PANAMÁ La ley 462 de Mulino Reforma la Caja del Seguro Social tan nefasta a los trabajadores panameños como lo ha sido el sistema de pensiones en Chile impuesto por Pinochet - Yesko Quiroga, comenta Jorge E. Macías Jaramillo.
PANAMÁ La ley 462 de Mulino Reforma la Caja del Seguro Social tan nefasta a los trabajadores panameños como lo ha sido el sistema de pensiones en Chile impuesto por Pinochet - Yesko Quiroga, comenta Jorge E. Macías Jaramillo.
NUEVA SOCIEDAD 217 / SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2008
Actualizado al 16 de Mayo de 2025
“En 1981, la dictadura implementó una reforma radical al sistema de pensiones de Chile basada en la construcción de un esquema privado de capitalización individual. A más de 26 años de su lanzamiento, el sistema que tantos elogios cosechó en el mundo está lejos de dar los resultados previstos: aunque el nivel de cobertura es alto en comparación con otros países de la región, sigue siendo similar al que existía antes de la reforma y, al igual que el nivel de las pensiones, no parece haberse beneficiado del alto crecimiento económico del país, lo que genera desigualdades cada vez mayores. Por eso, el gobierno de Michelle Bachelet impulsó una ley que, sin alterar la esencia del sistema, incluyó un nuevo pilar solidario, una presencia más fuerte del Estado y cambios en el funcionamiento de las administradoras privadas.
Yesko Quiroga
https://nuso.org/articulo/el-
La reforma previsional de la dictadura, 26 años después
Tres años después del golpe de 1973, la dictadura militar chilena encaró una reforma radical del sistema de pensiones. El objetivo era crear un régimen de capitalización individual de administración privada que reemplazara al sistema estatal de reparto. El nuevo sistema se implementó a fines de 1981 a través de un decreto-ley carente de toda legitimidad democrática.
Para justificar la reforma, el gobierno del dictador Augusto Pinochet criticó duramente el sistema anterior. Los problemas realmente existentes se mezclaron con argumentos de naturaleza ideológica..
Jaime Ruiz Tagle, miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional creado por Michelle Bachelet, llega hoy a la conclusión de que una reforma parcial del sistema de reparto era perfectamente factible. Sin embargo, la reforma total encarada por la dictadura hizo que, a partir de 1982, todos los trabajadores en relación de dependencia fueran ingresados compulsivamente al nuevo sistema privado y obligados a adherir a alguna Administradora de Fondos de Pensión (AFP). Las únicas excepciones fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, además de algunos pocos aportantes que en el momento del traspaso permanecieron en el antiguo sistema de reparto.
Hace seis años, los críticos del modelo previsional chileno aún remaban contra la corriente. El sistema de capitalización individual obligatorio era propagado internacionalmente como un ejemplo exitoso, a partir de la convicción compartida –no solo en Chile– de que el mercado es capaz de asegurar resultados óptimos también en el sector previsional. Sin embargo, la realidad actual muestra una cara radicalmente distinta. Ninguna de las metas planteadas entonces pudo ser alcanzada.
Gastos sociales. El traspaso del antiguo régimen de reparto al nuevo sistema continúa generando hasta hoy enormes gastos de transición. Entre 1981 y 2004, el déficit del sistema previsional público, generado por la continuación del pago de pensiones del sistema antiguo, el reconocimiento de derechos adquiridos en ese sistema y su traspaso a los fondos de pensiones privados y el pago de pensiones asistenciales para personas carentes de recursos, como así también por los subsidios garantizados para alcanzar la pensión mínima, ascendió, en promedio, a 4,7% del PIB, si bien este ascenso ha tendido a la baja. A este porcentaje se le sumaron gastos del orden de aproximadamente 1,3% del PIB para financiar el déficit de las cajas de pensiones de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Estas cifras son claramente mayores que el déficit que se registraba en 1980 –alrededor de 1,8%–, antes de que la reforma entrara en vigor. Entre 1996 y 2006, más de un cuarto del gasto público, incluido el traspaso de recursos a los fondos de pensiones privados, se destinó al sistema previsional.
Se consideran afiliadas todas aquellas personas que hayan efectuado al menos un aporte durante su vida, es decir que el cálculo incluye a quienes ya no se encuentran insertos en el mercado laboral. Es por eso que resulta más adecuado considerar el número de aportantes, que asciende a 4,37 millones. La población económicamente activa de Chile ronda los siete millones de personas. Esto significa que alrededor de 62% de la población activa aporta a un fondo de pensiones privado, mientras que otro 3,7% continúa aportando al sistema antiguo. La cobertura, entonces, alcanza a dos tercios de la población. Según datos oficiales, es la más alta de América Latina. Además, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, la cobertura abarca a un porcentaje comparativamente mayor del sector de menores ingresos.
Este buen posicionamiento respecto de otros países latinoamericanos queda relativizado si se tiene en cuenta que, después de más de un cuarto de siglo, la extensión de la cobertura no aumentó en comparación con la vigente en 1975, pese a que desde 1990 el ingreso per cápita del país se incrementó más de cuatro veces. Aún al día de hoy, más de un tercio de la población activa sigue careciendo de cobertura previsional contributiva; esto vale sobre todo para los trabajadores autónomos.
Los datos acerca de la cobertura total reflejan apenas una parte de la realidad, pues los afiliados a las AFP aportan solo en forma esporádica, con las consecuentes «lagunas previsionales» que ello genera. La densidad de aportes promedio es de alrededor de 52% de la vida laboral. Además, se registran diferencias de género muy claras: mientras que la densidad de aportes de los hombres asciende a casi 60%, la de las mujeres es inferior a 44%. Un cuarto de los afiliados efectúa aportes por un periodo que llega apenas a 24% de su vida laboral y solo 30% de los afiliados alcanza el 80% de densidad de aportes, que fue el nivel supuesto cuando se inició la reforma.
Prestaciones y montos de las pensiones. En 2007, el Estado chileno pagó alrededor de 68% de todas las pensiones. De estas, 1.400.000 pensiones, más de un tercio, corresponden a pensiones de vejez provenientes de derechos adquiridos en el antiguo sistema de reparto, 30% fueron pensiones asistenciales, financiadas a través de la recaudación fiscal y otorgadas estrictamente según criterios de pobreza. Dos tercios de las pensiones estatales (excluyendo las pensiones asistenciales) las perciben mujeres, aunque ellas reciben apenas 61% de las prestaciones de los hombres.
A fines de 2007, el sistema previsional privado pagó 642.000 pensiones, dos tercios de las cuales correspondían a pensiones de vejez. Apenas 34% de todas las pensiones privadas son percibidas por mujeres. La mayor parte de las pensiones se financia, al menos parcialmente, con los recursos que el Estado transfiere a las AFP en calidad de bonos de reconocimiento. Estos equivalen a los aportes que los afiliados efectuaron antes al sistema público, más un ajuste de alrededor de 4% anual. Teniendo en cuenta este dato, sobre la base del monto de las pensiones que se pagan actualmente no pueden definirse ni las prestaciones actuales de las cajas privadas, ni las futuras.
El sistema privado ofrece dos modalidades de retiro. Por un lado, la persona puede optar por el retiro programado y percibir una renta temporal calculada sobre la base del capital acumulado, la expectativa promedio de vida y la rentabilidad anual de su fondo. En caso de que el capital acumulado se agote y las prestaciones resulten menores que la pensión mínima, la persona puede solicitar la garantía estatal de pensión mínima –siempre que haya contribuido como mínimo 20 años– o, en su defecto, una pensión asistencial. Otra alternativa, dentro de esta misma modalidad, consiste en entregar el capital acumulado a una empresa de seguros, que garantiza una renta vitalicia descontando previamente su comisión. La segunda modalidad consiste en adelantar la edad de retiro y percibir una pensión anticipada, siempre y cuando el capital acumulado permita generar una pensión que supere el 61% de los ingresos de los últimos diez años y resulte 30% más alta que la pensión mínima de vejez vigente.
En cuanto al monto promedio de las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez en ambos sistemas, estas rondan los 352 dólares en el caso de las AFP y los 415 dólares en el sistema estatal; la diferencia es de 18%. También hay una diferencia notable en el caso de las pensiones de vejez puras. En las AFP, estas rondan los 337 dólares (410 si se incluyen los retiros adelantados); en el sistema estatal, en cambio, el monto asciende a unos 510: la diferencia trepa a 51% o a 25% si se incluyen los retiros adelantados. Pero en el sistema estatal también hay un 80% de pensionados con haberes por debajo de los 370 dólares, mientras que alrededor de 9% de las pensiones de vejez estatales ascienden a unos 1.177 dólares en promedio. Se trata, sobre todo, de miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, para quienes la dictadura mantuvo el antiguo sistema de reparto con dos cajas de compensación.
De este modo, la promesa formulada al momento de lanzar la reforma en el sentido de que el monto de las pensiones privadas ascendería a 80% de los últimos ingresos percibidos no se cumplió. De acuerdo con cálculos del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, los hombres que se retiren entre 2020 y 2025 percibirán pensiones cuyo monto rondará el 51% de sus ingresos; en el caso de las mujeres, el monto será de apenas 28%. Pero no solo son enormes las diferencias entre sexos sino también las que se registran entre distintos niveles educativos: mientras que los hombres que tienen un título universitario pueden llegar a percibir incluso 110% de sus ingresos anteriores, en el caso de las mujeres con estudios primarios el monto apenas llega a 11%..
Desarrollo de los fondos de pensiones. El monto de las pensiones es tan bajo debido, entre otras cosas, a los elevados gastos administrativos, que tras los descuentos del seguro de invalidez y de sobrevivencia ascienden, en promedio, a 4% de los aportes efectuados. Por mantenimiento de los fondos, en cambio, no se cobra ninguna comisión. Debido a la cantidad de comisiones fijas adicionales que deben afrontar, quienes terminan cargando con mayores costos son, sobre todo, los trabajadores de bajos ingresos en relación de dependencia. Ellos prácticamente no obtienen tasas de retorno positivas. Tras comparar 14 sistemas previsionales en América Latina, Mesa-Lago llega a la siguiente conclusión: mientras que en las AFP los gastos administrativos ascienden a 20%, en el caso de las cajas de pensión públicas la cifra ronda apenas el 3,5%.
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Un balance de la reforma
Después de 26 años, las promesas que acompañaron la implementación del sistema previsional privado en Chile no pudieron cumplirse: no hay ninguna evidencia que permita suponer que en un tiempo razonable se pueda lograr que las pensiones ronden el anunciado 80% del último salario. Esto se debe al bajo nivel de sueldos y salarios, a la irregularidad de los aportes y a los elevados gastos de administración de las AFP. Además, el aporte de 10% de la remuneración bruta resulta demasiado escaso porque no permite acumular un capital suficiente como para garantizar una pensión digna para la mayoría de la población. A esto se agrega que las mujeres resultan sistemáticamente desfavorecidas. Por otra parte, el grado de cobertura previsional relativamente elevado que posee Chile en comparación con otros países de la región ya existía antes de la reforma y, hasta el día de hoy, su principal garante sigue siendo el Estado. El alto crecimiento de la economía no se tradujo, tal como se esperaba, en una extensión equivalente de la cobertura. Finalmente, el ejemplo de Chile tampoco ha confirmado el supuesto de que un sistema de capitalización genera menores gastos sociales que un sistema de reparto.
Incluso el Banco Mundial, otrora importante impulsor de los fondos de capitalización, llegó a la conclusión de que un sistema diseñado fundamentalmente sobre la base de pensiones financiadas con aportes privados no está en condiciones de garantizar retiros dignos para parte importante de la fuerza de trabajo. Sin embargo, los expertos coinciden en que, si la situación ocupacional se mantiene, el sistema sí puede garantizar pensiones suficientes para los trabajadores calificados de mayores ingresos. Pero incluso ellos hubieran podido obtener rendimientos esencialmente mejores en Chile si los gastos de administración y el extraordinario margen de ganancia de las compañías hubiesen sido menores.
Así, la experiencia chilena indica que, incluso en condiciones positivas, un sistema previsional privado basado exclusivamente en la capitalización individual produce –y reproduce– perdedores sociales.
De estos, los más afectados son las mujeres y, en general, los asalariados, que a causa de la estructura del mercado de trabajo suelen arrastrar inmensas lagunas previsionales en su vida laboral. A los fines de crear seguridad social, el sistema resulta ineficiente para la mayoría de la población ya que, al carecer de elementos solidarios, contribuye a que se produzca una mayor concentración de los ingresos. Por ejemplo, la tarea de educar a los hijos, de vital importancia para la sociedad, no se recompensa, sino que se castiga con pensiones más exiguas. Lo mismo sucede con la desocupación más prolongada o más frecuente, un fenómeno que, en una época globalizada en la que reina la flexibilidad del mercado laboral, sustituye cada vez más una cotización constante a lo largo de toda la vida laboral.
Finalmente, los perdedores terminan siendo todos aquellos cuyo nivel de remuneraciones solo les permite hacer aportes magros. Esta situación lleva a que el Estado tenga que ocuparse de brindar una red de contención que garantice un estándar social mínimo, lo que le genera gastos cada vez mayores. Sin embargo, sin la acción estatal en este ámbito se produciría un dramático incremento de la pobreza en la vejez. …continúe la lectura de este documento en: El sistema de pensiones en Chile Nueva Sociedad Yesko Quiroga
https://nuso.org/articulo/el-
Comenta Jorge E. Macías Jaramillo (*)
Tal como nos informa este documento. Jaime Ruiz Tagle, miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional creado por Michelle Bachelet, llega hoy a la conclusión de que una reforma parcial del sistema de reparto era perfectamente factible. Sin embargo, la reforma total encarada por la dictadura hizo que, a partir de 1982, todos los trabajadores en relación de dependencia fueran ingresados compulsivamente al nuevo sistema privado y obligados a adherir a alguna Administradora de Fondos de Pensión AFP
Las únicas excepciones fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, además de algunos pocos aportantes que en el momento del traspaso permanecieron en el antiguo sistema de reparto. No quisieron perjudicar a las fuerzas armadas y carabineros porque estos eran la pinta de la lanza del sistema represivo contra los chilenos y el soporte de la dictadura de Pinochet.”
A las fuerzas armadas y carabineros no les afectaron con el nuevo sistema de pensiones “cuenta individua” , pero el pueblo el que había elegido en elecciones libres al Presidente Socialista Salvador Allende “de ideología Socialista” el objetivo del Capitalismo de EEUU. y la dictadura Chilena era derrocar a Allende gal como lo hicieron y castigar a los trabajadores chilenos con su dictadura criminal “magnicidio de Allende” y afectar su economía a partir de recibir raquíticas pensiones y jubilaciones que no permiten al los jubilados una vida digna decorosa decente sin pobreza alimentara pero con el nuevo sistema la dictadura de Chile impuso la pobreza a los trabajadores jubilados-pensionados chilenos.,
Si, los trabajadores chilenos fueron castigados de manera severa con la dictadura criminal de Pinochet y el plan cóndor ideado por EE.UU. y con sus pensiones raquíticas impuestas por La dictadura de Pinochet en asociación con El sistema capitalista imperante, los neoliberales, en asociación con la oligarquía Chilena corrupta todos arrodillados ante el sistema imperialista capitalista de EE.UU no conforme con aplastar al gobierno de Allende hasta su ejecución, con lo que iniciaron en Chile el Plan Cóndor como todos sabemos ideado por Estados Unidos también arremetieron contra el sistema de Pensiones de los trabajadores chilenos, el que ha demostrado su fracaso. Es similar al chileno el Sistema que intenta imponer el presidente José Raúl Mulino a los panameños mediante la Ley 462 aprobada por el Presidente de José Mulino y sus Diputados.
Panamá a lo largo y ancho del país aumentan las protestas ciudadanas hacia el Estallido Social.
Panamá aumentan las protestas ciudadanas presagian estallido social masivo Tomada de TeleSur
Los estudiantes serán trabajadores mañana y jubilados un día.
Los trabajadores panameños somos castigados con la Ley 462 con sus sistema de ahorro individual en cuentas manejadas por administrares privadas con costos elevados. Es el castigo que pagaremos los Panameños por la Osadía del Tratado Torrijos Carter que el 31 de Diciembre de 1999 puso fin a la Colonización del canal por el gobierno de los EE.UU.
El Presidente Mulino llegó a la presidencia por el apoyo de la corrupta y corruptora oligarquía criolla panameña en constante contubernio con el capitalismo ya salvaje, obediente de la política exterior de EE.UU. prefiere criminalizar las protestas en lugar de escuchar el clamor panameño y derogar la Ley 462,
Con actitud intransigente, violatoria de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores a protestar por una futura vida digna muestran cual dictador al presidente Mulino.
Perfectamente sabe Mulino del ecocidio que ocasiona la megaminería en el frágil ecosistema del Istmo de Panamá, que nunca debieron permitir el inicio ni el avance de la ecocida megaminería la que quiere resucitar Mulino, burla que genera mayor oposición de los panameños.