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sábado, 24 de febrero de 2024 21:41h.

Perú: Letal represión estatal es una muestra más del desprecio a la población indígena y campesina - ANMISTÍA INTERNACIONAL

 

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Perú: Letal represión estatal es una muestra más del desprecio a la población indígena y campesina - ANMISTÍA INTERNACIONAL

Desde el inicio de las protestas masivas en diferentes zonas del país en diciembre de 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado ilegalmente armas letales y han utilizado otras armas menos letales de manera indiscriminada contra la población, especialmente contra indígenas y campesinos ( campesinos) durante la represión de las protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo hoy Amnistía Internacional, al presentar los primeros hallazgos de su investigación en el país.

Durante la investigación en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, Amnistía Internacional recibió información sobre 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. La organización también recibió información sobre graves deficiencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la administración de justicia.

“Con un total de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 muertos por bloqueos de carreteras y un policía asesinado, así como cientos de heridos en un trágico período de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que el uso excesivo y letal de la fuerza sea el la única respuesta del gobierno durante más de dos meses al clamor de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

En un contexto de gran incertidumbre política, las primeras expresiones de malestar social surgieron en varias de las regiones más marginadas del Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuyas poblaciones mayoritariamente indígenas han sufrido históricamente discriminación, acceso desigual a la participación política y una lucha constante para acceder a los derechos básicos a la salud, la vivienda y la educación. Las protestas pronto se extendieron a la capital, Lima, y ​​otras partes del país.

Amnistía Internacional realizó un análisis a partir de datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, utilizando como parámetros la concentración de protestas y el número de muertos por la represión. Ha encontrado que el número de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal se concentra de manera desproporcionada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas. Esto a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otros lugares, como Lima, por ejemplo. Si bien las regiones con población mayoritariamente indígena representan solo el 13% de la población total de Perú, concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. La evidencia sugiere que las autoridades actuaron con un marcado sesgo racista, apuntando a poblaciones históricamente discriminadas.

El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y sus autoridades durante décadas ha sido el motor de la violencia utilizada para castigar a las comunidades que han alzado la voz. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En Juliaca, en la región de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de la población indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero en el marco de la represión policial. La propia Procuraduría General de la República declaró que las muertes fueron provocadas por proyectiles de armas de fuego, provocando uno de los hechos más trágicos y perturbadores de todo el país. A principios de este mes, el gobierno decretó el estado de emergencia en siete regiones, siendo Puno la única región que ha permanecido bajo control militar.

Durante su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a múltiples funcionarios estatales, incluidos representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así como empresarios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, abogados, familiares y testigos presenciales. El Laboratorio de Evidencia de Crisis de la organización también verificó 36 piezas de material fotográfico y de video, de las cuales al menos 11 apuntan al uso excesivo ya veces indiscriminado de fuerza letal y menos letal por parte de las autoridades.

“No es coincidencia que decenas de personas dijeron a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades los trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y sus autoridades durante décadas ha sido el motor detrás de la violencia utilizada para castigar a las comunidades que han alzado la voz”, dijo Erika Guevara-Rosas.

Homicidios arbitrarios y posibles ejecuciones extrajudiciales 

A pesar de que los estándares internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para controlar manifestaciones, la información recabada sugiere que en múltiples casos la policía y el ejército recurrieron a esto como uno de sus principales métodos para dispersar manifestaciones, aun cuando no había riesgo aparente para la vida de los demás. 

Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero hubo ciertos casos de violencia selectiva por parte de algunos manifestantes, incluido el lanzamiento de piedras con hondas caseras y fuegos artificiales. Sin embargo, la evidencia disponible indica que la policía y el ejército dispararon balas indiscriminadamente y en algunos casos a objetivos específicos, matando o hiriendo a transeúntes, manifestantes y quienes brindaban primeros auxilios a los heridos.

De las 12 muertes emblemáticas que Amnistía Internacional ha documentado hasta el momento, todas parecían haber recibido disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría indicar, en algunos casos, el uso intencional de la fuerza letal.

Jhonathan Erik Enciso Arias, estudiante de 18 años, jugador de voleibol e hijo de padres quechuahablantes, murió el 12 de diciembre a causa de municiones letales que lo alcanzaron mientras él y sus amigos se encontraban en el cerro local de Huayhuaca, que domina el Centro poblado de Andahuaylas. Decenas de ciudadanos se habían congregado en el lugar para observar y filmar la protesta de los lugareños luego de que la policía disolviera con gases lacrimógenos el cortejo fúnebre de dos jóvenes fallecidos el día anterior en el aeropuerto de Andahuaylas.

Videos y relatos de testigos presenciales sugieren que varios policías dispararon desde la azotea de un edificio frente al cerro ese día. Funcionarios estatales confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de policías en la azotea y la organización ha verificado imágenes que muestran que John Erik no estaba utilizando la violencia contra la policía cuando lo mataron. Otro joven, Wilfredo Lizarme, de 18 años, murió en circunstancias similares. Estos casos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Leonardo Hancco Chacca, un operador de maquinaria pesada de 32 años, murió luego de que soldados apuntaran y dispararan contra manifestantes cerca del aeropuerto de Ayacucho el 15 de diciembre, según múltiples testimonios e imágenes obtenidas por IDL-Reporteros. Testigos indicaron que las fuerzas armadas dispararon munición real durante al menos siete horas dentro y alrededor del aeropuerto, en ocasiones persiguiendo a los manifestantes o disparando en dirección a quienes ayudaban a los heridos. En total nueve jóvenes murieron, presuntamente como consecuencia de la acción militar, ese día.

Lesiones y daños a la integridad física

Desde que comenzó la crisis, más de 1.200 personas han resultado heridas en el marco de las protestas y 580 policías han resultado heridos, según cifras del Ministerio de Salud. 

Además de las heridas de bala, a partir del análisis de las imágenes, Amnistía Internacional ha identificado numerosas heridas provocadas por perdigones. Esta munición imprecisa, que lanza varios proyectiles en cada disparo, no es en absoluto adecuada para el control de manifestaciones.

En un caso, una bala atravesó el brazo de un joven mientras brindaba primeros auxilios el 15 de diciembre en Ayacucho. El joven dijo que recibió disparos de soldados que le apuntaban directamente a él y de manifestantes en la zona. Más de 60 personas resultaron heridas en Ayacucho ese día. 

En Lima, la evidencia recabada indica que el uso intensivo de municiones menos letales, como perdigones, así como gases lacrimógenos -que también pueden ser letales cuando se usan de manera indebida o cuando se disparan desde un lanzador directo al cuerpo- provocaron la muerte de una persona, que fue alcanzada por una bombona de gas en la cabeza, y decenas de heridos.

En Juliaca, el reportero gráfico Aldair Mejía fue alcanzado por perdigones en la pierna derecha, causándole graves lesiones, mientras cubría las manifestaciones y la violenta represión de la Policía Nacional el 7 de enero.

Investigaciones lentas y sin recursos 

Amnistía Internacional habló con las víctimas y recabó información oficial que indicaba que, si bien la Fiscalía General del Estado había tomado alguna medida importante, casi dos meses después de los hechos, pasos clave en las investigaciones, como la realización de ciertos informes periciales o la recolección de testimonios , todavía no había sido tomado. En algunos casos, no se ha preservado la cadena de custodia de ciertas pruebas, lo que socavaría la posibilidad de investigaciones verdaderamente imparciales y exhaustivas. 

La organización identificó casos en los que las primeras etapas de las investigaciones no reflejaron con precisión los hechos, como el caso de Beckam Romario Quispe Rojas, un futbolista y entrenador de 18 años, hijo de un campesino quechuahablante, quien falleció . durante una protesta en Huancabamba, Andahuaylas, en una pista de aterrizaje en desuso. La autopsia no precisó el tipo de proyectil que provocó su muerte y fue entregado un mes después de los hechos. 

“La Fiscalía General debe urgentemente liberar el tiempo y los recursos necesarios para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y posibles delitos de derecho internacional. Retrasar y descuidar este trabajo crítico contribuye a un clima de impunidad que solo fomenta este tipo de actos”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Estigmatización de manifestantes socava acceso a la justicia

Las autoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, alegando sin pruebas que tienen vínculos con el “terrorismo” y grupos criminales, para deslegitimar sus demandas y justificar violaciones a sus derechos humanos.

La organización también advierte que las autoridades han atacado continuamente a medios independientes e internacionales. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de graves violaciones a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. 

La organización entrevistó a más de 20 personas que resultaron heridas por bombas lacrimógenas, perdigones o balas durante las protestas, muchas de las cuales tenían miedo de denunciar sus heridas por miedo a ser procesadas penalmente. Algunos de ellos informaron haber recibido llamadas telefónicas amenazantes o haber sido vigilados por la policía.

“Cuando el discurso del Estado busca criminalizar a quienes se manifiestan, la sociedad en su conjunto pierde. Así se justifican arbitrariedades militares y policiales contra la población civil, se restringe la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido”, dijo Marina Navarro. 

El 21 de enero, la policía detuvo arbitrariamente a decenas de personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de que no existían fundamentos legales que justificaran tales detenciones. En el operativo, que duró varias horas y en el que participaron más de 500 policías, fueron agredidas y detenidas un total de 192 personas, entre estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de delegaciones de otras regiones del país que habían venido a Lima para participar en las manifestaciones. La naturaleza del operativo y los informes de violencia física y psicológica, así como las imágenes verificadas, indican posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Cuando el discurso del Estado busca criminalizar a quienes se manifiestan, la sociedad en su conjunto pierde. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú

Una persona detenida durante el operativo dijo a Amnistía Internacional que funcionarios de la Dirección Antiterrorista de la PNP amenazaron a sus detenidos con que “si [siguen] protestando [ellos] pondrán sus fotos en el muro de los terroristas”, refiriéndose al lugar donde Se identifican personas acusadas de este delito. 

Durante el operativo se reportó violencia física al momento de la intervención inicial, así como la detención indiscriminada de transeúntes, la negación del acceso a los defensores y el uso innecesario de esposas. Amnistía Internacional también recibió informes sobre la “plantación” de pruebas supuestamente incriminatorias y la práctica de al menos un arresto que luego no apareció en los registros oficiales de la operación.

La desigualdad socava los servicios que salvan vidas

El sistema de salud de Perú es uno de los menos financiados de América Latina y los trabajadores de la salud se ven gravemente privados de condiciones de trabajo justas y humanas. Muchas personas dijeron a Amnistía Internacional que la pobreza abrumadora, la falta de servicios y la desigualdad que sufren fueron parte de las razones por las que decidieron salir a la calle.

Robert Pablo Medina Llanterhuay, estudiante de secundaria de 16 años e hijo de un campesino, fue asesinado a tiros después de que testigos lo vieron caminar entre un grupo de manifestantes con una pequeña bandera peruana en la mano en la localidad de Chincheros el 12 de diciembre. Ese día, la policía había disparado gases lacrimógenos a quemarropa para dispersar a la multitud y le dispararon en el pecho. El hospital más cercano capaz de realizar una autopsia estaba a varias horas de distancia, lo que significa que los miembros de la familia no pudieron acceder a él y enterraron el cuerpo de Robert sin examinarlo. 

Otro joven de 15 años de la localidad de Pichanaqui, Junín, resultó gravemente herido por arma de fuego el 16 de diciembre, cuando caminaba del trabajo a su casa. Sin embargo, la falta de atención primaria lo llevó a visitar dos hospitales antes de ser operado cuatro días después en Lima. Organizaciones peruanas han contabilizado cientos de personas que han sido derivadas a la capital por el mismo motivo y, en muchos casos, han enfrentado discriminación y falta de recursos.

Recomendaciones preliminares 

El 15 de febrero, Amnistía Internacional se reunió con la presidenta Dina Boluarte para presentarle los resultados iniciales de su investigación, así como para recomendar a su gobierno, a todas las agencias estatales y a la comunidad internacional una serie de acciones que deben implementarse de inmediato y con un enfoque anti -enfoque racista:

1. Urge un cambio de táctica en la gestión de las manifestaciones. Las autoridades estatales deben poner fin al uso de la fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas menos letales como perdigones. Los gases lacrimógenos y otras armas menos letales solo deben usarse de manera adecuada y proporcionada.

2. La Oficina del Fiscal General debe impulsar con urgencia la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos al más alto nivel, incluida la realización de todas las investigaciones necesarias de manera rápida y exhaustiva y asegurando suficientes recursos y personal para los fiscales de derechos humanos. Además, se deben garantizar las condiciones de seguridad de víctimas y testigos. 

3. Las autoridades, y en especial el presidente de Perú, deben tomar medidas urgentes para acabar con la estigmatización de los manifestantes. Además, todas las ramas del gobierno deben tomar medidas oportunas para poner fin a la discriminación racial estructural. 

4. Las autoridades deben brindar apoyo urgente a las familias de los muertos y heridos. El apoyo y la reparación psicológica, económica y laboral de las víctimas debe ser una prioridad. 

5. La comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos deben tomar todas las medidas oportunas y urgentes para asegurar el cese de la represión y la rendición de cuentas de las autoridades peruanas.

“La grave crisis de derechos humanos que enfrenta el Perú ha sido alimentada por la estigmatización, criminalización y racismo contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas que hoy salen a las calles ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y en respuesta han sido sancionados violentamente. Los ataques generalizados contra la población tienen implicaciones en cuanto a la responsabilidad penal individual de las autoridades, incluidas las del más alto nivel, por su acción y omisión para detener la represión”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Reiteramos nuestro llamado a la presidenta interina Dina Boluarte y al resto de las autoridades estatales para que pongan fin a la represión, atiendan las legítimas demandas de los manifestantes y garanticen que el Estado cumpla con su obligación de investigar todas las violaciones de derechos humanos cometidas por los fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a los responsables”.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL
mancheta ene 23