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sábado, 20 de abril de 2024 06:28h.

IUC acusa a la Confederación Canaria de Empresarios de querer “hundir más la economía”


Izquierda Unida Canaria (IUC) expresa su rechazo a las exigencias de recorte del sector público canario, formuladas por Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias, en una carta dirigida al presidente del Ejecutivo de Canarias, Paulino Rivero. En ella, Grisaleña exige recortar lo que describe como una “Administración sobredimensionada”.

IUC acusa a la Confederación Canaria de Empresarios de querer “hundir más la economía”

Izquierda Unida Canaria (IUC) expresa su rechazo a las exigencias de recorte del sector público canario, formuladas por Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias, en una carta dirigida al presidente del Ejecutivo de Canarias, Paulino Rivero. En ella, Grisaleña exige recortar lo que describe como una “Administración sobredimensionada”.

 Sin embargo, IUC señala que al sector público canario le faltan decenas de miles de empleados para tener el mismo porcentaje de empleados públicos por habitante que nuestros vecinos de la Unión Europea. La escasez de trabajadores públicos en sanidad, educación y dependencia contribuye a que el Archipiélago tenga los peores indicadores sociales del Estado y peor calidad de vida. En este contexto, las exigencias de Grisaleña sirven para deteriorar aún más la calidad de vida y para hundir más la economía al provocar una contracción de la demanda.

 IUC considera que es lamentable que Grisaleña entienda que el aumento de los impuestos indirectos reduce el consumo, pero que, sin embargo, no comprenda que la reducción en un 5% del salario de los empleados públicos y las reducciones salariales en el sector privado posibilitadas por la nueva reforma laboral también reducirán el consumo.

 IUC considera que las ventas de las empresas se han reducido en Canarias a causa del deterioro de los salarios, el aumento del desempleo, el escaso gasto público, el insuficiente desarrollo de los servicios de bienestar y la fuerte desigualdad imperante en el Archipiélago, derivada parcialmente de la insolidaridad fiscal y los bajos salarios. La solución a esta situación no puede encontrarse sólo en la demanda externa aportada por el sector turístico, ni debe basarse en transferir al sector privado actividades del sector público porque, en tal caso, la ciudadanía canaria vivirá un deterioro permanente de sus condiciones de vida y un agravamiento de la polarización de rentas existente.