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lunes, 05 de diciembre de 2022 09:35h.

El Gobierno de España reconoce a IU que no tiene plan para las desaladoras si hay derrame

 El Gobierno ha reconocido implícitamente a Izquierda Unida que carece de planes para garantizar el suministro de agua potable a Fuerteventura y Lanzarote, en caso de que las prospecciones y extracciones provoquen un gran derrame

El Gobierno de España reconoce a IU que no tiene plan para las desaladoras si hay derrame

   El Gobierno ha reconocido implícitamente a Izquierda Unida que carece de planes para garantizar el suministro de agua potable a Fuerteventura y Lanzarote, en caso de que las prospecciones y extracciones provoquen un gran derrame. La formación progresista preguntó al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, por los planes elaborados en caso de que una marea negra detenga las desalinizadoras y, por su parte, el ejecutivo de Rajoy responde que no tiene “competencia alguna en la conservación, mantenimiento y explotación de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote ni en el abastecimiento de la población de Canarias”.

   En la respuesta remitida a Izquierda Unida por el Gobierno se habla de convenios entre el Estado y Canarias para financiar obras en las desaladoras, pero no se responde a la pregunta simplemente porque no hay respuesta y no se ha previsto ninguna actuación en caso de que las desaladoras resulten dañadas o inutilizadas.

   Asimismo, Izquierda Unida también preguntó al Gobierno por qué motivos no se sometieron a información pública dos informes aportados por Repsol, después del período de alegaciones al informe de impacto medioambiental, que reconocían la posibilidad de que las mareas negras alcanzaran las islas. La formación progresista afirma que los informes infravaloran los riesgos, pero, aún así, los que señala son importantes y debieron haber sido objeto de exposición pública. El Gobierno alega que los informes sólo podían obtenerse después de concluido el período de alegaciones y que, por tal motivo, no convocaron otra exposición pública. Se trata de un pretexto que, obviamente, no justifica haber impedido la participación de la ciudadanía.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 2014.

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