La multa del Gobierno de Canarias a RADIO SAN BORONDÓN es una persecución política a esta emisora, un castigo a la ciudadanía y un atentado a la libertad de expresión y de información

El STEC-IC muestra su apoyo a Radio San Borondón y pone los servicios jurídicos a su disposición

El Gobierno de Canarias no se ha contentado con negarle reiteradamente subvenciones y apoyos al Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). En esa escalada creciente de perseguir al CCPC, le toca ahora de nuevo el turno a Radio San Borondón. Paulino Rivero y su Gobierno pretenden imponerle una multa que podría ascender a 200.000 euros. El fin está claro: intentan a toda costa cerrar esta emisora, por ser crítica y no poder controlarla, porque no les gusta escuchar en el día a día la información transparente y objetiva que difunden, ni escuchar las voces de los colectivos y de la ciudadanía, que transmiten y valoran, entre otros, las decisiones políticas que toma el Gobierno, planteando distintas soluciones y alternativas a esas hojas de ruta que trazan los que gestionan el poder.

Si algo ha caracterizado a Radio San Borondón, es su carácter democrático y  permitir el acceso a la pluralidad, sin cortapisas ni censuras. Incluso emiten y publican con rigor y textualmente las intervenciones de Paulino Rivero y su Gobierno, de estos mismos que pretenden censurar y cerrar la emisora. No soportan que tengan un proyecto plural e independiente. No soportan que Radio San Borondón no les permita convertir la radio en correa de transmisión de su Gobierno, el Gobierno de CC y del PSOE.

Esta multa no es sólo un ataque a un medio de comunicación. Están vulnerando derechos fundamentales consagrados en la constitución: el derecho a la libertad de expresión e información. Están vulnerando su propia legalidad.

Esta persecución política, que practica el Gobierno de CC y del PSOE, afecta al conjunto de la ciudadanía. Radio San Borondón le da la voz a todos. También a los sin voces, a aquellos colectivos y a la ciudadanía que se les censura en una gran mayoría de los medios de comunicación y difusión, que el Gobierno sostiene económicamente a cambio de su control y de la sumisión.

El STEC-IC llama a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, políticas y sindicales democráticas a rechazar esta multa y esta política de aislamiento, que practica el Gobierno, con la finalidad de cerrar la emisora y de eliminar el Centro de la Cultura Popular Canaria.

Reclamamos al Gobierno de Canarias que deje en paz a Radio San Borondón, que nos deje a todos en paz. Exigimos la retirada de cualquier multa o sanción. Reclamamos subvenciones también para estos medios de comunicación alternativos, abiertos a la pluralidad y diversidad de opiniones. Reclamamos apoyo al CCPC. No vale presumir de ser un Gobierno nacionalista y a la par estrangular la cultura canaria.

El STEC-IC pone sus servicios jurídicos a disposición de la Radio en defensa de la libertad de expresión e información y manifiesta su absoluto apoyo a estos proyectos alternativos.