Contra el tratado comercial que nos condenará a la crisis permanente - Red de solidaridad popular
La RSP rechaza el tratado de Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), que están negociando en secreto EE.UU. y la Unión Europea, porque condenará a nuestro país a una situación de crisis social y económica permanente.
14 de julio de 2014 (06:27 h.)
Contra el tratado comercial que nos condenará a la crisis permanente - Red de solidaridad popular
Martes, 17 Junio, 2014
La RSP rechaza el tratado de Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), que están negociando en secreto EE.UU. y la Unión Europea, porque condenará a nuestro país a una situación de crisis social y económica permanente.
La RSP emprenderá acciones para dar a conocer a la ciudadanía las graves consecuencias sanitarias, sociales, laborales y medioambientales que tendría la firma de este tratado.
La Unión Europea está negociando con Estados Unidos, en secreto, la creación de un espacio de libre comercio e inversión que socavará los pilares del modelo social europeo al rebajar los estándares laborales, sociales y medioambientales de nuestro continente para beneficiar a las empresas multinacionales de ambos lados del Atlántico. Además, supondrá la supeditación de la soberanía de los Estados europeos a los intereses de los grandes inversores internacionales.
Las negociaciones comenzaron en julio de 2013 y se están desarrollando en el más absoluto de los secretos, vulnerando la propia normativa europea que exige la publicidad de todos los documentos de sus instituciones [1] y hurtando al Parlamento Europeo el control democrático sobre los contenidos de las negociaciones. Un tratado que no se conocerá hasta que esté acabado y deba ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Estados miembro, sin tiempo suficiente para ser debatido por la ciudadanía y la sociedad civil europea.
Las consecuencias serán demoledoras para los derechos sociales, laborales, medioambientales y a la salud de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Se desregularán aspectos clave para la protección de la salud pública como los alimentos, los medicamentos o los productos sanitarios. Al igual que se permitirán actividades muy perjudiciales para el medio ambiente como el fracking o el cultivo de transgénicos. A nivel laboral, la escasa protección de los trabajadores en EE.UU., país que se ha negado a ratificar varios convenios de la OIT [2], generará una competición desleal que tendrá como consecuencia nuevos recortes en los derechos laborales y los salarios de europeos y europeas [3].
Además es importante señalar que el TTIP prevé la inclusión de una cláusula de protección de los inversores extranjeros [4] que permitirá a las multinacionales demandar a un Estado soberano ante un Tribunal de Arbitraje Internacional si considera que una nueva Ley perjudica sus intereses económicos en el país en cuestión. Estos tribunales, al margen de la justicia europea e integrados por abogados del mundo empresarial, suelen condenar a los países a pagar sumas desorbitadas por promulgar leyes medioambientales, sanitarias o sociales que “perjudican” los “beneficios futuros” que las empresas esperaban obtener. Una clara supeditación de la soberanía nacional a los dictados de las empresas multinacionales.
Mientras se niega a la ciudadanía el derecho a conocer y debatir los contenidos del futuro tratado, se argumenta, por parte de los políticos favorables al mismo, el enorme impacto que tendrá sobre la creación de empleo en Europa. Sin embargo, tratados similares, como el Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA), que prometían la creación de millones de empleos han sido contrarios en sus efectos, con pérdidas netas de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones laborales.
El TTIP condenará a nuestro país a una situación de crisis permanente al precarizar el empleo, reducir los salarios aún más, y destruir parte del tejido empresarial y productivo nacional, especialmente las pequeñas y medianas empresas. El tratado contribuirá a aumentar la brecha entre las economías pobres y ricas dentro de la Unión Europea, relegando a España a la condición de periferia del continente, sin industria y sin sectores económicos que garanticen el desarrollo, la independencia y la soberanía de nuestro país.
Pese a las terribles consecuencias que tendrá, la mayoría de partidos políticos representados en el Parlamento español han votado en contra de la futura celebración de un referéndum de ratificación del TTIP, negando a la ciudadanía la posibilidad de debatir públicamente y decidir sobre un tratado que afectará directamente a sus condiciones de vida. Es más, el Gobierno español ha manifestado su intención de apoyar las negociaciones para lograr la consecución del acuerdo comercial.
La RSP exige transparencia en las negociaciones y un debate público en torno al tratado de libre comercio y sus consecuencias económicas, laborales, sociales y medioambientales. Para contribuir a un mayor conocimiento entre la ciudadanía de las implicaciones del TTIP para los derechos y las condiciones de vida de la población, la RSP, junto a otras organizaciones, emprenderá acciones de denuncia del secretismo que rodea a este asunto y difundirá los contenidos de las negociaciones a los que logre tener acceso.
En el contexto de crisis que estamos viviendo, el establecimiento de un orden econo´mico internacional justo, equitativo y respetuoso con los derechos humanos se hace cada vez más necesario y urgente. La aprobación del TTIP lejos de avanzar en este sentido supone una grave amenaza para el modelo social europeo ante la que es preciso actuar.
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[1] Artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE sobre El Derecho de Acceso a los Documentos.
[2] Organización Internacional del Trabajo
[3] El Tratado supone un atentando contra los principios fundacionales de la UE de respeto a la dignidad y a los derechos humanos y podría suponer una vulneración de la de la Carta Europea de Derechos Fundamentales concretamente del derecho a trabajar en condiciones de trabajo justas y equitativas (arts 15 y 31), del derecho a la protección de la salud (art 35), del derecho a la protección del medioambiente (art 37) y del derecho a la protección de los consumidores (art 38).
[4] Investor-State Dispute Settlement (ISDS)