Sí se puede lleva a la Comisión de Control de Santa Cruz de Tenerife el debate sobre la contratación de empresas que evaden impuestos

Hernández Bolaños consulta al concejal de Hacienda, Juan José Martínez, por las posibles consecuencias de la condena por fraude fiscal al presidente de la empresa que suministra combustible al ayuntamiento capitalino

Sí se puede pregunta en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre las medidas preventivas que, en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, haya previsto el grupo de gobierno de CC-PP ante una eventual prohibición de contratación de servicios a la empresa Red de Servicios Petrolíferos S.A., Disa.  

La pregunta, que el concejal ecosocialista en la corporación de la capital tinerfeña Eligio Hernández Bolaños dirige al concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Martínez Díaz, se basa en distintas situaciones que afectan a la empresa con la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene contratado el suministro de combustible para el parque móvil del ayuntamiento y de sus organismos autónomos, cuya prórroga se vence el 25 de enero de 2017. La empresa, además, además mantiene relaciones de colaboración con el ayuntamiento a través de su Fundación.

Hernández Bolaños consulta, en concreto qué piensa hacer el ayuntamiento en relación con la reciente licitación del acuerdo marco para el contrato de suministro de combustible para el parque móvil municipal en el caso de que se presente de nuevo esta empresa, y, además, plantea por qué no se decretan medidas preventivas para introducir “en los pliegos cláusulas que impidan participar en licitaciones de este Ayuntamiento a personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas por fraude fiscal”.

El concejal apunta a que Disa está afectada por distintas situaciones, en primer lugar, la multa de 93 millones de euros por fraude fiscal surgida de un pacto entre la Fiscalía Anticorrupción y los accionistas mayoritarios de Disa –Demetrio  Carceller Arce y su padre–, ratificado el pasado 8 de septiembre en la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por el que ambos empresarios se libraron de penas de cárcel. Hernández recuerda que los hechos objeto de este pacto constituyen “penalmente uno de los casos de mayor importe de fraude fiscal cometidos en España por omisión de pago de impuestos, utilizando como modelo defraudatorio la deslocalización de su residencia”.

Además, Disa fue multada en 2015 con más de un millón de euros por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) al considerarse probado que había incurrido en intercambio de información, pacto de no agresión y coordinación comercial en materia de precios.

A juicio de Sí se puede, “la contratación pública debe someterse a una consideración o perspectiva estratégica”, según señala el concejal, porque se trata de “una de las principales herramientas al servicio de las políticas públicas”.

Hernández apunta, además, que “la evasión fiscal, y por extensión el fraude fiscal, es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones ventajosas frente a las pequeñas o medianas empresas locales y contra la que la administración tiene que actuar con contundencia”.