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martes, 30 de abril de 2024 16:16h.

La situación de la sanidad pública continúa agravándose en Canarias por la mala gestión de la Administración

Rueda de Prensa de la Federación de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria

Rueda de Prensa celebrada hoy jueves día 12 de junio de 2014, por la Federación de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria

Audio de la rueda de prensa ofrecida por RADIO SAN BORONDÓN

Están presentes por nuestra organización:

  • Lucy Rodríguez Gangura en representación del Secretariado Confederal Nacional de Intersindical Canaria.
  • Marcos Baiget Miñarro en representación del Secretariado Confederal Insular de Gran Canaria de Intersindical Canaria.
  • Begoña Santana Guillen en representación del Secretariado Insular de la Federación de Salud de IC en Gran Canaria.
  • Bernardo Medina Rodríguez en calidad de responsable de Comunicación y de Organización de la Federación de Salud de IC en Gran Canaria.

Temas tratados: Problemática de Salud de Gran Canaria. Privatización sanidad pública en Canarias mediante las Unidades de Gestión Clínica –en principio como experiencia piloto- por el Gobierno de Canarias.

En cuanto a las Unidades de Gestión Clínica se informó lo siguiente:

Las Unidades de Gestión Clínica implantadas en Canarias por la Consejería de Sanidad y el Gobierno Canario como experiencia piloto, en los servicios de Nefrología en el HUC y en el Negrín, en Pediatría y Cirugía Pediátrica en La Candelaria y en Digestivos del CHUIMI, son la vía canaria de aumentar la privatización de la sanidad en nuestra Comunidad, una decisión política ya tomada y que se nos informa en la última Mesa Sectorial de Sanidad y que nada tiene que ver con la tan cacareada eficacia y eficiencia del sistema sanitario. Hace pocos meses –se nos informa- deciden contratar a una empresa privada para que les indique cuales son las unidades –las señaladas- de los cuatro grandes hospitales del Servicio Canario de la Salud, óptimas para iniciar a través de un pilotaje, este proyecto.

En Canarias la apuesta privatizadora pasa  por la creación de pequeñas empresas bajo este denominador, antiguas unidades que de pronto se transformarán en unidades independientes del resto de Servicios del hospital, que tendrán cada una un director que mediante criterios subjetivos y puramente empresariales puede modificar los horarios y turnos de trabajo a su antojo, fijar los objetivos individuales de cada profesional a su antojo, contratar gente fuera de plantilla a su antojo o decidir qué materiales se compran, lejos de la compra centralizada que sí suponía un ahorro que está cuantificado. Porque en estas Unidades que buscan el ahorro harán falta casi todos los médicos, pero podrá bastar con la mitad de las enfermeras, y ya veremos si queda alguien del resto de categorías. Tal y como ha ocurrido en otros servicios sanitarios, donde especialmente en Atención Primaria, un coordinador convertido en comisario político más pendiente de los deseos de la Administración que de las necesidades de los trabajadores puede decidir por su cuenta quiénes sobran.

Uno de los fundamentos de este nuevo modelo es el régimen jurídico de sus trabajadores. Dicho de otra manera, el régimen estatutario o funcionario les impide hacer funcionar estas Unidades como pretenden, y por eso sus integrantes deberán solicitar su excedencia para integrarse como laborales en las Unidades de Gestión Clínica, durante cuatro años, lo que tras la entrada en vigor de la modificación del Estatuto Marco lleva a perder la plaza estatutaria o funcionaria a los tres años, una buena estrategia de adelgazamiento de la administración sanitaria a medio plazo. Algo que en Canarias mientras dure la experiencia piloto transitoriamente no se aplicará.

Se pretende en canarias hacer un pilotaje de 6 meses el 2º semestre del año y analizar los resultados. En una fase posterior, las economías procedentes del teórico ahorro de implicar a los trabajadores en la gestión diaria (cómplices de los recortes), se vincularían como incentivos por objetivos: (50% para SCS, 25% para adquisición de nuevos equipamientos para el servicio y 25% para repartir unas migajas entre el personal anualmente). Nada dice de lo que sucede si la gestión genera déficit. El responsable de la organización de estas unidades en el SCS es Guillermo Burillo, vinculado a la Universidad Privada.

Nosotros entendemos que hay que limitar los recortes, mientras que con este modelo parece que los recortes van a dispararse tanto en recursos financieros como en recursos humanos. Y lo que hace falta no es recortar, sino invertir, porque invertir en sanidad es invertir en salud y estamos hablando de seres humanos aunque se les esté enfocando como meros números. Intersindical Canaria se opone a todo lo que significa recortes sanitarios a profesionales y a la ciudadanía, y porque conlleva una reestructuración que certifica el fin de la Atención Primaria.

La Consejería de Sanidad de Canarias se pliega al  Lobby político-empresarial que dirige y controla el desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público pretendiendo:

1.- La transferencia al sector privado del control de los sistemas de información sobre la salud de la población y el funcionamiento del sistema sanitario.

2.- El control por las multinacionales de la planificación y difusión de las tecnologías sanitarias, financiadas además con fondos públicos.

3.- La externalización de los servicios diagnósticos de los centros públicos.

4.- La generalización de las nuevas Unidades de Gestión Clínica como fórmula para fragmentar, trasformar los servicios en empresas y crear un mercado interno basado en la competencia por la compra y venta de servicios.

5.- Cambiar la Estrategia de Atención a la cronicidad pasando de los cuidados domiciliarios al control por tecnologías, lo que permitirá deslocalizar a los profesionales.

6.- Control privado de la investigación, la innovación y la formación del personal.

7.- Pacto por la Sanidad que dé cobertura y legitimidad a estas reformas

Como la Ministra de Sanidad tiene problemas para continuar con la estrategia que ha seguido hasta ahora de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, debido a la presión en contra de:

 

  • Las movilizaciones ciudadanas y profesionales que se oponen al deterioro del sistema sanitario público
  • Los problemas económicos asociados a la financiación mediante la colaboración privada
  • Las resoluciones judiciales, que han paralizado la adjudicación de hospitales a empresas multinacionales y a fondos de inversión

Ahora se pretende resolver esta situación de parálisis mediante una estrategia fundamentada en la Creación de Unidades de Gestión Clínica. Su intención es fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas dotadas de entidad jurídica propia (lo que les confiere autonomía para administrar su personal y su presupuesto), gestionadas mediante las diferentes fórmulas empresariales de la Ley 15/1997 y con capacidad para apropiarse de los beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros Sanitarios. Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado interno dentro del sistema sanitario.

Se daría entrada al sector privado (farmaindustria, multinacionales sanitarias, fondos de capital-riesgo, etc...) a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes y/o de mejor relación coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos financiados con fondos públicos.

Los grandes perdedores serán los ciudadanos, los usuarios, los pacientes,  dado que la atención sanitaria quedará sometida a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión; profesionales y trabajadores sanitarios, que perderán estabilidad, seguridad y libertad de decisión; el sistema sanitario público, que además de fraccionado, será ingobernable, más costoso y provocará más desigualdad; la Atención Primaria, que en un contexto de debilidad, quedará relegada a portera de las Unidades de Gestión para seleccionar pacientes y procesos.

Nos sumamos a la propuesta a nivel estatal de articular una alianza profesional lo más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema. Después del verano, propondremos en unidad de acción con otras fuerzas sindicales y asociativas, para articular MOVILIZACIONES en la sanidad pública canaria, para ampliar y reforzar la alianza social y profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de desmantelamiento y privatización. Para exigir la retirada de las Unidades de Gestión Clínica. Los motivos que nos llevan a ello son:

Las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se someterán a las políticas empresariales. Con pérdida y deterioro de los derechos de los trabajadores sanitarios, que para integrase en las Unidades de Gestión Clínica deberán renunciar a las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión). Los que no lo hagan quedarán marginados dentro de los centros, sin acceso a las innovaciones y nuevos recursos. Desaparición del modelo actual de Atención Primaria, cuya actividad quedará sometida a los intereses empresariales de la nuevas unidades, con la función de realizar el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad (selección adversa). Aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas (gestión del personal, facturación de servicios, etc.). Además, el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías. Pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios de la ciudadanía, especialmente de los pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para las nuevas Unidades Clínicas (selección de riesgos), las cuales podrán apropiarse de los beneficios económicos que generen.

Por ejemplo en Andalucía, funcionando con Unidades de Gestión Clínica, en un año se han eliminado 7.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios y se ha recortado el salario en un 30%, al mismo tiempo que se han colocado a dedo 436 cargos intermedios, estas unidades deberían llamarse Unidades de Gestión Privada de la Clínica. El ahorro y el beneficio económico en la sanidad se obtienen de dos maneras: incidiendo sobre el paciente o incidiendo sobre los profesionales. Sobre los pacientes se incide de varias formas; la primera de ellas es seleccionando los pacientes que se atienden, y para eso ya se ha clasificado a toda la población de Castilla y León en función del número de sus factores de riesgo. Se incide sobre los pacientes recortando pruebas diagnósticas, derivaciones a especialistas, y también recortando o eliminando tratamientos. Y también se incide sobre ellos aplicándoles el copago por cada prueba o tratamiento a realizar. Si todos los servicios de Atención Especializada se convierten en Unidades de Gestión Clínica, el gasto se incrementaría en 56 millones y medio de euros –como ha ocurrido en Castilla León-, a los que sumar los que provengan de la Atención Primaria, y ésa es una cantidad superior a todos los recortes salariales realizados hasta el momento allí. Experiencias similares de UGC se han puesto en marcha en muchos centros de Galicia, en Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid, en Psiquiatría de Zamora.

En definitiva el resultado ha sido y está siendo nefasto. Lejos de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios que pretendía, sólo ha conseguido provocar un descontrol presupuestario y de política de personal, al carecer de una estrategia definida para todo el sistema sanitario. En los centros hospitalarios se está produciendo un deterioro del clima laboral derivado del poder que se otorga a unos directores de unidades de gestión, nombrados a dedo, por encima incluso de otros cargos intermedios y jefes de servicios. Está provocando una creciente conflictividad en el sistema sanitario y generando un mayor déficit presupuestario por la nefasta utilización de los sistemas de incentivos. La perpetuación del hospitalocentrismo y el abandono de la Promoción de Salud, de la Atención Primaria y de la Atención a la Dependencia, dado que el nuevo modelo de atención a los crónicos se basa en la difusión generalizada de recursos tecnológicos en detrimento de los cuidados y de la atención a los enfermos por personal sanitario y cuidadores especializados.

La multiplicación del gasto sanitario pondrá en riesgo la sostenibilidad del Sistema e incrementará las desigualdades, por eso y mucho más, nos oponemos a estas Unidades de Gestión Clínica.

Por otro lado se informó de la celebración el próximo sábado día 14 de junio, del Congreso Extraordinario de la Federación de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria.

Y por parte de Lucy se dio respuesta a todas las preguntas planteadas sobre la problemática surgida en la Federación Insular de Gran Canaria de Salud, y que lleva a ese Congreso Extraordinario con el máximo aval organizativo a nivel Confederal de Intersindical Canaria, resoluciones, comisión de garantías, etc. Y por supuesto el respaldo del máximo órgano deliberante y decisorio a nivel insular de acuerdo a los Estatutos de aplicación, que es la asamblea insular de afiliados-as. Siendo la razón de la convocatoria del Congreso Extraordinario: Análisis situación actual en el seno de nuestra Federación Insular. Balance desde el último Congreso Ordinario de fecha 8 de octubre del 2011. Propuestas de salida y mejora. Elección de nuevo Secretariado   Federal Insular en Gran Canaria.

http://www.sanborondon.info/content/view/61910/1/