Podemos se querella contra el juez del Supremo Luis María Díez-Picazo, que ha frenado la doctrina que carga a la banca el impuesto sobre registro de hipotecas
Podemos ha presentado una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo , al que considera responsable de un delito de prevaricación judicial al instar la revisión de la doctrina consolidada por la cual corresponde a los bancos y a no a los clientes pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de préstamos hipotecarios.
La formación también reclama la suspensión del Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, convocado para el próximo 5 de noviembre, en el que se decidirá si esa tasa la abonan los bancos o los clientes. Está previsto que ese día 31 jueces decidan sobre si el Supremo debe adoptar la doctrina fijada en una sentencia del pasado jueves que, en contra de lo señalado por dos sentencias anteriores del mismo tribunal, fijó que deben ser las entidades financieras las que tienen que abonar esa tasa vinculada a la hipotecas.
Sin embargo, sólo 24 horas después, el Supremo anunció que se iba a revisar ese fallo bajo el argumento de que suponía un "giro radical" que había provocado una "enorme repercusión económica y social". Y anunció la paralización de los miles de recursos pendientes hasta que se decidiera qué criterio aplicar.
Podemos considera que, al convocar ese pleno, Díez-Picazo obró motivado por un interés "totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia" y motivado por "un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española y en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras". El partido cree que esta decisión, que entiende que atenta contra la independencia judicial, "solo pretende beneficiar de forma especial y particular al sistema financiero" ante un fallo que según las "apreciaciones totalmente subjetivas" de las entidades financieras "podría ser contraria a sus intereses económicos".
La formación de Pablo Iglesias entiende que el magistrado añadió "torticeramente" la expresión "repercusión social" a la justificación de su acuerdo, cuando lo que en realidad pretendía evitar era la "hipotética repercusión económica" que ese fallo podría tener sobre las cuentas de resultados de las entidades financieras.
Además, Podemos reclama que se practiquen varias diligencias. Entre ellas, la obtención del listado de llamadas que recibió Díez-Picazo tanto a sus teléfonos particulares como a los teléfonos de su despacho en el Supremo, entre los días 16 y 19 de octubre, fecha de la sentencia y del acuerdo; o el acta de la reunión que mantuvo este lunes 22 de octubre con el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Tercera y los seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala Tercera que dictaron la última sentencia que decretó que debían ser los bancos los que pagaran esa tasa.