A conejo ido… - por Román Rodríguez (*)

En julio de 2009, cuando se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica, CC y PP gobernaban en la Islas y el PSOE se encontraba al frente del Gobierno del Estado. Nueva Canarias dijo entonces en solitario que se trataba de un pésimo acuerdo para nuestra tierra, que nos colocaba a la cola en financiación per capita de las comunidades autónomas y que tendría graves repercusiones a corto y medio plazo en el funcionamiento de los servicios públicos; y, en definitiva, que perjudicaría gravemente a los ciudadanos.

No lo hicimos, como no lo hacemos nunca, ni por buscar un titular mediático ni por hacer una oposición destructiva e irresponsable. Lo hicimos conscientes de que el nuevo modelo suponía un gran retroceso y que nos situaba muy por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común. Y que el daño a Canarias era irreparable.

Por la falta de sensibilidad del Gobierno de Zapatero y por la enorme debilidad del tándem Rivero/Soria se cometió una tremenda injusticia contra esta tierra. Injusticia que hemos venido pagando en sus primeros años de aplicación: Canarias recibió  600 millones de euros anuales menos que la media en el año 2009, cifra que en 2010 se elevó hasta los 812 millones, en ambos casos con datos contrastados de liquidación presupuestaria. Una situación que continuará siendo igual o peor en los próximos años.

El retroceso del Archipiélago en la financiación se produce, esencialmente, porque con el nuevo modelo sólo se nivela entre todas las CCAA el denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que afecta al 75% de los ingresos tributarios. En consecuencia, un 25% de los ingresos tributarios no se nivela. Ello quiere decir que la cuantía a percibir por cada Comunidad Autónoma por este segundo bloque de recursos está directamente relacionada por su capacidad fiscal, lo que beneficia a los territorios con mayor renta y perjudica notablemente a Canarias, que recauda menos.

Y, además, el cálculo de las “necesidades de financiación” de las distintas Comunidades se realiza por un procedimiento de “población ajustada”, utilizando unos parámetros que tampoco beneficiaban a Canarias. Entre otros, la dispersión territorial, la superficie, la estructura de edad de la población y las políticas de normalización lingüística. Para colmo en el nuevo modelo pierde peso el reconocimiento a la insularidad, criterio que sí reconoce la Constitución Española. Porque se modificó la ponderación del hecho insular. En concreto, siendo la ponderación de insularidad de 0,6 aplicable a la distancia en kilómetros entre las costas peninsulares y las capitales insulares, se eliminó el coeficiente corrector de 1,25 que se aplicaba al exceso sobre 1.000 kilómetros y que, lógicamente, solo valía y beneficiaba a Canarias.

La financiación autonómica supone prácticamente el 80% de los ingresos que recibe Canarias, y de ella dependen las partidas que se destinan a Sanidad, Educación o Servicios Sociales, así como el resto de competencias que ejerce la comunidad autónoma; correspondiendo el 20% restante básicamente a recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de los fondos europeos. Con el modelo de financiación anterior, Canarias arrancó situándose inicialmente en la media, aunque luego fue decayendo a consecuencia del crecimiento demográfico experimentado en los primeros años del presente siglo. Pero aún así, en su último año de aplicación nuestra Comunidad quedaba mejor que con el actual modelo: en 2008, se situaba en torno al 94%, seis puntos por debajo de la media.

Una investigación académica, ‘La equidad horizontal en el modelo de financiación autonómica del 2009’, del que es autora la catedrática Nuria Bosch, del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona, confirmó nuestras previsiones más negativas.
En efecto, la misma concluye que los recursos por habitante según” población ajustada“, resultado del modelo de financiación de 2009, dejan un ranking por comunidades que encabeza Cantabria (2.376 euros/habitante), situándose un 18% por encima de la media (2.012 euros/hab.), seguida de La Rioja (con un índice sobre la media igual a 100 de 109,4), y Madrid (108,6). Por la cola aparecen Andalucía (1.887 euros/hab; 93,8%) y Canarias (1.697 euros/hab), con un 84,3%, casi 16 puntos por debajo de la media cuando eran 6, diez menos, en el último año del anterior modelo. Resultados que coinciden con los que arroja el estudio “Las diferencias regionales del sector público español” editado por la Fundación del BBVA, que señala que Canarias es la comunidad peor financiada en 2009 situándose en el 84,0% de la media estatal en euros por “población ajustada”.

Ahora, con el modelo plenamente en vigor, el Gobierno canario reconoce que la financiación autonómica aleja al Archipiélago de la media del conjunto de las comunidades de régimen común. Lo que se traduce, lo decía el consejero de Economía en el Parlamento a respuesta en una interpelación de Nueva Canarias, en “graves dificultades presupuestarias para el sostenimiento de los servicios públicos”. Y pone sobre la mesa la necesidad de cambiarlo. A conejo ido, palos a la madriguera.

Va a ser muy complicado cambiar el actual status. Por el escaso interés del Gobierno central. También por la resistencia de las comunidades que salen bien paradas del actual reparto. A lo que se añade un nuevo factor: las reivindicaciones catalanas. Si el Gobierno del PP finalmente cede ante Cataluña y busca fórmulas para mejorar su financiación, sea o no a través del Pacto fiscal que plantea su Parlament y que inicialmente ha sido rechazado por Rajoy, va a ser mucho más difícil encajar las peticiones canarias.

Para empeorar la situación del presupuesto del próximo año 2013, a esa mala financiación se le suma el poco margen de déficit que se nos deja, el 0,7%, la limitación del endeudamiento público (12,1%), y la caída de ingresos por una economía completamente deprimida.

Gobierno débil

Pese a que tenemos más razones para exigir una mejor financiación, pese a que en un territorio alejado y fragmentado cuesta mucho más prestar los servicios públicos a los ciudadanos, debemos ser conscientes de que son mucho peores nuestras condiciones para tratar de alcanzar el justo objetivo de mejorar nuestros actuales niveles de financiación autonómica. A diferencia del caso de Cataluña, en Canarias tenemos un Gobierno débil y una sociedad dividida y carente de un programa común.
 
Nuestra mejor ‘diada’ sería ponernos de acuerdo Gobierno, grupos parlamentarios, partidos políticos, ayuntamientos y cabildos, organizaciones empresariales y sindicales, colectivos sociales… para exigir unitariamente al Estado ese cambio en la financiación que posibilite el sostenimiento de los servicios públicos y la adecuada atención a la ciudadanía, así como el cumplimiento de nuestro REF y la articulación de un plan para superar nuestros actuales niveles de desempleo (por encima del 33%)… Y ello precisa del liderazgo del Ejecutivo canario y del paralelo compromiso de los distintos sectores sociales y de los propios ciudadanos. La ocasión lo exige. Es mucho lo que está en juego.

(*) Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.