declarado beneficios en el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2018, el gasto que haya supuesto para el Estado el pago de las nóminas y las cotizaciones de la plantilla afectada deberá ser ingresado en la hacienda pública y se sumará a la cuota del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2020, aunque se permitirá el pago diferido de este importe en 3 plazos anuales. La empresa podrá quedar autorizada a no asumir ese coste laboral derivado de la presentación del ERTE cuando justifique que la suma de los beneficios después de impuestos presentados por la entidad en los ejercicios 2016-2017-2018 no supere el 3% de la suma de los Recursos Propios (RRPP), calculados al inicio de cada uno de esos tres ejercicios (Rentabilidad Promedio de los RRPP).

Las empresas multinacionales en las que en su grupo empresarial conste la existencia de vinculaciones accionariales con empresas radicadas en paraísos fiscales no podrán beneficiarse de la exoneración prevista en el párrafo anterior y deberán asumir  el coste laboral derivado de la presentación del ERTE en todos los casos, dada la imposibilidad para el Estado de conocer el estado de vulnerabilidad real del grupo empresarial al que pertenece y por tanto, deberán sumar a la cuota del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2020 el gasto asumido por el Estado.

SEXTA. Financiación directa a los Estados por parte del Banco Central Europeo.

Ha llegado el momento de modificar los tratados de la UE y hacer que se elimine la prohibición de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda financiar directamente a los Estados miembros de la zona euro. Esta financiación debería realizarse mediante la creación de liquidez para inyectarla sin intermediarios a los Tesoros Públicos de dichos Estados, que han perdido la posibilidad de gestionar su propia política monetaria desde sus bancos centrales al delegarla en el BCE.

El pasado 18 de marzo, el Banco central Europeo (BCE) decidió poner en marcha un programa de adquisiciones de valores de los sectores público y privado para casos de pandemia, (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) que tendrá una dotación global de 750.000 millones de euros y estará vigente hasta que se juzgue que la fase de crisis de la COVID-19 haya terminado, en cualquier caso no antes de finales de 2020.

Este tipo de operaciones, que ya se ejecutaron por parte del BCE desde marzo de 2015 hasta diciembre de 2018, han demostrado que no solucionan el problema de financiación de los Estados porque únicamente apuntan a  controlar la prima de riesgo, pero no la propia deuda que sigue aumentando y hay que devolver a su vencimiento.

Teniendo en cuenta que el IPC armonizado  de la UE está en el 1,2% interanual en febrero de 2020 y, por lo tanto, no hay peligro de hiperinflación a la vista, el BCE debería transferir a los gobiernos los recursos monetarios necesarios para cubrir el ingente gasto público que va ser necesario realizar, con la única condición de que dichos recursos sean utilizados para atajar la pandemia y sus devastadores efectos, tanto sociales como económicos.

SÉPTIMA. Límites a la especulación de los mercados financieros.

Es urgente proceder a una mayor regulación global y control social de los mercados financieros y poner límites a la libre circulación de los capitales especulativos. Attac propone cerrar las bolsas de forma temporal y establecer, en cuanto vuelvan a funcionar, férreos controles a la volatilidad y a las fuertes oscilaciones bursátiles, penalizando las inversiones especulativas en bolsa y restringiendo las operaciones en mercados no regulados (OTC). En concreto hay que ampliar el ámbito de aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y prohibir de forma permanente en bolsa las operaciones en corto.

El sistema financiero global ha entrado en pánico y las bolsas de todo el mundo están a punto de cerrar para tratar de frenar la destrucción de riqueza financiera por el desplome del valor de los activos. Los bancos centrales han agotado hace tiempo sus medidas convencionales y los Estados son tras la crisis los únicos actores con capacidad para intervenir y evitar el colapso financiero.

Ante la emergencia sanitaria y económica, la dinámica especulativa del funcionamiento de las bolsas puede erosionar aún más la situación del sistema productivo, contagiando la incertidumbre y volatilidad de precios. El cierre temporal de las bolsas resulta necesario en este contexto de extrema alerta, en el que la vida de millones de personas está amenazada por la pandemia y las respuestas institucionales han de poder centrarse en mitigar, tanto las urgencias sanitarias que afectan a la vida cotidiana, como a la economía productiva. Se trata de evitar que el comportamiento especulativo que impregna el funcionamiento de las bolsas traslade una inestabilidad mayor al resto de la economía y a la sociedad en su conjunto.

Para hacer frente a la especulación financiera que desestabiliza todo el sistema, el Gobierno español tendrá que ampliar a las divisas, los derivados y las operaciones de alta frecuencia el ITF en tramitación. Y prohibir de forma permanente en bolsa las operaciones en corto (apuestas a la baja), que tantos beneficios generan a los grandes inversores y tantas pérdidas ocasionan a los pequeños accionistas y a la sociedad en general. Igualmente, se debe prohibir la especulación con alimentos, productos sanitarios y bienes básicos en los mercados de futuros o todos los valores que, diseñados por la ingeniería financiera, toman como base estas mercancías y sirven a los fondos financieros para la especulación.

OCTAVA. Reforma urgente del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE.

Aunque, como consecuencia de la crisis, la UE se ha visto forzada a utilizar la cláusula de escape para suspender temporalmente el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que ponía limitaciones al déficit público de los Estados, es necesario que se acometa una reforma del mismo, de manera que éstos puedan desarrollar en lo sucesivo, y sin riesgo a penalizaciones comunitarias, los programas sanitarios, de reforzamiento de los servicios públicos y de lucha contra la pobreza y la exclusión social que la situación requiera en cada país.  

El déficit público, ha de volver a ser el instrumento de política económica anti-cíclica que tradicionalmente ha sido, y dejar de ser un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) sea prioritario por encima de cualquier otro. Particularmente en estos momentos de crisis, los gobiernos no pueden seguir teniendo las manos atadas en este ámbito y deben poder incrementar el gasto público social.

Las 8 propuestas que se enumeran son completamente necesarias ante una situación extraordinaria. Hace apenas un mes, muchas de estas medidas, y otras tomadas en las últimas semanas, parecían utópicas, irrealizables. La realidad indica que no lo son: al contrario, son imprescindibles. “Rescatar a la gente” quiere decir precisamente apostar por las mayorías sociales. Algo que resulta ajeno a aquellos que consideran que la política es solo el arte de lo “posible”, entendiendo por lo “posible” aquello que no molesta ni perturba el normal funcionamiento de los grandes poderes privados. Pero ante situaciones excepcionales no es socialmente aceptable seguir aplicando las medidas timoratas de la ortodoxia económica.  

Mesa de Coordinación de Attac España

 

* En La casa de mi tía con la colaboración de María Fernanda Gadea