Por un Plan de Rescate Social del Sur de Tenerife y soluciones habitacional para los desahucios que nos vienen - EL PUEBLO TIENE HAMBRE / PLATAFORMA VECINAL 29 E
Por un Plan de Rescate Social del Sur de Tenerife y soluciones habitacional para los desahucios que nos vienen - EL PUEBLO TIENE HAMBRE / PLATAFORMA VECINAL 29 E
Tal como habíamos anunciado, en la mañana de este jueves 4 de marzo representantes de los colectivos El Pueblo Tiene Hambre y la Plataforma 29E, en unión de la Concejala de Asuntos Sociales en la oposición en Arona Antonella Aliotti, celebramos reunión con el Consejero de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife, para tratar por un lado la situación del Sur de Tenerife y la puesta en marcha de un plan de rescate social de la zona, y por otro lado el asunto no menos preocupante y urgente de los desahucios de familias vulnerables a manos de fondos buitre en distintos municipios de la isla.
De entrada nos sorprendió que estando el señor Consejero con una pierna enyesada estuviera trabajando y no de baja, lo cual habla bien de su disposición a cumplir con sus obligaciones para con la ciudadanía. Al margen de esta impresión inicial, desglosamos punto por punto la problemática social que afecta a la zona Sur de Tenerife, reproducimos a continuación un fragmento de lo que presentamos por registro a este respecto:
"Por todos es conocida la situación en la que ha quedado la zona Sur de Tenerife tras la pandemia. El cero turístico mantenido durante un largo año (y lo que nos queda) ha traído consigo la ruina del sector con la subsiguiente quiebra de muchas empresas y el empobrecimiento generalizado de toda una comarca. Frente a esta realidad, lo que tenemos son unos ayuntamientos que no estaban preparados para lo que nos ha venido, y no disponen de recursos económicos suficientes para atender mínimamente la demanda de peticiones de ayuda de familias en situación de extrema vulnerabilidad, y en casos como Granadilla de Abona, no parecen tener ni tan siquiera la voluntad, con la Oficina de Servicios Sociales cerrada a cal y canto desde hace meses, remitiendo a los usuarios a un teléfono y un correo electrónico, una vía que hace muy difícil para muchas familias acceder a una prestación social.
Abundando en esta falta de voluntad institucional por ayudar a las familias que peor están en el sur de Tenerife, hemos de apuntar cómo nos están llegando denuncias de familias que no son empadronadas en el municipio por encontrarse viviendo en casas ocupadas o edificaciones de índole similar, siendo como es un derecho recogido en la normativa aplicable de régimen local también para familias con esta situación habitacional (Véase el artículo 2.3 de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal).[1]
En el ámbito de la Administración autonómica, ha pasado un año y las ayudas sociales brillan por su ausencia, y aún está por ver si los 165 millones habilitados por el Gobierno Autónomo destinados a dar cobertura a autónomos y pequeñas empresas llega a algo.
En lo que concierne a las ayudas europeas por la pandemia, vemos como la mayoría están encuadradas y supeditadas al desarrollo de proyectos de diverso tipo, pero no a ayuda directa para emergencia social.
Y en la parte que toca al gobierno central, recientemente hemos sabido que el 84% de las peticiones de ingreso mínimo vital (IMV) registradas en Canarias han sido denegadas. Siendo notoria la poca aportación del Gobierno PSOE-UP a partidas de emergencia social, uno de los países que menos aporta, la mitad que países como Francia o Alemania teniendo tasas de pobreza y paro menores.
Vemos pues que la situación del Sur de Tenerife es sumamente desesperada, y son muchas las competencias que tiene el Cabildo de Tenerife como institución supramunicipal coordinadora de las políticas municipales de la isla."
Una vez presentada la problemática general del Sur de Tenerife pasamos a proponer soluciones, recibiendo el compromiso formal del Consejero de actuar en la parte que afecta a las negativas a empadronar a familias residentes en viviendas ocupadas, comunicando con los ayuntamientos de Tenerife por la vía correspondiente. Le insistimos en que no es posible derivar el grueso de la asistencia social a familias en situación precaria a ONG y entidades del tercer sector como el Banco de Alimentos, por las muchas limitaciones e irregularidades que esta vía conlleva, siendo necesaria una apuesta clara de las Administraciones, más allá de parches o brindis al sol. Para el resto de problemáticas relativas al sur de la isla que implican a otras áreas del Cabildo obtuvimos el compromiso de tratarlas con otras áreas de la Corporación insular, a través de su consejería.
En la cuestión que concierne al aluvión de desahucios que nos esperan a partir del 9 de mayo a manos de fondos buitre, le trajimos a colación la Moción sobre Vivienda que el Pleno del Cabildo aprobó por unanimidad durante el verano de 2015, que está guardada en un cajón desde entonces. Expresamos nuestra disconformidad ante lo que supone una tomadura de pelo a la ciudadanía, una más, y le recordamos que esa moción llevaba el compromiso de crear una oficina de intermediación ante los desahucios, que apenas está cubierta con el proyecto Base25 de Cáritas, a todas luces muy deficiente. También en este punto repasamos la problemática general de la vivienda en Canarias, insistiendo en la escasez de soluciones reales de nuestras administraciones, más allá de ideas, intenciones, proyectos, comunicados y otras afirmaciones de cara a la galería, no pudiendo ser muy optimistas en este sentido, pues el problema es muy grande y la valentía imprescindible que hace falta no la vemos por ningún lado en las Administraciones canarias.
En el lado positivo obtuvimos el compromiso del Consejero para hacer de puente con el Instituto Canario de la Vivienda, en aras de poner solución a los desahucios en los que de una u otra manera se encuentra implicada la Administración a través de Visocan o del ICAVI.
Copiamos a continuación los puntos que presentamos a la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda, con copia a otras áreas del Cabildo:
1.- Qué dada la urgencia y gravedad de lo que está pasando en la zona sur de Tenerife, en base a las competencias propias que tiene el Cabildo de Tenerife en coordinación municipal, fomento en materia de Servicios Sociales, coordinación municipal en el ámbito tributario, desarrollo del empleo y fomento económico, régimen Municipal y otros, ponga los medios económicos y humanos necesarios, en coordinación con otras administraciones autonómicas y locales, para la pronta y efectiva puesta en marcha de un Plan de Emergencia Social y Rescate de la Zona Sur de Tenerife.
2.- Que dada la situación de emergencia habitacional generalizada que sufre la isla de Tenerife, con un aluvión de desahucios programados para los próximos meses, muchos más a partir del fin del estado de alarma y la moratoria que establece el Real Decreto 37/2020:
2.1.- Retome de inmediato para su puesta en marcha lo que establecía la Moción sobre vivienda que se aprobó en el Cabildo en verano de 2015, con más razón si cabe por cuanto el propio Real Decreto 37/2020 obliga a las Administraciones Públicas a garantizar una solución habitacional digna para las familias afectadas por desahucios que se acojan a la moratoria.
2.2.- Como máxima institución insular que es el Cabildo, tome partido explícito por la regularización de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario, en la vivienda en la que residen o en su defecto en otra con las mismas garantías que no implique alejar a la familia de su entorno.
2.-3.- Inste a quien proceda a esclarecer y depurar la responsabilidad sobre la mala praxis y las presuntas irregularidades que se observan en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y empresas y administraciones públicas como Visocan o el Instituto Canario de la Vivienda.
2.4.- Promueva las condiciones necesarias para que nuestras Administraciones Públicas firmen acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares, tal como establecía la Moción aprobada en su momento a la que hacemos alusión.
2.5.- Tal como establecía la Moción aprobada en su momento a la que hacemos alusión, retiren sus depósitos y fondos económicos de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife, e insten a otras instituciones públicas a hacer lo mismo.
2.6.- Inste a las Administraciones Públicas que correspondan por competencias a que apliquen una subida del IBI a fondos buitre y otros grandes tenedores de vivienda con fines puramente lucrativos, para ponerlos en situación de liberar casas para alquiler social y evitar al tiempo una especulación desmedida.
Es todo de momento, un 4 de marzo de 2021.
EL PUEBLO TIENE HAMBRE
PLATAFORMA 29E.
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[1] - https://www.boe.es/diario_boe/
