Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública Canaria 

El derecho a la salud, que se reconoce en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), se materializa a través de una sanidad pública, universal y gratuita, que financiamos entre todos a través de nuestros impuestos en función de nuestro nivel de riqueza, para que, quienes necesiten de sus servicios, puedan disponer de ellos independientemente de su sexo, raza, profesión, religión, situación laboral o capacidad económica.

En los últimos años hay una campaña generalizada en nuestro país para desprestigiar y desmantelar los servicios públicos de salud, con el objetivo de privatizar los sistemas sanitarios públicos, abriendo la oportunidad de negocio mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que, con la excusa de innovar, lo que buscan es poner por delante un supuesto ahorro, dejando a un lado la calidad de la atención sanitaria, para que unos cuantos privilegiados consigan un beneficio económico a costa de la salud del resto. Esto lo consiguen, en gran medida, tanto por la voluntad política de los algunos gobiernos autonómicos, como por la inacción de la ciudadanía, y de algunas fuerzas sociales para evitarlo.

Estos políticos que facilitan la precarización, externalización y privatización de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo hacen manteniendo su financiación con dinero público en modelos de gestión mixtos, que aumentan los costes, con importantes deficiencias en cuanto al cuidado de los pacientes/usuarios.

Un negocio que hace que la Sanidad Pública sea más cara, ineficiente, de menor calidad y no llegue a todos los ciudadanos.

Un ejemplo claro es la inminente conversión que tiene preparada el Gobierno de Canarias para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que dejará de ser un Organismo Autónomo 100% público, para convertirse en una Entidad Pública Empresarial, con un eminente interés económico sobre su función pública de servicio esencial.

Los grandes perdedores de estos cambios somos los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizadores tienen unos costes muy superiores, y avanzan inexorablemente hacia una sanidad donde el derecho de protección de la salud, pasa de ser un derecho de todos los ciudadanos para convertirse en un privilegio para aquellos que puedan pagárselo.

Estamos a la cabeza de las listas de espera, de colapsos en urgencias, de determinados indicadores de salud (diabetes, HTA, problemas cardiovasculares, etc.), fruto estos últimos del abandono de la prevención en la atención primaria de salud que llevamos mucho tiempo sufriendo (mucho más económica a largo plazo), que se refleja en una asistencia curativa en todos los niveles asistenciales, llegando a saturarlos y encarecerlos.

Los problemas de salud son también problemas sociales. Sus causas no son ajenas a la pobreza, la exclusión social y la precariedad laboral. La lucha por cambiar esta situación está vinculada a la lucha por una sanidad pública, universal y de calidad, así como por unos servicios públicos en condiciones. Esto se ha puesto trágicamente de manifiesto en las Residencias para Personas Mayores, la mayoría privadas, donde, durante la pandemia por COVID-19, han muerto en todo el Estado casi 20.000 personas, diecinueve de ellas en Canarias.

Despues de 35 meses y 61 prórrogas, la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente sigue enquistada en la Cámara Baja, cuando en los centros sanitarios y sociosanitarios, hay una proporción de pacientes y residentes por sanitario que, duplica e, incluso triplica, la establecida por expertos, organismos e instituciones, para evitar situaciones que pueden provocar incluso fallecimientos evitables.

Es absolutamente bochornoso ver que algunas leyes se tramitan en cuestión de semanas en el Congreso de los Diputados, y otras, caso de la Ley de Seguridad del Paciente, que solo busca garantizar la salud de las más de 47 millones de personas de nuestro país, lleva años paralizada, mientras se siguen produciendo muertes que podrían ser evitadas en los centros sanitarios y sociosanitarios, teniendo como referencia múltiples estudios científicos al respecto.

Todavía estamos a tiempo de salvar un sistema sanitario resultado de la lucha de las generaciones que nos precedieron, y que está valorado, por multitud de foros e instituciones, entre los mejores del mundo por la calidad de sus servicios y, sobre todo, por su carácter universal, gratuito y solidario. Así entendemos que:

• Concretamente, en la Comunidad Autónoma Canaria, los recursos públicos dedicados a Sanidad no deben ser inferiores al 7,2% del PIB (como en 2022),y tender a la media estatal del 8%.
• Los centros hospitalarios y de Atención Primaria deben tener suficiente dotación de plantillas, ampliando la contratación necesaria en todas las categorías profesionales donde sea necesario.
• Hay que habilitar recursos púbicos suficientes para resolver el problema de las listas de espera, que no pasa por la derivación indiscriminada de pacientes a la sanidad privada, sino por optimizar los recursos disponibles en los centros públicos que están infrautilizados, con el consiguiente aumento de la plantilla necesaria.
• Hay que optimizar recursos: por ejemplo, no cerrar camas en verano, poner en funcionamiento las plantas que no estén a pleno rendimiento, así como ampliar los servicios de fisioterapia durante mañanas, tardes y fines de semana, etc.
• Hay que potenciar la Atención Primaria como primer elemento de un Plan Canario de Salud, que ponga por delante políticas de prevención a la población en general, bajando ratios de atención directa, y mejorando las urgencias en este nivel de atención sanitaria.
• Hay que completar la dotación de los centros hospitalarios comarcales, hasta convertirlos en Hospitales completos.
• Debemos cuidar a quienes nos cuidan, los aplausos no bastan.
• Socialización de los cuidados. Residencias de Mayores, centros de atención sociosanitaria y centros de día 100% públicos.
• Toda la Sanidad debe ser 100% pública, de calidad, universal, dejando los conciertos, única y exclusivamente, para cuando los centros sanitarios públicos, a su máximo rendimiento, no puedan asumir la asistencia de más pacientes.
• Internalizar los servicios básicos y esenciales, que se han ido externalizando y generando problemas, tanto al servicio como a los empleados, como, por ejemplo, las ambulancias, el servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Hospital Negrín de Las Palmas, servicios de limpieza, etc., y todos aquellos imprescindibles para el buen funcionamiento de la Sanidad de Canarias.
• Que se resuelva de manera inmediata la precariedad en la contratación de los interinos del SCS, y de todos aquellos contratos Covid, que tanto hicieron por la salud pública de Canarias, y que han caído en el abandono.
• Dignidad en el trato de los Médicos Internos Residentes (MIR), donde algunos pueden llegar a sentirse explotados laboralmente en su periodo formativo, y que también son clave en el presente y futuro del buen funcionamiento de nuestro sistema sanitario.
• Condiciones dignas para quién salva vida en las playas de Canarias, atendiendo a las necesidades de los Socorristas en su desempeño profesional.