Intersindical Canaria acusa a Rajoy de gobernar contra los más débiles

El sindicato recuerda que hace sólo una semana, el PP decía que la sanidad iba a ser gratuita

 La Federación de Salud de Intersindical Canaria quiere mostrar su oposición a la decisión del gobierno español de desmantelar el sistema de salud pública universal y gratuito en España para imponer el copago. Los medios de comunicación nos informan hoy de la decisión del ejecutivo de Mariano Rajoy de cobrar un 10% del precio de las recetas a los pensionistas y hasta un 20% a los trabajadores. Con esta medida el gobierno del PP vuelve a cargar el precio de la crisis sobre los sectores más débiles de la población.

Conviene recordar que con estos nuevos ataques al Estado de Bienestar el gobierno vuelve a contradecirse. Hace sólo 9 días el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, decía que el gobierno iba a poner a cero la deuda sanitaria y a mantener la sanidad universal y gratuita. Una contradicción más a la que habría que sumar sus promesas electorales sobre las subidas de impuestos o las bajadas de los salarios.

Desde Intersindical Canarias consideramos que nunca antes ningún gobierno tomó tantas medidas antisociales en un periodo de tiempo tan corto. El mismo ejecutivo que sólo ha recortado un 8% el presupuesto militar, es el que va a recortar más de 10.000 millones de euros el presupuesto de la Sanidad y la Educación (de los que más de 7.000 se quitarán a Sanidad).

Existen muchas medidas que el ejecutivo podría tomar para recortar el gasto sanitario. Medidas como la central de compras, o la exigencia a las farmacéuticas de la bajada del precio de los medicamentos. Pero parece que el gobierno prefiere castigar a los más débiles, quiere cargar los costes sobre los que menos tienen.

Hacemos un llamamiento a la movilización de todas las organizaciones sociales y la ciudadanía porque no podemos permitir más recortes sociales. El gobierno se vale de la política del miedo para frenar las protestas y cree que reformando el código penal para criminalizar a las organizaciones que protestamos pacíficamente logrará su objetivo. Pero debemos demostrar que no vamos a permanecer pasivos ante las continuas agresiones contra los sectores más débiles de la población, mientras se aprueban medidas de amnistía fiscal para los delincuentes fiscales y se sigue ayudando a la banca.