Cómo la deuda nos permite explicar la economía de las políticas migratorias - por Felipe Milin, Irene Valde CADTM *

Imagen: Jim Black

El año 2023 vuelve a mostrar un balance catastrófico en cuanto a víctimas de las políticas migratorias europeas. El día 22 de junio de 2023, un maltrecho pesquero procedente de Libia se hundió frente al Peloponeso, matando a cientos de personas. El 13 de julio de 2023, otra embarcación de migrantes procedente de Sfax (Túnez) volcó frente a Lampedusa, matando en torno a cuarenta personas. Pocos días después, una madre y su hija provenientes de Costa de Marfil fueron encontradas muertas en el desierto cuando intentaban llegar a Túnez. La nueva ruta adoptada por la mayoría de los migrantes en suelo europeo es ahora a través del Mediterráneo central, entre el norte de África e Italia. Esta ruta es también la más peligrosa del mundo, con más de 20.000 muertos desde 2014 según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) [1]. Por desgracia, estas trágicas muertes eran previsibles. Son las consecuencias de las políticas de seguridad de la UE y de sus Estados miembros desde finales de los años noventa, que han alimentado el ’dejar morir’ por su incapacidad para abordar los fenómenos migratorios de una manera estructural centrada en la acogida y la inclusión de los exiliados.

Al abordar la cuestión de las migraciones, es esencial desestigmatizar un fenómeno que ha caracterizado a las sociedades humanas desde sus inicios, defendiendo firmemente el derecho a migrar. Sin embargo, también es crucial comprender las cuestiones económicas que atraviesan este fenómeno. Aunque a menudo se haga hincapié en la inmigración masiva ’ilegal’ o ’clandestina’ que llega a territorio europeo, es importante recordar que ésta sólo representa un porcentaje ínfimo de los movimientos migratorios a escala mundial. A pesar de que el número total de migrantes internacionales está aumentando, pasando de unos 150 millones en 2000 a 280,6 millones en 2020, la proporción con respecto a la población mundial se mantiene estable. Los migrantes internacionales representarán el 3,6% de la población mundial en 2020, frente al 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1970. En 2020, el 96,4% de la población mundial vivirá en su país de origen. Mientras criminalizan y exageran el fenómeno migratorio, la saturación mediática y política de imágenes que aluden a una invasión o a un conflicto de civilizaciones sólo corresponde a las fantasías de ideologías racistas y reaccionarias. La mayoría de las migraciones no se producen de países del Sur hacia países del Norte (incluida Europa): una gran parte de la movilidad se produce en un país de la misma región que el país de origen [2]. Sin embargo, sobre estas fantasías se construyen las políticas migratorias de los países ricos, y de la Unión Europea en particular. Estas políticas migratorias forman parte de todo un sistema de relaciones económicas y políticas internacionales basado en la acumulación de riqueza en los países del Norte global.

La deuda como mecanismo que crea desigualdades entre países y condena a parte de la población a emigrar: El resultado de las políticas de ajuste estructural de los últimos 40 años

En primer lugar, es importante recordar los vínculos entre las políticas migratorias asesinas y el conjunto del sistema de relaciones económicas internacionales entre los países ricos (y especialmente los países europeos) y los países de su entorno. Bajo el pretexto de querer contribuir al desarrollo de los países antiguamente colonizados, los países occidentales y las instituciones financieras internacionales establecieron en la segunda mitad del siglo XX marcos de intercambio económico en los que la deuda desempeñaba un papel fundamental. Estos marcos perpetúan e incluso agravan las desigualdades y la dependencia de estos países con respecto a los países ricos.

Al tratar de calcar el modelo de desarrollo económico de los países desarrollados sobre los países dependientes, la ideología de estas instituciones pasa por alto el hecho de que las condiciones para el desarrollo desigual se refuerzan mutuamente, y que las desigualdades en el mercado mundial de divisas hacen que las economías dependientes estén subordinadas a las economías desarrolladas. Así, la falta de capital nacional en los países dependientes ha conducido a préstamos masivos de los países del Norte global [3]. Además, estos préstamos suelen estar denominados en dólares, lo que hace que el coste de la deuda dependa de las variaciones de la política monetaria estadounidense. Fue precisamente la subida de los tipos de interés durante la crisis de 1970 lo que hizo estallar la deuda de los países en desarrollo, obligándolos a aplicar programas de ajuste estructural que reforzaron su dependencia de los países desarrollados. Esta situación volvió a repetirse en 2022 como consecuencia de las políticas monetarias destinadas a contrarrestar la inflación, donde la trampa de la deuda se cerró de nuevo sobre un gran número de países. En resumen, los países del Sur se encontraron enriqueciendo a las economías del Norte a través de mecanismos de endeudamiento.

El impacto de las políticas de ajuste en algunos países de origen de los emigrantes hacia Europa Pakistán. Pakistán está asfixiado financieramente desde 2022. El país debe 45.000 millones de dólares a instituciones multilaterales (lo que equivale aproximadamente al 14% de su PIB), mientras que también debe 27.000 millones a China y 8.500 millones a miembros del Club de París, entre ellos Alemania y Francia [4] [5]. El servicio de esta deuda está sumiendo al país en una profunda crisis. La subida de los tipos de interés a raíz de la política monetaria restrictiva de la FED (Reserva Federal, EE.UU.) ha hecho que el coste del reembolso de esta deuda se multiplique, convirtiéndola en la mayor partida presupuestaria del gobierno pakistaní. Sri Lanka. Sri Lanka lleva años sumida en una crisis económica que se agravó en 2022 con la escasez de ciertos bienes de primera necesidad, como el acceso a la electricidad. Esta crisis económica culminó con la caída del Gobierno en 2022 [6]. Los problemas de solvencia del país llevaron al nuevo gobierno a buscar un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para recibir ayuda financiera de emergencia que le permitiera salir de la bancarrota de 51.000 millones de dólares [7] [8]. Mientras China ha aprovechado la dependencia de Sri Lanka para ampliar su dominio sobre la zona, adquiriendo infraestructuras clave como el aeropuerto y el puerto de Colombo, el apoyo del FMI, de 3.000 millones de dólares, le permitiría hacer frente a sus pagos más urgentes a sus mayores acreedores. Ghana. Ghana, uno de los mayores productores mundiales de oro y de cacao, se enfrenta a una crisis sin precedentes tras los choques asociados a la pandemia y la guerra de Ucrania. El país se enfrenta a la reestructuración de su deuda a través del Club de París a finales de 2022, cuyos miembros poseen el 18% de la deuda total del país  [9] [10] [11] [12]. Estas deudas bilaterales son generalmente aportadas por otros gobiernos o garantizadas por ellos. La profunda crisis económica en la que se encuentra Ghana ha llevado al país a solicitar apoyo adicional al FMI, que debería permitirle acceder a otros 3.000 millones de dólares. A cambio, el gobierno se ha comprometido a recortar el gasto público para poder reembolsar mejor sus deudas [13].

La reproducción de las desigualdades Norte-Sur a través de las políticas migratorias europeas

Las profundas desigualdades entre países pobres y ricos, y la dependencia de los primeros con respecto a los segundos, son una continuación de la dominación de las antiguas regiones colonizadas por los viejos y nuevos imperialismos. La diferencia entre estas viejas y nuevas relaciones de dominación es que estas últimas se estructuran en torno a la aparente igualdad entre los países en los mercados internacionales. Esta igualdad formal para la circulación del capital contrasta con la criminalización de la movilidad humana.

Desde que se pusieron en marcha los acuerdos de Schengen para acompañar la creación de la Unión Europea, la política de libre circulación de personas dentro de la UE se ha combinado con el bloqueo de sus fronteras exteriores. La inmigración extra europea se ha convertido así en una cuestión política clave, bajo la justificación de la protección de la soberanía territorial de los países miembros. Temiendo el retorno de una nueva ’crisis migratoria’ tras la acumulación de crisis (económica, geopolítica, ecológica, sanitaria, etc.), Italia, España, Malta, Chipre y Grecia (el grupo Med5) pidieron a principios de 2022 la introducción de un ’mecanismo adecuado para la distribución de los migrantes’ entre los Estados miembros [14]. Tras constatar el fracaso de los mecanismos previos de distribución puestos en marcha tras la crisis de acogida de 2015, la principal demanda del grupo Med5 era la redistribución obligatoria por parte de la UE de los exiliados que llegan a estos países. El resultado fue la aprobación de un mecanismo voluntario de solidaridad por parte de la Comisión Europea en junio de 2022. Se suponía que este mecanismo reduciría la presión sobre los países que (debido en particular al sistema de Dublín) soportan la mayor parte de la responsabilidad de acoger, cuidar y recibir a los solicitantes de asilo en la Unión Europea. Sin embargo, este mecanismo no ha funcionado, y no se han alcanzado los objetivos de aumentar el número de traslados de solicitantes de asilo a los Estados del norte. Según Statewatch, a principios de 2023, sólo 207 solicitantes de asilo habían sido trasladados fuera de los Estados miembros en primera línea de acogida [15].

La introducción de este mecanismo de distribución se produce además en el contexto de las negociaciones sobre el nuevo pacto sobre migración propuesto por la Comisión Europea. Este pacto, que actualmente debaten el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, prevé recoger este llamamiento a una mayor solidaridad entre los Estados miembros haciéndolo ’obligatorio’ [16]. El pasado mes de junio, el Consejo de la UE propuso un acuerdo sobre dos pilares esenciales de la reforma del asilo y la migración: el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración (RGAM), que abarca en particular los esfuerzos de solidaridad de los Estados miembros hacia los países de primera entrada y las llamadas normas de Dublín, y el Reglamento sobre procedimientos de asilo (RPA), que organiza la responsabilidad y crea un procedimiento de asilo en la frontera [17]. Este mecanismo de solidaridad obligatoria será flexible en sus modalidades. Los Estados miembros tendrían que elegir, según una clave de reparto definida :

– O bien participar en el esfuerzo de reubicación de las personas identificadas como susceptibles de protección internacional desde las fronteras exteriores para encargarse del examen de sus solicitudes de asilo ;

– O participar en el nuevo concepto de ’patrocinio del retorno’, que permite a los Estados que no desean acoger migrantes mostrar ’solidaridad de otra manera’, implicándose activamente en la ejecución de las expulsiones de aquellos a quienes la UE y sus Estados miembros desean expulsar, con la posibilidad de concentrar sus esfuerzos en aquellas nacionalidades para las que las perspectivas de éxito de la expulsión son mayores;

– O contribuir material, logística, financiera o políticamente a la dimensión exterior de la política migratoria europea (despliegue de personal, medidas de refuerzo de las capacidades de gestión de las fronteras, etc.).

Según el Consejo, ’los Estados miembros tienen plena discrecionalidad en cuanto al tipo de solidaridad con la que contribuyen. Ningún Estado miembro estará obligado en ningún caso a efectuar reubicaciones.’ [18]. Vemos que este sistema de solidaridad obligatoria no parece responder a las cuestiones planteadas por los Estados del Med5. Si el pacto se adopta en estos términos, será una cuestión de solidaridad cosmética, o los Estados podrán optar por sustituir la acogida de exiliados en su territorio por la financiación del retorno de los exiliados a sus países de origen o por invertir en la militarización de las fronteras.

Muchas otras propuestas de este pacto plantean interrogantes y preocupan a las ONG especializadas en cuestiones de migración. Tal y como está planteado, su contenido promete reutilizar viejas recetas mortíferas, ineficaces y costosas. Es más, podría agravar las desigualdades entre los países de la UE en materia de protección de refugiados al introducir procedimientos fronterizos obligatorios, reforzar la noción de ’primer país de entrada’ como criterio de responsabilidad e introducir procedimientos extremadamente complejos. A ello han contribuido el uso generalizado de ’acuerdos a medida’ con terceros países para detener a los inmigrantes lejos de las fronteras Schengen y la proliferación de sistemas de detención, clasificación y retención.

El modelo de acogida ’a la carta’ de los países miembros contrasta con el dogmatismo que ha caracterizado la aplicación de las normas fiscales sobre las que se fundó el mercado único. Las desigualdades en la carga de la gestión de las políticas migratorias se hacen eco de las relaciones desiguales entre los países miembros, que se hicieron patentes tras la crisis de 2008. Los pueblos de países como Grecia, Italia y España han tenido que hacer frente a las políticas de ajuste impuestas por la Troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea). Al mismo tiempo, estos países se encuentran en primera línea de la ’defensa’ de la ’Fortaleza Europa’. En el caso de Grecia, el acceso a las inversiones de la UE se ha condicionado a la acogida de inmigrantes.

El ejemplo de la ’Asociación Global’ con Túnez Paralelamente a las negociaciones sobre el Pacto, la Comisión Europea también mantiene conversaciones con Túnez para poner en marcha un “pacto global’ que comprende 5 pilares, entre ellos la migración y la movilidad. Según Giorgia Meloni, Primera Ministra italiana, que ha seguido las negociaciones junto al Presidente de la Comisión Europea y Mark Rutte, Primer Ministro de los Países Bajos, esta asociación entre Túnez y la Unión Europea (UE) ’puede considerarse un modelo para el establecimiento de nuevas relaciones con el Norte de África’ [19]. Este acuerdo está en la misma línea que el acuerdo UE-Turquía firmado en 2016 [20]. Túnez, que ha sustituido a Libia como principal país de salida del continente africano, preocupa especialmente a Bruselas y a los Estados miembros por la proximidad de sus costas a Italia. Según Frontex y la OIM, las entradas a través de la península italiana han aumentado considerablemente (+158%) desde principios de 2023 [21]. Este aumento se explica, en particular, por el deterioro de las condiciones de vida en Túnez y Libia. Las sumas prometidas a Túnez por la Unión Europea para la migración incluyen un paquete de 105 millones de euros para la gestión de la migración para 2023 [22]. Esta ayuda europea está en parte vinculada a un crédito de 2.000 millones de dólares (1.830 millones de euros) del FMI que se está negociando actualmente, sujeto a condiciones [23]. De aquí al verano, la UE tiene previsto entregar a Túnez embarcaciones, radares móviles, cámaras y vehículos para ayudarle a reforzar el control de sus fronteras marítimas y terrestres. También está previsto aumentar la cooperación policial y judicial para combatir las redes de contrabando. El paquete de ayuda también incluye importantes recursos para el retorno a Túnez de ciudadanos tunecinos residentes ilegalmente en la UE. La UE también financia el retorno ’voluntario’ de inmigrantes subsaharianos desde Túnez a sus países de origen: 407 retornos han sido financiados de esta forma desde principios de año, según la Comisión [24]. Túnez también podría considerarse un país ’seguro’ para el retorno de exiliados tunecinos en situación irregular en suelo de la UE. La crisis socioeconómica sin precedentes tras la introducción de repetidos programas de ajuste, la deriva autocrática y la xenofobia de Estado dirigida específicamente a los exiliados subsaharianos promovida por el jefe de Estado tunecino hacen difícil ver en qué se basa la Comisión Europea para querer identificar a Túnez como ’país seguro’ [25]. Las ONG y la prensa también han denunciado recientemente numerosos casos de violencia y violaciones de los derechos humanos [26].

Una extensión de la lógica de los acuerdos ’a medida’ al servicio de la externalización de las fronteras

La Comisión Europea tiene la intención de ampliar este enfoque a otros países del norte de África, y actualmente propone nuevos planes de acción para la externalización de las fronteras. La externalización adquirió una dimensión común con la construcción del espacio Schengen, en el que la libre circulación tiene como corolario el control estricto de las fronteras exteriores. Desde los años 90, esta política consiste en transferir este control a los países vecinos, en particular a los del Magreb y más recientemente a Turquía. A cambio, financia instalaciones de vigilancia, centros de detención y guardacostas, facilita visados, les exige que firmen acuerdos que les obliguen a readmitir a los ’ilegales’ y endurece su legislación en materia de inmigración. En noviembre de 2022, el Consejo adoptó el Plan de Acción de la UE para el Mediterráneo Central [27], 13 de cuyas 20 medidas se centran en reforzar la cooperación con los países norteafricanos (en particular Libia, Túnez, Egipto y Níger) y Bangladesh. Este plan de acción prevé la formación y asistencia a los guardias de fronteras de los países destinatarios; la firma de acuerdos de readmisión para facilitar las expulsiones a estos países; la puesta en marcha de operaciones de expulsión con el apoyo de Frontex; la cooperación en operaciones de rescate y recuperación y el desembarco de personas rescatadas en el mar en los puertos de los países del sur del Mediterráneo; etc. Otros tres planes de acción de la UE deberán adoptarse en 2023 para las ’rutas atlántica, mediterránea oriental y mediterránea occidental’ [28]. Los Estados europeos condicionan progresivamente la financiación del desarrollo de sus socios no europeos a la ’seguridad’ de los movimientos migratorios en estos países.

Por ejemplo, la UE ha prometido 152 millones de euros a Marruecos para el control de la migración y la ayuda al retorno [29]. En Libia, la UE y sus Estados miembros siguen manteniendo acuerdos destinados a fomentar y mantener los esfuerzos de este país norteafricano por interceptar a los migrantes en el mar y devolverlos a sus centros de detención, a pesar de que los abusos contra los migrantes en este país son conocidos y están documentados [30]. El patrón es similar dentro de la UE: la investigación de Apostolis Fotiadis publicada el jueves 15 de junio de 2023 por el portal Solomon revela que la Comisión Europea ha más que duplicado las cantidades asignadas a Grecia para el periodo 2021-2027 para reforzar el equipamiento, los sistemas de vigilancia y los recursos humanos para el control fronterizo en comparación con el periodo anterior. El presupuesto para vigilancia de fronteras asciende a 800 millones de euros, mientras que sólo 600.000 euros se destinan a operaciones de búsqueda y rescate [31].

En resumen,cada vez se hace más frecuente la condicionalidad en las relaciones Norte-Sur para gestionar la migración. Para limitar el número de exiliados que entran en el espacio Schengen, la UE y sus Estados miembros están securitizando y criminalizando fenómenos migratorios que siempre han existido, y trasladando la responsabilidad de recibir y acoger a los migrantes más allá de sus fronteras. Esta condicionalidad es utilizada de forma más o menos sutil en la cooperación al desarrollo, los acuerdos económicos, comerciales y de inversión, las políticas de readmisión y visados y las asociaciones y relaciones políticas y diplomáticas. Esta lógica previamente existente, sobre todo en el caso del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (FEF), destinado a controlar la migración, y está siendo ampliada y desarrollada con nuevos instrumentos de financiación, como el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional-Europa en el Mundo [32]. Resulta preocupante constatar que los fondos de cooperación al desarrollo se centran actualmente en el control de las fronteras y la externalización, cuestiones muy alejadas de sus objetivos primordiales de erradicación de la pobreza y mejora de las condiciones de vida de las personas. Lo que es aún más preocupante es que esta lógica se está extendiendo y estableciendo como modelo de referencia para la gestión de la movilidad humana hacia la Unión Europea.

Como si se tratase de una tela de araña, las fronteras de la UE empiezan en Mauritania, Níger o Chad. Se extienden hasta Turquía, Libia y Marruecos. Consideradas espacios militarizados y ultra protegidos, separan zonas por las que sólo puede filtrarse la muerte. Nos preguntamos contra quién luchan los países de la UE cuando gastan millones instalando material bélico a sus puertas. ¿Qué guerra libran y para protegerse de qué? Al centrar sus políticas en criminalizar a los exiliados en lugar de garantizarles un paso seguro, la UE está alimentando un discurso y unas políticas públicas cada vez más extremistas. La construcción de muros fronterizos y una retórica antiinmigrante cada vez más abierta son las consecuencias directas de un enfoque de ’emergencia’ profundamente racista de los movimientos de población.

En la práctica, e incluso más allá de la Unión Europea, estas políticas están cambiando profundamente los paisajes socioeconómicos de regiones lejanas y configurando la geopolítica de los países de origen y de tránsito. Los efectos secundarios de estas políticas se hacen patentes en cada puerto de escala: en las fronteras exteriores de la UE, pero también mucho antes, la presencia de miles de inmigrantes sin papeles y de personas privadas de sus derechos, arrojadas a una especie de nada social, guettoizadas y marginadas, caracterizan esta telaraña tejida desde los países del Norte por la psicosis colectiva de una ’afluencia masiva e incontrolable de inmigrantes’. Al mismo tiempo, esta tela de araña es el producto de las relaciones de dominación y dependencia financiera que los países europeos y las instituciones financieras internacionales establecen sobre terceros países (con la complicidad de sus gobiernos).

La externalización de las fronteras europeas desestabiliza las relaciones económicas y sociales de las regiones afectadas Desde el progresivo retroceso de las fronteras del espacio Schengen, los jefes de Estado que ejercen un poder autocrático a las puertas de la UE recurren a estas políticas de ’chantaje’ o ’condicionalidad’. El papel de policía que la UE y sus Estados miembros les animan a asumir también da a estos países los medios para ejercer presión en las negociaciones. En 2020, el presidente turco manipuló a migrantes fingiendo que la frontera de la UE estaba abierta para obtener la negociación del acuerdo de 2016 por el que Ankara se comprometía a bloquear el camino de la UE a los refugiados sirios a cambio de 6.000 millones de euros [33]. Marruecos, al abrir repentinamente su frontera con el enclave español de Ceuta en mayo de 2023, permitiendo la salida de unos 8.000 de sus nacionales hacia la Unión Europea (UE), con el fin de presionar a Madrid sobre el Sáhara Occidental [34]. Así pues, la inmigración está siendo utilizada como arma arrojadiza por algunos gobiernos de estos países del sur. Por último, desde el punto de vista de los países emisores y de tránsito, estas políticas están perturbando movimientos de población ancestrales que han contribuido a construir relaciones económicas, sociales y geopolíticas entre países de una misma región. Es el caso, por ejemplo, de Níger y Argelia en la región comprendida entre el Sahel y el Sáhara. La visión eurocéntrica y la forma en que la movilidad humana de ciertas personas se considera una amenaza, o incluso un peligro para las sociedades y culturas de los países, han servido para justificar estas políticas cada vez más estrictas en la región. Ya en 2014, Argelia firmó un acuerdo de repatriación con Níger que pretendía abarcar únicamente a quienes se dedicaban a la mendicidad. En 2016, este acuerdo se aplicó ahora a todos los migrantes subsaharianos presentes en Argelia, sin distinguir entre casos especiales, a pesar de que Argelia ya cuenta con una ley sobre estas cuestiones [35]. Como resultado, estos exiliados son deportados primero a Tamanrasset, en el sur de Argelia, y luego devueltos al primer puesto fronterizo de Níger, Assamaka, donde la OIM ha abierto un centro de tránsito con instalaciones inadecuadas para alojar a los exiliados cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas. Estos cambios legislativos en Argelia y Níger son fruto de la cooperación con la UE. En Níger se aprobó en 2015 una ley redactada con la ayuda de expertos europeos que criminaliza a todos aquellos que ayuden a los migrantes en el país [36]. Desde el punto de vista europeo, los migrantes que cruzan el Sáhara están destinados a dirigirse a Europa. En la práctica, no tienen en cuenta la migración intra africana, que representa la mayor parte de los movimientos migratorios en el continente. De hecho, estos migrantes se quedarán en el continente para trabajar en Argelia, Túnez o Marruecos, como vienen haciendo desde hace décadas. Según numerosos investigadores que trabajan sobre el tema, es difícil saber si estas leyes represivas han provocado una reducción de los intentos de cruce. Lo que es seguro, sin embargo, es que este enfoque de seguridad aplicado directamente a los países emisores y de tránsito está condenando a un gran número de personas a la clandestinidad. Mientras que antes de la introducción de estas políticas de externalización los movimientos se realizaban de manera oficial, mediante tasas de cruce (con la posibilidad de estimar el número de cruces), esta vía es ahora mucho más complicada, dado que los exiliados toman ahora rutas diferentes, más largas, más arriesgadas y más caras. Así pues, las consecuencias para el tejido social y económico local de estos convoyes de emigrantes que pasan a la clandestinidad son importantes. En la región nigerina de Agadez existe toda una economía de tránsito migratorio desarrollada desde los años 60, basada sobre todo en la migración laboral estacional, que había dado lugar a actividades relacionadas con el alojamiento, el transporte, la restauración, la telefonía móvil y las transferencias de dinero que ahora están condenadas a desaparecer. Esta contradicción entre la retórica basada en esta excepcionalidad también se cristaliza en torno a la figura de los contrabandistas. En el seno del discurso público, muchos gobiernos parecen querer imponer la idea de que la lucha contra la inmigración ilegal implica la lucha contra los contrabandistas. Éste es el culpable de todos los exilios. Sin embargo, hay que dejar claro que la ilegalidad es un concepto que fluctúa en la política, por lo que el inmigrante ilegal de hoy puede no haberlo sido ayer y puede no serlo mañana. Del mismo modo que la figura del traficante presentada hoy por la UE y la prensa como un traficante de seres humanos o un explotador, fue un comerciante que se insertó en el mundo de la inmigración [37].

Externalización de fronteras y deuda privada

Por último, el viaje migratorio es también inseparable de la deuda contraída por quienes desean alcanzar suelo comunitario. La criminalización de la inmigración hace que el viaje no solo sea peligroso e incluso mortal, sino también extremadamente costoso. En 2015, se calculó que una plaza en una embarcación improvisada desde la costa turca hasta Grecia costaba 1.000 dólares, frente a los 20 dólares que costaba un billete de ferry para el mismo trayecto [38]. El coste del viaje desde Nigeria a Europa a través de Libia se estimó en 2017 en una media de entre 4.000 y 6.000 dólares. Por último, el coste de cruzar el Canal de la Mancha desde Calais hasta el Reino Unido se estimó en 5.000 dólares [39].

Para reunir estas sumas colosales, las familias y las comunidades se ven obligadas no solo a hacer grandes sacrificios, sino también a endeudarse, con la esperanza de que las personas que han emigrado puedan llegar a suelo europeo y trabajar para mantenerse. Abandonados a un destino arbitrario y en ausencia total de derechos, las personas migrantes también pueden tener que endeudarse durante su viaje, quedando varados en países de tránsito, o incluso sometidos a esclavitud como se ha denunciado en el caso de Libia. En este sentido, las políticas migratorias puestas en marcha por los países occidentales, y por la Unión Europea en particular, hacen el juego a una economía migratoria altamente lucrativa que se traduce en endeudamiento y miseria no sólo para los migrantes, sino también para sus familias y allegados en los países de origen.

Conclusión

Mientras algunos gobiernos, como el de Pedro Sánchez en España, se jactan del descenso de las llegadas ilegales de inmigrantes a España, el impacto real de las políticas europeas se mide en el número de muertes que causan y el sufrimiento que generan. Este artículo analiza la economía política que subyace a estas políticas migratorias asesinas y su relación con la maquinaria de la deuda.

Las políticas migratorias suelen hacer hincapié en el carácter perturbador de las fronteras y del orden social en Europa. Estas perturbaciones exigen medidas y políticas excepcionales y de emergencia por parte de gran parte de la clase política. Sin embargo, esta apariencia de urgencia y excepción es indicativa de un carácter sistémico: el alejamiento de los exiliados y el desplazamiento de la responsabilidad de acogerlos, recibirlos y/o devolverlos a terceros países más pobres. Además, los marcos informales de cooperación a través de los cuales la UE y sus Estados miembros organizan este alejamiento de las personas consideradas indeseables y los procedimientos de expulsión de los llegados a Europa escapan a todo control parlamentario, democrático y judicial. El acceso restringido a la información y la falta de control democrático que los caracterizan plantean la cuestión de la responsabilidad por las violaciones de derechos perpetradas fuera de las fronteras de la UE, en el territorio de los países ’cooperantes’, en Libia, Turquía, Níger y Albania.

En un sistema capitalista en crisis, estas políticas se han convertido en uno de los mecanismos a través de los cuales los Estados, y en este caso la UE, tratan de usa como vía de escape antes las grandes contradicciones a las que se enfrentan estas economías. Hemos visto en este artículo cómo las políticas migratorias y las diversas formas de endeudamiento van generalmente de la mano. El régimen excepcional aplicado para ’gestionar a los migrantes’ contrasta con el sistema de explotación y extracción de riqueza incrementado por la deuda.

Al ser el reemplazo de las relaciones coloniales, todas las relaciones entre los países del Norte y del Sur se rigen ahora por los mecanismos de la deuda y las políticas migratorias. En este sentido, condicionar el acceso a fondos a terceros países a compromisos en materia de gestión de las migraciones es la expresión más concreta de esta política de externalización de las fronteras y de mantenimiento de la dependencia de los países del Sur con respecto a los países del Norte. Así pues, aunque los naufragios en el Mediterráneo y las políticas migratorias de la UE y sus Estados miembros se presentan a menudo en la prensa como independientes, en realidad son la otra cara de la misma moneda. También están inmersas en un conjunto de relaciones económicas basadas en la deuda. El aspecto sistémico de esta relación corresponde también a una economía política de las políticas migratorias que responde a la necesidad de mantener relaciones de dependencia a través de la deuda, así como de abrir nuevos ámbitos de enriquecimiento y acumulación.

La polarización política y social en torno a la cuestión migratoria es producto de la pérdida de centralidad de la cuestión del reparto de la riqueza en el seno de las sociedades europeas. En un sistema económico en crisis, centrarse en la inmigración actúa como válvula de escape y chivo expiatorio. Para romper con esta polarización, hay que recordar la transferencia neta de riqueza de los países del Sur a los países ricos. También hay que recordar que la lógica del ajuste estructural está vinculada entre el Norte y el Sur. Tenemos que repensarlo todo en los países de la UE para que por fin podamos poner en marcha políticas dignas y acordes con la importancia de las migraciones para nuestras sociedades. Necesitamos desintoxicar el discurso público que infunde una falsa visión de las personas en el exilio.En unas ocasiones presentadas como amenazas para la civilización occidental, en otras como víctimas de tráficos de todo tipo, ninguna de estas dos visiones nos permitirá pensaren la migración como lo que es: un movimiento de personas de larga duración que hay que anticipar y apoyar.

Las dinámicas de ajuste estructural y austeridad son tanto las que hunden en la miseria a los países dependientes como las que motivan las condiciones criminales y el reparto desigual de la acogida dentro de la UE. No sólo hay que poner en marcha rutas seguras para que la gente pueda viajar sin temer por su vida, sino que hay que garantizar que los recursos de la ayuda oficial al desarrollo cumplan ciertos criterios para ’fomentar efectivamente el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de los países en desarrollo’ [40]. Mientras la UE secuestra el objetivo de la ayuda oficial al desarrollo en favor de la cooperación exterior en materia de control migratorio, en particular condicionando esta ayuda a la colaboración del tercer país en la expulsión de inmigrantes ilegales, la cooperación internacional nunca debe condicionarse a la participación en una política de externalización de las fronteras. Por último, es esencial romper los mecanismos económicos que sustentan todo el enfoque racista de la migración. Hay que iniciar un proceso de anulación de las deudas ilegítimas de los países dependientes, para que los pueblos puedan escapar a la lógica perversa del ajuste estructural.

Tras el golpe militar del 26 de julio en Níger y el temor a un deterioro de la situación en la región, en particular entre la CEDEAO y los países ya gobernados por los militares, el fenómeno migratorio que hemos descrito entre Níger y Argelia podría aumentar, provocando una crisis humanitaria sin precedentes si estas políticas de alejamiento de los exiliados se mantienen tal como están.

Notas:

[1] El trimestre más fatal para los migrantes en el Mediterráneo Central desde 2017

[2] Les migrations internationales : faits et chiffres – La Cimade

[3] Para más información aconsejamos de leer el libro Banco Mundial : una historia crítica(2022), de Éric Toussaint.

[4] Pakistan: Pakistan’s interest expenses shoot up significantly – The Economic Times (indiatimes.com).

[5] https://www.usip.org/publications/2023/04/pakistans-existential-economic-crisis

[6] https://www.cadtm.org/Les-consequences-de-la-crise-economique-au-Sri-Lanka

[7] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-holds-debt-restructuring-talks-with-bilateral-creditors-2022-11-03/.

[8] https://www.reuters.com/world/india/india-says-it-is-committed-boosting-investment-crisis-hit-sri-lanka-2023-01-20/

[9] https://www.bbc.com/news/world-africa-65622715

[10] https://www.reuters.com/world/africa/ghana-expects-reach-agreement-with-bilateral-creditors-coming-weeks-2023-06-18/

[11] https://www.bbc.com/news/world-africa-65622715

[12] https://www.reuters.com/world/africa/ghana-expects-reach-agreement-with-bilateral-creditors-coming-weeks-2023-06-18/

[13] https://www.reuters.com/world/africa/imf-ghana-intends-agree-debt-rework-mou-with-official-creditors-before-november-2023-05-18/

[14] Le Conseil de l’UE adopte un nouveau mécanisme de relocalisation des demandeurs d’asile – Touteleuro

pe.eu

[15] Statewatch

[16] En el seno de la Comisión, esta cartera es gestionada por Margaritis Schinas (vicepresidente y comisario a cargo de la “promoción de nuestro modo de vida europeo” y por Ylva Johansson (comisaria europea de asuntos internos).

[17] Decryptage-du-pacte-UE-migration-et-asile-Juin-2023.pdf (lacimade.org)

[18] https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/06/08/migration-policy-council-reaches-agreement-on-key-asylum-and-migration-laws/

[19] Mémorandum d’ent

ente UE-Tunisie (europa.eu)

[20] « Accord » UE-Turquie : le troc indigne

[21] Central Mediterranean top migra

tory route into the EU in first half of 2023 (europa.eu),Immigration : derrière les 100 000 arrivées dans l’UE de Frontex, une réalité plus nuancée – InfoMigrants

[22] L’UE et la Tunisie signent un accord pour un « partenariat stratégique complet » (lemonde.fr)

[23] Immigration : l’UE et la Tunisie trouvent un accord à 105 millions d’euros – Jeune Afrique

[24] Migration : les Européens en quête d’un accord avec la Tunisie – EURACTIV.fr

[25] Environ 900 corps de migrants ont été retrouvés en Tunisie depuis le début de l’année – InfoMigrants

[26] En Tunisie, « le discours de Kaïs Saïed a donné carte blanche à la violence contre les migrants » (lemonde.fr)

[27] EU action plan for the Central

Mediterranean (europa.eu)

[28] Conclusiones del Consejo Europeo, 9 de febrero de 2023 – Consilium (europa.eu).

[29] Migrations : l’Union européenne veut multiplier les accords de coopération donnant-donnant (lemonde.fr)

[30] Torture de migrants en Libye : le rôle honteux de l’Europe – Amnesty International Belgique

[31] EUR 800 million in Greece for border management. Just 600 mm for search and rescue. – Solomon (wearesolomon.com)

[32] IVCDCI, ou NDICI-Global Europe en inglés

[33] En ouvrant sa frontière, la Turquie place les Européens devant leurs responsabilités (lemonde.fr)

[34] L’Espagne et le Maroc vont rouvrir les postes-frontières à Ceuta et Melilla (lemonde.fr)

[35] Algérie – Niger : migration, expulsions et collaboration – Jeune Afrique

[36] La loi contre le trafic illicite de migrant·es au Niger. État des lieux d’un assemblage judiciaire et sécuritaire à l’épreuve de la mobilité transnationale (openedition.org)

[37] Des passeurs bien commodes

[38] https://www.voanews.com/a/syria-europe-refugees-cost-price/3072200.html

[39] https://www.themigrantproject.org/nigeria/irregular-migration-to-europe/

[40] L’aide publique au développement (APD) – OCDE (oecd.org)

 

* Gracias a Felipe Milin, Irene Valde, a CADTM y a la colaboración de Federico Aguilera Klink

 

http://www.cadtm.org/Como-la-deuda-nos-permite-explicar-la-economia-politica-de-las-politicas