La reforma de la PCI: mucho ruido y pocas nueces - Asamblea canaria por el reparto de la riqueza
Rueda Prensa 4 de febrero 2015 presentando este comunicado sobre la reforma de la PCI en S/C de Tenerife
Desde que en julio de 2013 el Parlamento de Canarias aprobara la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humana que incluía el compromiso de corregir los problemas detectados en la PCI con un nuevo redactado de la Ley, han tenido que pasar 18 meses para que se apruebe esta nueva ‘estafa social’ que sigue sin dar respuesta a los problemas de desigualdad social y pobreza en Canarias, quedando demostrada, una vez más, la incapacidad del gobierno autonómico.
Según el informe de la Fundación FOESSA, Canarias tenía en 2013, 603.000 personas en riesgo de exclusión social, de las cuales 230.000 estaban en exclusión severa (unos 80.000 hogares). Por otro lado, según la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el mismo periodo, se concedieron 4.706 solicitudes de PCI, destinando a ese fin 20 millones de euros, lo que implica que esta ayuda llegó únicamente a 1 de cada 17 hogares que lo necesitan de forma urgente y sólo llegó a 1 de cada 45 hogares si contamos los que están en riesgo de exclusión.
Y mientras todo esto ocurre, el 0,2% de la población (4.000 personas) sigue teniendo el 80% de la riqueza en las islas, el beneficio de las empresas creció un 73%, el dinero acumulado en la RIC ya supone varias veces el presupuesto del gobierno de Canarias y las 5 personas más ricas del archipiélago podrían gastarse un millón de euros diarios frente a las 142.000 personas que no reciben ingreso alguno.
La nueva Ley en lo sustancial no cambia nada respecto la PCI y únicamente ha servido para que Doña Inés Rojas haya salido a explicar en numerosas ocasiones que ahora se cubrirá, no sólo a las familias excluidas, sino a las que están en riesgo de exclusión, la tramitación será más rápida y otras sandeces por el estilo, 18 meses hablando de las maravillas de una ley que todavía deberá esperar un mínimo de tres meses (compromiso del Gobierno de CC) hasta aprobar el Reglamento que hará posible la aplicación de la misma.
Canarias es el paraíso de la desigualdad y por ello desde los colectivos firmantes, denunciamos que no existe voluntad política para terminar con la pobreza. La señora Consejera Inés Rojas en sus declaraciones habla de la necesidad de una renta mínima estatal, una vez más responsabiliza al gobierno del Estado Español de la falta de cobertura de las personas empobrecidas, pero su partido político, y el Gobierno de Canarias sigue gobernando para las personas ricas. En la parcheada ley nada se dice de dónde sacarán el dinero para pagar la PCI a quienes cumplen los requisitos, ninguna mención a la dotación de los medios humanos y materiales necesarios para que esta ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, tampoco se explica cómo se pretende dar cobertura a las personas en riesgo de exclusión sin haber cambiado los restrictivos requisitos para tener derecho a la ayuda.
No pedimos ayudas, exigimos derechos.
Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza
Confederación General del Trabajo (CGT)
Puntos de Información de Derechos Sociales del CSO Taucho y La Casa
RedESSCAN