Sí se puede critica la voluntad del PP de impedir el derecho a consultar a la ciudadanía

El portavoz de Sí se puede para asuntos canarios, Roberto Rodríguez Guerra, ha criticado la acción del Gobierno del PP, utilizando el Tribunal Constitucional (TC) como un instrumento para impedir que la ciudadanía pueda ser consultada sobre su futuro.

La suspensión de la consulta catalana, usando la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno del PP en el TC, prevista para el 9 de noviembre es, para la formación ecosocialista, el antecedente directo de lo que puede pasar con la ley canaria de Participación que el Gobierno canario y diversos colectivos sociales promueven para que la población isleña opine sobre diversos problemas que nos afectan, en especial las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago.

“Impedir que la población pueda expresar su opinión, poner veto al derecho a decidir, es una conducta antidemocrática e impropia de una sociedad del siglo XXI”, explica. El portavoz afirma que su organización defiende el derecho del pueblo canario y del resto de pueblos del Estado a establecer sistemas de consulta con los que la población puedan decidir libremente sobre su futuro, “algo que debería ser un derecho básico de la ciudadanía”.

Rodríguez cree que el Partido Popular utiliza los estrechos vínculos que mantiene con algunos de los miembros del Tribunal Constitucional para imponer su visión sobre el Estado español, impidiendo la puesta en marcha de unas consultas que son plenamente legítimas. “Impedir a la gente se exprese sobre asuntos que les afectan o les interesa es el estilo de vieja política que PP-PSOE defienden a nivel del Estado, con la excusa de que la Constitución lo impide”, manifiesta.

La formación canaria asegura que el PP está usando la Constitución para impedir que miles de personas puedan expresarse y para mantener un sistema de organización del Estado que una parte significativa de la sociedad actual no asume, “es un ejemplo de la incapacidad política de los grandes partidos para asumir un diálogo social y un auténtico proceso constituyente que es necesario”.

Finalizan asegurando que el bloqueo a la ley de consultas catalana es un precedente claro para Canarias, y por las declaraciones del propio Gobierno español se tiene claro que piensan aplicar el mismo trato para impedir que nuestra población pueda decir qué opinión tiene sobre las prospecciones petrolíferas y otros importantes asuntos que nos afectan.

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