La Coordinadora Popular de la Vivienda “AVANCE SOCIAL” manifiesta que las medidas del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, son insuficientes, inadecuadas a la realidad social y económica que están viviendo muchas personas y familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias, y especialmente  duras con las personas y familias menos favorecidas económicamente, que son los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública.

 La Coordinadora Popular de la Vivienda recordó, en su escrito de observaciones, sugerencias y alegaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, que la primera Iniciativa Legislativa Popular del Estado Español se presentó en Canarias y que ésta respondía a unas carencias, necesidades y demandas muy sentidas por la población canaria: la vivienda. Asimismo, hizo mención, en su escrito, a las numerosas luchas populares y las notables conquistas sociales (numerosas promociones públicas, acceso a la propiedad con precios asequibles) que, después, se verían seriamente afectadas, a partir de la segunda mitad de los años noventa, por la enajenación de suelo público, para la puesta masiva de suelo en el mercado privado, la reducción drástica de los planes de viviendas públicas, el desmantelamiento de la banca pública, incluido el Banco Hipotecario, dando lugar a la especulación inmobiliaria, a la vivienda como negocio, con cláusulas abusivas de suelo y el incremento brutal y artificial de los precios de las viviendas, y a la consiguiente pérdida de un bien social.

 La Coordinadora Popular de la Vivienda expresa en el escrito dirigido a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, su acuerdo con la necesidad de actuar para evitar el desalojo de las personas y familias afectadas por los procesos de ejecución hipotecaria expuesta en el preámbulo y en la Disposición Adicional Cuarta.

 Sin embargo, la medida más relevante del Anteproyecto, como señala la propia Consejería, es la puesta en marcha de un Registro de Viviendas Desocupadas, con medidas como las que se han venido aplicando en los últimos años en la Bolsa de Vivienda (incentivos fiscales, apoyo en el ámbito de la intermediación inmobiliaria, cobertura de seguros que cubran el riesgo de impago), es decir “sistematizar estas medidas de estímulo para movilizar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas.” Esta medida es claramente insuficiente, teniendo en cuenta el drama social que se está viviendo en sectores de la población, y que ya ha supuesto, como se reconoce en el propio texto del Anteproyecto, el lanzamiento judicial, en el periodo 2008-2012, de más de 10.000 personas o familias en Canarias a causa de un proceso de ejecución hipotecaria.

 Lo más grave es que no se tiene en cuenta la situación económica real que están sufriendo muchas personas y familias canarias (pérdida de empleo, paro sin perspectivas de nuevo empleo a corto plazo, agotamiento de las prestaciones por desempleo, subsidios de tan sólo 400 euros), cuando se afirma, en el Anteproyecto de modificación de la Ley de Vivienda, que las familias afectadas por las ejecuciones  hipotecarias y que se beneficiarán de las medidas del Gobierno  pagarán una cuantía no superior al 25% de sus ingresos.  ¿El 25% de esos ingresos mínimos a los que están condenando a las y los trabajadores en España, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas y los han llevado al impago de la hipoteca y al consiguiente desahucio? Serían necesarias otras medidas como la negociación de una moratoria que serían, sin lugar a dudas, más efectivas, si queremos, de verdad, evitar los desahucios.

 Por otra parte, el Gobierno de Canarias renuncia a la promoción pública, renuncia a  la posibilidad de convertir muchas de las viviendas vacías en viviendas públicas,  afirmando que “en la situación actual, con un considerable stock de viviendas vacías —se estima que más de 130.000 en Canarias— y con evidentes dificultades para tener salida en el mercado inmobiliario, no parece lógico que las políticas públicas en materia de vivienda sigan básicamente centradas en la vivienda protegida. Se hace necesario, más bien, arbitrar políticas y medidas que incidan sobre el mercado de la vivienda libre.”  Por lo tanto, son medidas más orientadas a favorecer a los promotores que tienen viviendas vacías, sin posibilidad de vender, que a las familias  que necesitan una vivienda permanente.

 En cuanto a la vivienda pública, el Anteproyecto no recoge la petición formulada por las familias de las promociones de VISOCAN que llevan 14 años pagando alquileres elevados para sus ingresos, cuando tendrían derecho a acogerse al decreto de acceso a la vivienda de 1999, que prevé una subvención del  50% del precio en propiedad, un simple  asiento contable  que aliviaría a las familias que tienen que hacer frente a nuevas carencias y problemas familiares derivados de la actual situación económica.

 Además de no atender estas peticiones prometidas desde la entrega de vivienda,  se endosa a las familias de las viviendas públicas más cargas económicas y no se corrigen las actuales políticas que lleva a cabo por le empresa pública VISOCAN, que también desahucia a familias por no poder pagar.

 Y todo el discurso sobre el derecho a la vivienda y el compromiso del Gobierno de Canarias de evitar los lanzamientos por parte de las entidades bancarias queda desacreditado cuando vemos la actuación que propone para las viviendas de promoción pública: “se requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que el arrendatario o adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido desahucio.”

 Realmente, ¿Hay una conciencia clara, en las Instituciones públicas que deben velar por el bienestar de la ciudadanía, de la situación por la que están pasando miles de familias canarias en las urbanizaciones sociales?