Rodríguez muestra su sorpresa por el anuncio de retrasar la ordenación turística a 2017 tras iniciar la reforma de la ley por el fallo del Constitucional hace un mes

El portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, solicitó hoy al Ejecutivo canario una evaluación del coste de las posibles indemnizaciones generadas por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a la ley de medidas urgentes de 2009 de CC y el PP y su impacto en los maltrechos presupuestos de la comunidad. Rodríguez mostró su sorpresa por el anuncio de la consejera Nieves Lady Barreto de retrasar la ordenación del turismo a 2017 tras iniciar en Consejo de Gobierno, el pasado 15 de febrero, la reforma de la Ley de Renovación y Modernización en aplicación del fallo del Tribunal Constitucional.    

Tras escuchar a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en comisión parlamentaria, Román Rodríguez coincidió con la responsable gubernamental en que el Ejecutivo tendrá que afrontar posibles indemnizaciones a los privados, que se concretan en la existencia de más de 40 reclamaciones ante el Supremo. Unas demandas interpuestas, agregó el diputado nacionalista, por el “daño generado durante los años transcurridos por no haber aplicado correctamente” el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial y para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo de 2009. Este artículo permitía la desclasificación o el cambio de uso del suelo turístico a cambio de reconocer unos derechos indemnizatorios, tal y como señaló el diputado de NC.

Román Rodríguez opina que los afectados no tendrán derecho al lucro cesante pero consideró que los derechos indemnizatorios por el gasto realizado serán “ineludibles”. El portavoz del grupo parlamentario solicitó al Ejecutivo una evaluación del coste de las posibles indemnizaciones y su impacto en los maltrechos presupuestos canarios. 

El portavoz nacionalista reiteró la predisposición de NC a “colaborar y facilitar cualquier estrategia en defensa del interés general”. Pero criticó el “imprudente” artículo 17 de la ley de medidas urgentes de 2009, cuya autoría es de CC y el PP.

“Se puede legislar en defensa de los intereses generales de Canarias,” como se demuestra en el hecho de que “no hubo ninguna sentencia condenatoria firme” contra la ley de medidas urgentes de 2001 y las directrices de 2003, recalcó. Dos normas, cuya aprobación estuvo precedida de tres años de un “intenso” debate social, institucional y técnico, reivindicó Román Rodríguez.

La respuesta de Barreto a la reclamación del portavoz de NC para tener acceso al anteproyecto de ley de modificación de la ley de renovación turística fue “sorprendente,” según expuso. Rodríguez recordó que, el pasado 15 de febrero, el Consejo anunció que, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, comenzaba la tramitación de la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística. “No se entiende” que la consejera dijera que la ordenación del turismo se retrasa a 2017.