Becas, distribución de riqueza y realidad social - por Germán Santana

Izquierda Unida afirma que la mejor inversión que un país puede hacer en materia de progreso es apostar por su educación. Ésta ha de ser pública, universal, laica y gratuita. El Gobierno del Partido Popular condena a miles de jóvenes no sólo al desempleo, gracias a la aprobación de su reforma laboral, sino que también coarta sus posibilidades de estudio, subiendo el listón para alcanzar una beca. Obliga no sólo a cumplir con los resultados en materia económica sino, al mismo tiempo, a superar una nota de 6,5 (en este curso). Además recorta significativamente los presupuestos a las Comunidades Autónomas con competencias en educación. El PP resquebraja los principios básicos de igualdad de oportunidades y de cohesión social. Con este obstáculo es seguro que no van a tener las mismas oportunidades los/as estudiantes de familias acomodadas que las que no tienen recursos.

Sabemos que el Gobierno ha concedido 10.000 becas menos cuando había 30.000 solicitudes más que el curso anterior. La demanda de becas se disparó por la grave situación económica y social que atraviesa el país. Ahora se necesitará un 5,5 de nota media el primer año para obtener algún tipo de ayuda, no pagar la matrícula. Para poder mantener la beca el resto de los cursos, en la mayoría de las titulaciones, se exige ahora aprobar el 90% de las asignaturas y no el 80% como antes.

La barrera no es sólo de un punto y medio, la que separa el 5 del 6,5 sino que por encima hay otra traba más importante que ya venía funcionando: la social. El salto va más allá, la diferencia está en tener o no profesor particular, en disponer de una vivienda en donde exista una habitación y ambiente de estudio adecuado, en donde no se oiga el sonido de la televisión o los ronquidos de tus vecinos/as porque tu vivienda no está acondicionada; la diferencia está en no tener que coger una guagua que tarda una hora en ir desde tu casa hasta la biblioteca pública más próxima (recordemos la escasez de bibliotecas públicas en los barrios obreros de las principales ciudades canarias), la diferencia está en dibujar con Faber Castel o con Alpino, la diferencia está en tener clases de apoyo en idiomas o no tenerlas, la diferencia está en ser pobre o rico.

Es comprensible que los cargos de responsabilidad del PP no tuvieran en cuenta esta barrera puesto que ellos nunca han vivido bajo  ese umbral y ellos y sus mismos hijos/as están en su mayoría dentro del sistema privado de educación. ¿Qué les parecería que sus vástagos vivieran y estudiasen un mes en Schaman, Las Rehoyas, Cruz de Piedra o La Paterna, por citar unos pocos ejemplos?. Quizás así vieran desde otro punto de vista la ayuda a lo público. Las becas suponen así un mecanismo de distribución de la riqueza y un intento de corrección de los desequilibrios sociales. Las mayores exigencias no suponen un estímulo. El aumento de los requisitos para acceder a una de ellas supone un atentado contra esa compensación, no hace distingos entre gente que tiene disponibilidad económica de la que no lo tiene; se alejan de la justicia social.

Para que las becas cumplan con su función deben ser eficaces. Por ello no puede ser que algunos alumnos/as tenga que esperar casi un curso para cobrar un dinero que además ha sido recortado. También debemos recordar el aumento de tasas universitarias en un 40% el pasado curso o la obligación de matricularse en un mínimo de asignaturas. Eso las hace gravemente injustas y muchos/as optan por tener finalmente que dejar sus estudios al no tener para vivir. Otros/as recurren a ponerse a trabajar durante el curso hasta recibir la beca, con lo que sus rendimientos posiblemente bajen al tener que compaginar estudios y trabajo. Esto merma también sus resultados pero luego el PP les exige que sean excelentes para poder optar a la beca del siguiente curso, dando por sentado que todos/as partimos de la misma línea. El responsable de dirigir y encauzar estas becas es el Estado. Las opciones aplaudidas por algunos rectores y por sectores cercanos al PSOE consistentes en encontrar financiación privada para cubrir estas carencias nos alejan del camino y nos acercan a una mayor privatización y a una cada vez mayor toma de decisiones de empresas en las universidades canarias. Si la medida es subir los impuestos a esas “generosas empresas” con altísimos beneficios y que ellos los gestione el Estado dedicándolos a educación, estamos de acuerdo.

Las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, comprometiéndose a descender la nota para obtener una beca, al cinco, son algo más positivas. Esperemos que este compromiso no se quede en un brindis al sol y tenga la correspondiente partida presupuestaria por detrás para llevarlo a cabo, al igual que las nuevas contrataciones de profesorado prometidas y otras medidas. A pesar de estas promesas, debemos lamentar que anteriormente no se cubriesen las plazas del profesorado que se había jubilado. Por desgracia estamos acostumbrados a estas declaraciones para obtener titulares de periódicos sin que luego se plasmen en la realidad. El Estado debe, por supuesto, exigir responsabilidad a quien disfruta de una beca pero también debe tener en cuenta la realidad para superar determinado tipo de carreras. No sería lógico que en aquéllas donde la media de años para terminar los estudios sea ampliamente superior a las demás, se exigiese lo mismo que en las otras. Tendríamos que estudiar los casos concretos para conceder una beca con un 5 o menos. Por otro lado, resulta contradictorio que la misma persona y el mismo Gobierno que hace estas declaraciones apoyen desde hace años a los colegios, universidades e institutos de formación profesional privados.

Tanto Coalición Canaria, como el PP y el PSOE han sido actores principales durante décadas del desmantelamiento de la calidad del sistema público de enseñanza. Todos estos partidos han apostado claramente por la empresa privada, detrayendo fondos de la pública en su favor. Han desviado y desvían enormes cantidades de dinero público a centros privados a través de la concertada, a la que han aupado, han concedido mejores condiciones a las universidades privadas que a las públicas para que se puedan instalar (por ejemplo exigiéndoles para su creación un menor número de titulaciones que a las públicas en su creación o intercediendo a través de los ayuntamientos en los que gobernaban para la concesión de suelo público donde poderse instalar). Han favorecido y están favoreciendo a los Institutos de Formación Profesional privados al no ser capaces de cubrir la demanda de plazas y dejando ante los carros de la privada a miles de estudiantes. Han eliminado estudios de idiomas con demanda en las Escuelas de Idiomas y limitado el número de plazas para así favorecer también a las costosas academias privadas. En Canarias todo el mundo se lleva su pellizquito en educación. Es un escándalo que en los actos oficiales y festivos canarios estos concertados, estas universidades y estos institutos privados se publiciten con el mismo escudo del Gobierno de Canarias. En nuestro archipiélago la educación se ha venido llevando, en última instancia, como un gran negocio, más allá de las operaciones de maquillaje del Gobierno del señor Rivero. En los últimos cuatro años, las inversiones en la educación pública se han reducido un 15%.

Ha sido precisamente en los Gobiernos que presidía Coalición Canaria cuando se han incumplido las normas básicas para acceder a los centros concertados. Hoy es voz populi, las artimañas que utilizan algunos padres y madres, en ocasiones recomendadas por la propia directiva de estos centros, para tratar de elitizar parte de estos centros y que no entre en ellos la “chusma”. Desde luego que no todos los concertados se han comportado igual y muchos de ellos han cumplido con las reglas del juego que se les obligaba desde el Gobierno pero la filosofía, al menos en el largo plazo, es la misma, detraer fondos públicos en detrimento de la privada. El Gobierno así no se hacía garante de cubrir esas plazas en centros públicos.

Mientras los colegios públicos vienen languideciendo en las últimas décadas, incapaces de cubrir la demanda total de plazas para así derivarlas a los centros concertados. Cada vez  tienen más falta de personal, a quienes se amplía la jornada laboral y se les reduce sus salarios, se disminuye el número de profesorado de apoyo, con una falta galopante de material y de instalaciones que se suplen con la imaginación de los docentes, de las AMPAS y del estudiantado, con edificios, en algunos casos que apenas conservan las condiciones mínimas para la enseñanza. A esto hay que unir que la pobreza ha avanzado en los últimos años y los padres apenas tienen recursos para alimentar a sus hijos/as, o para comprarles los materiales escolares, los libros o los uniformes.

Bajo estas circunstancias no nos debe extrañar pues que en la ULPGC la tasa de abandono del alumnado se haya duplicado y que un sector importante de la generación que debería entrar en la universidad ni siquiera se plantee acudir a ella por falta de recursos. Tampoco nos debe extrañar los malos resultados obtenidos por nuestro sistema educativo en las evaluaciones externas.

No nos engañemos, los diseñadores de esta política no la ven como una desgracia sino como una pieza más para ganar competitividad empresarial. ¡Qué es eso que los/as hijos/as más listos/as de las clases bajas puedan en parte competir con los/as hijos/as con menos disposición de la clase alta!. Se podía consentir en tiempo de bonanza pero ahora, en momentos de crisis, hay que rivalizar por cualquier posible puesto de trabajo cualificado. Además resulta que los pobres salen contestones y exigen el cumplimiento de los derechos laborales ¡Qué felices los tiempos de la dictadura franquista cuando los/as trabajadores/as se dedicaban a cobrar salarios bajos, adaptada para una economía no cualificada, no iban a la universidad, apenas protestaban y la pirámide social quedaba asegurada sin apenas esfuerzo y con posibilidades pequeñas de ascenso social!

Otra educación es posible, no es una utopía, es la que consigue los mejores resultados en algunos países y la que se preocupa por el desarrollo intelectual (no empresarial) de la juventud. La que contribuye efectivamente al progreso social y económico y la que destina financiación a las reformas que proponen los profesionales del sector. IUC está con la juventud y con las familias que protestan porque las ayudas a las que tienen derecho o son escasas o no existen. Debemos acudir a las movilizaciones educativas previstas para este otoño, estamos luchando por nuestro futuro y por el de nuestros hijos e hijas. La aprobación de la LOMCE sería un retroceso para toda la Comunidad Educativa.

German Santana Pérez, Coordinador de IUC en Gran Canaria