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sábado, 10 de diciembre de 2022 01:03h.

La Plataforma por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito de Tenerife, denuncia los obstáculos existentes en Canarias para ejercer el derecho al aborto

4. CARTEL 28S 2022

 

La Plataforma por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito de Tenerife, denuncia los obstáculos existentes en Canarias para ejercer el derecho al aborto

 

La Plataforma por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito de Tenerife exige a la Consejería de Sanidad que elimine los obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con motivo de la Conmemoración del 28 de Septiembre, Día Internacional por el Derecho al Aborto y por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Plataforma por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito de Tenerife ha emitido un comunicado en el que exigen tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de Canarias que cumplan con sus obligaciones a la hora de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva.

3. FOTO 28S 2022

Según señala la Plataforma “hace ya 12 años que se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Sin embargo, añaden, “la realidad nos muestra que hay una enorme distancia entre los derechos reconocidos en la ley y su puesta en práctica por parte del Gobierno Estatal y del Gobierno de Canarias”.

En este sentido denuncian “la carrera de obstáculos que hay que afrontar cuando se quiere interrumpir un embarazo”. Según refieren, “el Servicio Canario de la Salud obliga a tener que desplazarse desde el municipio de residencia a las Direcciones de Área de Salud de cada isla, ubicadas en las capitales insulares, para poder solicitar y gestionar la prestación. Se están requiriendo hasta  tres desplazamientos consecutivos antes de que se realice la derivación al centro donde se practicará la intervención”, lo que a juicio de la Plataforma “constituye un claro maltrato institucional y una barrera a la hora de acceder a la IVE”. A este respecto, reclaman a la Consejería de Sanidad “que dicha solicitud pueda ser gestionada desde los centros de atención primaria, y que se facilite el proceso para acceder a la prestación”.

Asimismo, denuncian que “en Canarias las IVES que la ley califica como “interrupciones del embarazo a petición de la mujer”, es decir, la inmensa mayoría de las realizadas, están siendo derivadas por la Consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas (dos en Tenerife y dos en Gran Canaria), mientras que en los centros públicos acreditados solo se están realizando las calificadas como “interrupciones por causas médicas”, que suponen un exiguo porcentaje del total”. Desde la Plataforma señalan que “esto hace que en la mayor parte de las ocasiones quienes residen en las islas no capitalinas tengan que desplazarse fuera de su isla para acceder a la prestación, lo cual podría solventarse si dichos abortos fueran realizados en los hospitales públicos insulares”. Añaden que “según los últimos datos, del total de abortos realizados en Canarias en 2020, el 96’9% se llevaron a cabo en centros privados, y tan solo un 3’1% fueron realizados en centros sanitarios públicos”.

Por otro lado, ante la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pendiente de ser debatida y aprobada en las Cortes Generales, la Plataforma se posiciona solicitando “una ampliación de los derechos reconocidos por la legislación vigente, de forma que se despenalice definitivamente el aborto voluntario, se garantice el derecho a la libre decisión de las menores de 16 y 17 años, se regule la objeción de conciencia del personal sanitario para que no sea un obstáculo en la práctica de la IVE en la sanidad pública, y se asegure el acceso en condiciones de equidad de quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las migrantes en situación irregular, las personas no binarias y hombres trans con capacidad para gestar, las víctimas de violencia de género o las mujeres con discapacidad”.

Desde la Plataforma recuerdan que “para poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos no es suficiente con que estén reconocidos en las leyes”. Afirman que “si bien es importante contar con una legislación adecuada, es imprescindible que exista además la voluntad y el compromiso de hacerla cumplir”, para lo que consideran necesario “que se dediquen presupuestos suficientes a la financiación de los servicios públicos, y en concreto a la información, sensibilización y educación, a la dotación de recursos humanos y materiales, a la formación de profesionales, y que se articulen mecanismos de control y seguimiento para que estos derechos queden garantizados en la práctica”.

 

MANIFIESTO

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

 

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN PARA TODAS

 

Un grito global, desde hace décadas, recorre el mundo diariamente por nuestro derecho a decidir. Grito que sale de millones de gargantas envueltas en pañuelos verdes.

Cada 28 de septiembre, en el Día Internacional de la lucha por el Derecho al Aborto y por los Derechos Sexuales y Reproductivos exigimos que esos derechos los podamos tener todas. En unos lugares, exigiendo tener leyes que despenalicen para no sentir el miedo y la angustia de que te detengan, juzguen y encarcelen o que llegues a morir si te impiden decidir sobre tu cuerpo y tu vida, como Malta o Andorra. En otros, luchando contra los retrocesos en las leyes que imponen sectores reaccionarios como en EEUU o Polonia (donde en 2020 se impusieron restricciones gravísimas como considerarlo ilegal en el supuesto de defecto grave e irreversible o enfermedad incurable que amenace la vida del feto) que abocan al aborto clandestino. Y en otros, luchando contra los sectores reaccionarios al mismo tiempo que seguimos exigiendo avances en la legislación y en la práctica, como en España, Irlanda, Argentina o la misma Colombia.

En la actualidad, producto de las continuas crisis económicas y la pandemia, se han agudizado las desigualdades en este sistema capitalista y patriarcal, y existen amenazas reales con nuevos recortes en nuestros derechos sexuales y reproductivos para mantener el control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad y nuestra identidad.

En el Estado Español sufrimos ya una contrarreforma, protagonizada por el PP en el 2015, arropado por grupos religiosos, que no fue a más por la lucha del movimiento feminista, pero que nos dejó una serie de restricciones que han hecho mucho daño a quienes decidían acceder a la interrupción de su embarazo. Esa contrarreforma es lo vigente y el gobierno actual la ha mantenido durante estos años, al igual que ha mantenido las barreras de procedimiento y normativas que obstaculizan el acceso al aborto. No nos olvidamos de seguir denunciando las dificultades para poder abortar en un centro sanitario público ni que aún sigue como delito en el Código Penal.

En 2020 destacamos las limitaciones por las restricciones en la movilidad o el no poder acceder a unos servicios públicos de salud desbordados, con empleos precarios, cierre de servicios de información, etc. Pero pasado lo peor de la pandemia vemos que la situación no ha mejorado. El Sistema Sanitario público está atravesando una situación gravísima por falta de inversión; el trato a quienes tienen que abortar porque así lo han decidido, es inapropiado, la desinformación en torno a realidades diversas es muy generalizado y no todas tienen las mismas posibilidades, como las migrantes por la existencia de una nefasta Ley de Extranjería, y de las que destacamos el caso de quienes vienen en pateras, algunas embarazadas como resultado de violaciones y que se les informa parcialmente, negándoles por esa vía la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas en caso de riesgo para la vida o salud de la embarazada o porque existan anomalías graves en el feto.

En Canarias seguimos con las barreras de desplazamiento para solicitar una IVE, hay que acudir hasta tres veces a las Direcciones de Área de Salud, situadas en las capitales de cada isla, para cumplimentar los trámites, ya que no se permite realizarlo a través de los centros de Atención Primaria; el cuarto desplazamiento es para la realización de la intervención.

Por otro lado, el protocolo establecido por el Servicio Canario de Salud hace que el 96,9% de las IVE practicadas en Canarias en 2020 se hayan realizado en centros sanitarios privados y tan solo un 3,1% en centros públicos. Esto obedece a que el Servicio Canario de la Salud deriva a las clínicas privadas todas las IVES solicitadas “a petición de la mujer”, que en 2020 representaron el 96,4%. En la red pública, la IVE se convierte en una excepcionalidad.

La realidad es que destruyen la sanidad pública en beneficio de una privada a costa de dinero público al mismo tiempo que aplican criterios morales para restringir el derecho a abortar en los hospitales públicos.

El aborto no es un dilema moral que haya que debatir, es una decisión de cada persona, por lo que denunciamos el acoso al que se ven sometidas por grupos de ultraderecha y ultra-religiosos que se apostan fuera de las clínicas o que usan sus profesiones sanitarias para coaccionarlas.

Denunciamos el que se usen los púlpitos de las iglesias y las fiestas de los pueblos para lanzar proclamas contra los derechos de las mujeres y que los gobernantes, en un estado supuestamente aconfesional, sigan amparándoles con su asistencia a este tipo de actos y solo condenen dichas declaraciones en twitter en un intento ridículo de justificarse. Se espera más de quienes dicen defender nuestros derechos.

De los partidos de derechas y ultraderecha no nos sorprende su reacción de apoyo a este tipo de declaraciones de distintos obispos y del clero, porque siempre van en contra de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Esa derecha que mantiene intacto los dictados franquistas, envueltos en el manto religioso y amparados por el alza de la reacción fascista a nivel mundial, que aprovechó los momentos de crisis para revertir los derechos conseguidos y así tener mayor control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y disidentes sexuales y de género, esa derecha vuelve a lanzar todo su poder para revertir lo conseguido y que no podamos avanzar.

En estos tiempos nos volvemos a posicionar frente a una nueva reforma que ya está en las Cortes para su debate, que sabemos volverá a encender y ocupar mucho tiempo de los llamados debates televisivos, periodísticos y de radio. Hablarán tertulianos, moralistas, opinadores,… Tendremos que recordarles que somos nosotras quienes decidimos porque son nuestros cuerpos y nuestras vidas, que es un derecho irrenunciable, un derecho que tiene que tener unos servicios para poder ejercerlo.

Por lo expuesto:

Exigimos la eliminación de las distintas limitaciones existentes en la Ley y en las normativas que impiden interrumpir un embarazo no deseado, como la de la edad, los consentimientos paternos, los días de reflexión, los excesivos trámites burocráticos,…

Exigimos una regulación específica de la objeción de conciencia en los centros públicos canarios que no menoscabe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El personal sanitario no puede anteponer sus creencias políticas o religiosas a la hora de llevar a cabo sus funciones, pues el derecho a interrumpir un embarazo es un derecho no sujeto a la moralidad de los demás, sino de la persona que decide sobre si cuerpo y su vida.

Exigimos servicios de salud sexual y reproductiva con atención profesionalizada competente para abordar los distintos aspectos relacionados con la sexualidad y la anticoncepción. Exigimos la puesta en marcha de mecanismos para eliminar las disparidades y asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos para todas las personas, sea cual sea su circunstancia.

Exigimos que se aborde de forma integral el desarrollo de una Educación y Atención Sexual y Afectiva con perspectiva de género y no cisheteronormativa, que ayude a eliminar prejuicios, desigualdades y violencias en las relaciones y en las formas de entender la sexualidad, apostando por la educación como base de todos los cambios. Es básico formarnos en la afectividad, en la sexualidad, en la diversidad y en el respeto para vivir y resolver satisfactoria y responsablemente nuestras necesidades de relación y de vinculación afectiva y erótica. Para ello es necesario que esos conocimientos y herramientas se ofrezcan de forma estructurada y continuada en el aula, formando parte de los contenidos curriculares, contar con tiempo, materiales y docentes con competencias para implementar esta formación, en colaboración y coordinación con las familias y los servicios sanitarios y sociales.

Para evitar embarazos no deseados es necesario tener acceso a los diferentes métodos anticonceptivos seguros, de nueva generación, independientemente de la edad y de forma gratuita a cargo de la Sanidad Pública.

Hay que recuperar los servicios dirigidos a la juventud, centros de planificación y orientación familiar, dotar de más recursos humanos y materiales a la red sanitaria para atender lo referido a la salud sexual y reproductiva, acceso a las consultas sexológicas, atender específicamente en función de nuestras etapas vitales y de nuestra diversidad sexual. La red sanitaria pública de calidad es quien puede garantizar el carácter universal.

El derecho a disfrutar plenamente de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones ni obstáculos, sea cual sea la edad, el origen, la etnia, la clase social, la orientación sexual, identidad sexual y de género, la diversidad funcional o nuestra situación administrativa, es irrenunciable. El derecho al acceso al aborto en una cuestión de salud pública que se debe garantizar por los Estados en condiciones de igualdad, legalidad, seguridad y gratuidad.

Estaremos atentas a lo que vaya sucediendo con la propuesta de modificación de la actual Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pendiente de ser discutida y aprobada en las Cortes Generales. Para ser apoyada por el movimiento feminista tendrá que contener y garantizar los aspectos señalados anteriormente, así como disponer de todos los recursos y medios suficientes para que en la práctica no existan obstáculos y sea una realidad el libre acceso al aborto en condiciones de equidad. acceso libre, seguro y gratuito.

¡NI UN PASO ATRÁS!

¡ABORTO LEGAL, GRITO GLOBAL!

¡DERECHO AL ABORTO, LA SOCIEDAD RESPETA, EL ESTADO GARANTIZA, LAS IGLESIAS NO INTERVIENEN!

Plataforma por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito

4. CARTEL 28S 2022
MANCHETA AGOSTO 22