Intersindical Canaria espera  que  el retraso en la probación del Decreto Ley de reforma de la Estiba, dé paso a un acuerdo entre los trabajadores portuarios, las empresas estibadoras y el propio gobierno que eviten los efectos más indeseables de la aplicación de la normativa europea que pretende imponer la liberalización en la contratación de los trabajadores de estiba y desestiba, que actualmente dan actividad en Canarias a unas 800 personas. 

     Esta medida que afectaría al conjunto de los puertos del Estado, tendrá en el País Canario una mayor incidencia, donde la desprofesionalización de las actividades laborales, en caso de materializarse la pretensión europea, tendrían efectos de mayor negatividad en las diferentes instalaciones portuarias insulares. 

       La reforma comunitaria, aunque no se diga, persigue también la precarización laboral de las actividades portuarias, dando fin al convenio laboral, actualmente en situación de plena vigencia, y a la ejemplar dignificación laboral que, tras muchos años de intensa lucha, han consolidado los estibadores españoles y canarios. En caso de llevarse a efecto por el ministerio de Fomento, su resultado final sería un ERE encubierto cuyo coste sería cubierto con fondos públicos.

        El Ministerio de fomento, por tanto, debe tratar de propiciar la adaptación de la norma europea de estiba de "libre establecimiento", al ejercicio de la libertad sindical y a los acuerdos pactados en la negociación colectiva entre trabajadores, empresas y administración pública, principios estos que para Intersindical Canaria tienen mayor relevancia que la norma comunitaria que se pretende imponer. 

       Independientemente de la fórmula, cualquier solución al actual conflicto debe preservar la consolidación de los actuales puestos de trabajo, mediante la subrogación u otra opción similar a la hasta ahora existente que impida la sustitución laboral o la pérdida de contratos laborales, posibilidad esta que rechazamos con rotundidad tras el traumático proceso que han vivido los puertos canarios al privatizarse sus actividades. Con tal objetivo, el Ministerio de Fomento debe mantener más allá de la presente semana, la paralización de la aprobación del Decreto de reforma de la actividad portuaria con el fin de dar tiempo a un acuerdo entre todas las partes implicadas en el actual conflicto.