Crispación, incumplimientos y recortes - por Román Rodríguez portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.

El Gobierno de Canarias nacido tras las elecciones de mayo de 2015 no ha vivido un momento de tranquilidad. Con graves pugnas internas entre los socios que lo conforman y amenazas de ruptura. Además, se ha caracterizado por incumplir los compromisos establecidos y aplicar políticas de ajustes y recortes que castigan a los servicios públicos e impiden las inversiones.

Un Gobierno inestable y sin cohesión, en el que predominan las tendencias conservadoras. Continuista en las políticas que han llevado al retroceso de los servicios públicos y a los actuales y elevados niveles de desigualdad social. Recuperador del viejo insularismo y que ha mostrado su rechazo a la imprescindible reforma del desequilibrado e injusto sistema electoral canario.

Los hechos recientes lo corroboran. En una semana el presidente del Ejecutivo ha llamado medianeros a sus socios, descalificado públicamente al consejero de Sanidad y avalado con su silencio una moción de censura al alcalde socialista de Granadilla; actitud que se suma a los incumplimientos de los pactos en cascada en los ayuntamientos de Puerto de la Cruz y de Santa Cruz de Tenerife. Con públicas broncas, asimismo, en Lanzarote y El Hierro.

Lo que se prometía “buen rollito” no se aplica ni en el seno del propio Gobierno. Cuando se han organizado ataques desde la Presidencia del Cabildo de Tenerife a consejeros y consejeras socialistas, el titular del Ejecutivo canario no ha defendido a los integrantes de su equipo. Más bien todo lo contrario.

Tampoco en el trato con el resto de fuerzas políticas, con su socio de Gobierno y, en general, con la sociedad canaria. El ejemplo más claro es un proyecto de ley del suelo que quiere aprobar con prisas, sin diagnóstico compartido, sin debate suficiente ni consenso social y político. Cuando las grandes leyes del territorio y del medioambiente en Canarias han contado con un gran respaldo social y, casi siempre, dispuesto de unánime apoyo parlamentario, como sucedió con la ley del territorio, la de espacios naturales y las directrices.

Otro tanto sucedió con el Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE). Tras la recuperación de este recurso, el titular del Ejecutivo decidió unilateralmente repartirlo con cabildos y ayuntamientos de manera partidista, planteando incluso hacerlo sobre la base de la triple paridad. Después anuncio, a bombo y platillo, un plan de desarrollo en el que, un año después, entrando ya en el último trimestre, no se ha invertido ni un solo euro.

Cierre presupuestario/recortes

Hace bien poco señalaban, desde la Presidencia y desde la Consejería de Hacienda, que Canarias no sufriría nuevos recortes porque había cumplido. Y que incluso sería compensada por ello. Aseverando, además, que el presupuesto de 2017 sería expansivo. La realidad es justo la contraria: con el precipitado cierre del presupuesto se recortan unos 300 millones de euros, no habrá compensación alguna por parte del Estado y las cuentas públicas de 2017 serán más restrictivas que las actuales. Un flagrante incumplimiento.

El cierre del presupuesto de 2016 complicará aún más la gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Supone recortes en las ayudas sociales, culturales, deportivas, las inversiones en infraestructuras, vivienda y otros servicios que no se hayan ejecutado. La ralentización de todo el procedimiento administrativo afectará a la dependencia y a la Prestación Canaria de Inserción, así como a la gestión ordinaria del conjunto de los servicios.

Sanidad

Los despropósitos del Gobierno y de su presidente alcanzan su punto culminante en la guerra sanitaria. Iniciada por el propio titular del Ejecutivo al señalar que con más presupuesto empeoraba la situación de la sanidad canaria. Apuntando hacia el consejero del área y tratando de escabullirse de su responsabilidad en el asunto.

Faltando a la verdad. Canarias no dispone en 2016 de más dinero en sanidad del que gastó en 2015. Aunque la gestión siempre es mejorable, sin recursos económicos es difícil responder a las necesidades del sistema, a los cambios tecnológicos, a la incorporación de nuevos fármacos, a las nuevas demandas, a las respuestas al envejecimiento, a la cronicidad de enfermedades o a la reducción de las listas de espera.

El presidente ha jugado con fuego en este asunto. La respuesta de los distintos sectores sanitarios ha coincidido en que las partidas presupuestarias, de las que Fernando Clavijo es el primer responsable, son claramente insuficientes y que, de esta manera, es imposible superar las graves deficiencias que hoy presenta un sector fuertemente descapitalizado en los últimos años.

Los nuevos recortes introducidos por Clavijo en la sanidad canaria supondrán graves perjuicios para los pacientes. En especial por la suspensión de los planes específicos contra las listas de espera: programas de atención de tarde y de fin de semana y derivación a centros concertados. Afectando a más de 30.000 personas que tenían programadas sus pruebas diagnósticas o sus intervenciones quirúrgicas de aquí a final de año.

El Ejecutivo ha tomado decisiones muy erróneas y ha convertido a los ciudadanos y ciudadanas en rehenes de sus problemas internos.

Había y hay soluciones que el Gobierno no ha querido aplicar. No lo hizo, pese a nuestros requerimientos, en la Ley de Crédito Extraordinario, en la que pudo destinar 53 millones de euros más a la sanidad. Tampoco haciendo un buen uso de los dineros del IGTE que, con toda probabilidad, no podrán ser invertidos en el presente ejercicio.

Este Gobierno tiene que dilucidar sus problemas sin utilizar a la ciudadanía. No puede prometer actuaciones en junio e incumplirlas en septiembre. No debe continuar con los recortes que tanto daño causan a los servicios públicos, a sus profesionales y usuarios. Es preciso rectificar.

* En La casa de mi tía por gentileza de Román Rodríguez