Convocamos a la prensa hoy con motivo del cumplimiento de un mes desde que comenzó la acampada en el barranco de Arguineguín, en la zona conocida como El Caidero, donde un grupo de activistas decidimos llevar a cabo esta acción directa para mostrar nuestro rechazo al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria.Convocamos aquí, delante de la sede de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, porque consideramos es una de las áreas del Gobierno de Canarias que más debe responder ante este atentado medioambiental y paisajístico a nuestro territorio.

El 27 de diciembre el Gobierno de Canarias aprobaba entre bombos y platillos la “Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias”, como una especie de salvavidas que iba a dar solución a todos nuestros problemas de sostenibilidad. En ella se hace alarde de la salvaguarda y protección de los espacios de la Red Natura 2.000 y de todo el patrimonio cultural, sea cual sea su naturaleza. Sin embargo, el proyecto afectará a las Zonas de Especial Conservación de Tauro I, Tauro II, Roque Nublo II, franja marina de Mogán y la Zona de Especial Conservación para las Aves de Tauro, Ayagaures y Pilancones. También afectará a los caseríos de Soria, El caidero, el conjunto troglodita Lomo La Palma, así como gran cantidad de terrenos con categoría de Suelo Rústico Protegido. No entendemos como el Gobierno saca una ley que se vanagloria de proteger todos aquellos espacios que este proyecto pone en riesgo.

Quien quiera que lea esta ley podrá comprobar lo laxa que es con la industria turística y lo exigente que es con otros sectores, como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Siendo el turismo la industria que más emisiones de CO2 genera por la cantidad de vuelos comerciales, la que mayor generación de residuos produce, la que más consumo energético supone, la que más recursos hídricos consume o la que más presión demográfica ejerce sobre nuestro territorio, se espera que sea ésta y no otra la que sufra mayores reformas y exigencias. Sin embargo, la ley se dedica a pasar de puntillas y casi en silencio sobre las exigencias a esta industria, planteando para su adaptación al cambio climático cosas tan insustanciales como la sensibilización a los turistas sobre el uso sostenible de los recursos, o la obligación a los titulares de las explotaciones turísticas a inscribirse en el Registro Canario de Huella de Carbono. Mientras, a industrias con tantos obstáculos como la Agricultura y la Ganadería, se les exige medidas tan severas como la modernización de la maquinaria y del riego para mayor aprovechamiento del agua, economía circular, aprovechamiento de los residuos, gestión de los estiércoles para reducir las emisiones, incluso se les exigirá un sello que certifique la huella de carbono e hídrica generada al producir el alimento.

Con esta ley en la mano están demostrándonos lo que ya sabíamos: que no quieren tocar ni un pelo a la patronal hotelera y que quienes vamos a seguir pagando los platos rotos somos las mismas de siempre.

Pero es que 2 días más tarde de aprobarse esta ley, el 29 de diciembre, el Cabildo de Gran Canaria aprobaba su Plan Insular de Ordenación del Territorio, en donde se acordaba, nada más y nada menos, en aumentar un 36% la oferta alojativa de la isla, pasando de 160.000 camas que hay en la actualidad hasta las 260.000. O el tren de Maspalomas hasta Agaete, a pesar de que existen estudios que rechazan su viabilidad económica por la escasa demanda de usuarios.

Sabemos que el Gobierno de Canarias tiene estipulado su techo turístico en 700.000 camas, 220.000 más de las que tenemos hoy, para así poder alcanzar los 22´3 millones de turistas. ¡UNA AUTÉNTICA DEMENCIA!

O sea que para entendernos, en cuestión de apenas dos días, nos dicen por un lado que estamos sumidos en una crisis ecológica y energética a la que hay que ponerle solución ya, y por otro nos dicen que van a seguir promoviendo las mismas dinámicas de siempre que nos han llevado a esta situación. No sabemos si están jugando al despiste o que realmente están incapacitados para tomar decisiones tan importantes que afectan a nuestras vidas.

Y en medio de todo este ruido se halla la Central Hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira, nombre comercial con el que el Cabildo ha rebautizado este proyecto. Salto de Chira nos lo han vendido como la solución a todos nuestros problemas de sostenibilidad e independencia energética, como un “mal menor” medio ambiental y, sobre todo, nos la han vendido como la única alternativa que existe.

¿Quizás sí que existen otras alternativas pero aplicarlas sería ir en contra de muchos intereses poderosos?

No hay que ser ingeniera o técnico profesional para saber que existen muchas otras alternativas que podrían aplicarse antes que seguir apostando por un sistema que continúa promoviendo la destrucción de la poca biodiversidad y paisaje que nos queda. No es casualidad que desde las instituciones no se haya puesto sobre la mesa la moratoria turística, un límite de turistas al año, un control demográfico, la soberanía alimentaria, la exigencia a la industria hotelera del autoabastecimiento energético, una tasa turística, un impuesto verde a las aerolíneas o un descenso del consumo. En definitiva, una propuesta de decrecimiento.

No pueden hacernos creer que llenando todo nuestro territorio de molinos de viento, placas solares y centrales hidroeléctricas se van a solucionar nuestros problemas de sostenibilidad mientras esas medidas no vayan acompañadas de otras políticas más sensatas que sean respetuosas con el medio ambiente. No se puede pretender mantener un sistema de desarrollo infinito en un territorio tan limitado y frágil como el nuestro y vendérnoslo con una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica.

El proyecto Salto de Chira ha estado rodeado desde el principio de muchas polémicas, incógnitas y dudas. Un número nada desdeñable de profesionales independientes se ha posicionado en contra del proyecto por las grandes afecciones al territorio y al paisaje que comporta, cuestionando su dudosa rentabilidad energética. ¿Ha escuchado el Cabildo o el Gobierno de Canarias estas voces?

Un proyecto que cuenta con un informe de Sanidad Pública negativo que viene a decir básicamente que el barranco se convertirá durante todo el tiempo que duren las obras en un auténtico infierno y que afectará a la salud psicológica y física de las más de 2.500 personas que allí habitan.

Un proyecto que comenzó con una inversión de 300 millones y ya va por casi 600 millones de euros. Y no descartemos que aumente aún más debido al panorama energético actual.

Un proyecto que comenzó en febrero de 2022 con la construcción de la desaladora en la zona de El Pajar y que a día de hoy aún no cuenta con ningún tipo de señalización que informe del proyecto ni de las obras que allí se están llevando a cabo.

Un proyecto que deja fuera de su Declaración de Impacto Ambiental gran cantidad de patrimonio natural y cultural, como por ejemplo el ya conocido Caracol Chato, endemismo del Barranco de Arguineguín que puede estar en grave peligro de extinción y que profesionales de la biología ya están investigando.

Un proyecto que desde el Cabildo de Gran Canaria sostienen que tendrá un impacto ambiental “poco significativo”. Quizás a ellos les parezca “poco significativo” las miles de toneladas de dinamita que se tendrán que emplear diariamente para hacer la gran caverna de 30 metros de altura. Quizás para ellos es “poco significativo” las 37 torres de alta tensión de entre 36 y 73 metros de altura que atravesarán el barranco a lo largo de 15 kilómetros. O los 11 kilómetros de nuevas carreteras que se van a abrir. O los miles y miles de metros cuadrados de plataformas permanentes que se van a construir. Quizás también les parezca “poco significativo” los dos edificios que pretenden construir en Chira y en Soria de entre 10 y 14 metros de altura o los más de 8 kilómetros de galerías y túneles. Como seguramente también les parezca “poco significativo” las 3 toneladas de salmuera que se verterán diariamente a la Franja Marina Protegida de Mogán.