Asun Frías exige a Óscar García más personal para promover la integración sociolaboral de perceptores de PCI

Sí se puede reclama al IMAS que se ponga al día en la gestión de la prestación en Santa Cruz de Tenerife

La concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Asun Frías exige al concejal presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García González, que dedique más personal a promover la integración sociolaboral de las familias perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Además, Frías exige a García que se ponga al día en la gestión de la prestación en Santa Cruz y que responda en la Comisión de Control municipal, que se celebra el próximo jueves 16 de marzo, por los retrasos que se están dando en esta fase de la tramitación de las ayudas, que es responsabilidad municipal.

A juicio de Sí se puede, la falta de personal para atender la demanda ciudadana para recibir la PCI es “especialmente grave” porque incumple lo señalado en el artículo 1 de la ley que regula esta ayuda, en el que se establecen como objetivos esenciales “ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes carecen de recursos económicos” y “apoyar la integración social mediante la realización de actividades de inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar”.

En este sentido, Frías destaca que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no dispone de “suficiente personal como para gestionar la tramitación de las ayudas económicas con la suficiente celeridad, y menos todavía para realizar las intervenciones y los acompañamientos necesarios para promover la integración socioeducativa y sociolaboral efectiva de la población perceptora de la prestación”.

En cualquier caso, Sí se puede considera que estas y otras ayudas no son capaces de afrontar con dignidad, como debe promoverse desde el ámbito público, el empobrecimiento creciente que afecta a gran parte de las familias de la capital tinerfeña y en todo el Estado, porque se trata de ayudas concedidas con un criterio asistencialista, que no llegan a la raíz de los problemas y que, en cambio, son muy aptas para su uso con intención clientelista.

La organización es partidaria de la puesta en marcha de una renta básica para la ciudadanía que incida sobre la pobreza con un enfoque basado en el reconocimiento de derechos esenciales y que suponga el abandono de las políticas de parches inspiradas en la caridad y la beneficencia.

La concejala de Sí se puede pedirá a García información sobre cuántas unidades de convivencia hay en lista de espera para solicitar la PCI en cada una de las Unidades de Trabajo Social (UTS), así como cuántos expedientes correspondientes a solicitudes iniciales se han abierto en 2017, cuándo y cómo piensa el IMAS ponerse al día en la gestión de la PCI. Además, Frías preguntará al responsable de la política social del gobierno municipal de CC-PP cuáles son los resultados cuantitativos y cualitativos respecto a la integración social, escolar y laboral de las familias que percibieron esta prestación en el municipio durante el año 2016.

Con su pregunta, la concejala de Sí se puede se hace eco de las quejas recibidas en el grupo municipal a lo largo de las últimas semanas, expresadas por personas de diferentes barrios que aseguran que, “al ir a tramitar las solicitudes de la PCI a sus UTS, han sido informadas de la existencia de centenares de familias en las listas de espera, por lo que les ha comunicado que tardarán semanas o meses en iniciar sus respectivos expedientes”.

Frías subraya que “ese primer trámite de solicitud es responsabilidad del Ayuntamiento y es evidente que la reducción de los equipos tramitadores de la PCI ha ido en detrimento de la buena gestión en intervención social en este ámbito”, por lo que la organización se muestra preocupada “sobremanera” por las quejas vecinales. La concejala recuerda que, antes de 2014, el Ayuntamiento contaba con equipos técnicos más amplios; sin embargo, “desde enero de ese año solamente hay una trabajadora social responsable de PCI en cada una de las UTS”, a ello se suma que, durante los primeros meses o semanas de cada año no suele haber nadie gestionando ese derecho básico “y en este 2017 la contratación de los equipos se ha retrasado respecto al año pasado”.