Decreto superador - por Emilio Cafassi
Decreto superador - por Emilio Cafassi, profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, cafassi@sociales.uba.ar *
Las crisis de todo orden -y las de tipo políticas en particular- además de padecerse permiten, al menos potencialmente, extraer conclusiones y pergeñar estrategias de superación. La renuncia del vicepresidente uruguayo resulta un indubitable ejemplo de tal crisis política. Sin negar particularidades y responsabilidades puntuales que el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) señaló con particular detalle y contundencia, considero que se trata de una crisis heredada de lo que podríamos llamar la “vieja política”. En los procesos de transición entre las experiencias de gobiernos conservadores y los progresistas, las herencias recibidas no son sólo económicas, sociales y culturales. Se recogen también estilos de dirección, ritos, franquicias varias, hábitos, opacidades, procedimientos burocráticos e inercias amparadas jurídica o simbólicamente, entre tantos núcleos duros anquilosados en los cimientos institucionales. En términos algo más abstractos, la transición es de gobierno, pero no de régimen, salvo que se revolucione significativamente este último.
Intentaré ceñirme aquí a la herencia de privilegios materiales y simbólicos que inevitablemente reciben los gobiernos progresistas en los tres poderes, con que genéricamente el régimen de los Estados-nación capitalistas premia y reconoce a los principales administradores de la reproducción -y consecuente perpetuación- del conjunto de las esferas de la vida social: los jerarcas. En muchos casos -particularmente en el vértice del poder ejecutivo o en el mundo diplomático- tales privilegios tienen reminiscencias hasta monárquicas, como habitar mansiones pobladas de servidumbre, contar con toda clase de cuidados y dispensas de sus gastos, además de los correspondientes honores y reverencias.
Sin duda estas prerrogativas coliden con los principios frenteamplistas de austeridad, pudor y servicio público en detrimento del usufructo privado. Pero además, si fueran asumidos y aprovechados por los representantes, ensancharán la brecha estructural entre la militancia frenteamplista de a pie -como se le suele llamar en Uruguay- y los dirigentes, desestimulando y desmoralizando a la primera. La militancia de base, lejos de percibir emolumentos los aporta, tanto como su tiempo adicionado a la jornada laboral y el trabajo personal para el colectivo, sin otra gratificación que la de contribuir a él. La declinación del caudal militante, la desmovilización o ausencia de participación, son síntomas inequívocos de crisis política en las izquierdas y progresismos. Y una de las posibles causas proviene del incremento de la distancia (real o percibida) entre dirigentes y dirigidos, particularmente
Por esta razón creo de importancia cardinal el reciente decreto 537 del Presidente Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros (cuya intención había anunciado en conferencia de prensa el lunes posterior a la renuncia del Vicepresidente) en tanto da un primer paso para morigerar en parte alguno de los privilegios, aunque acotados a los viajes al exterior de jerarcas del poder ejecutivo. Sin embargo, aún conciso, exhorta a la vez a los Entes Autónomos, Servicios descentralizados y hasta a personas públicas no estatales a adoptar las mismas disposiciones. En sus vistos sostiene enfáticamente que no se encuentra regulada la rendición de cuentas de gastos del Estado en misiones oficiales, y establece la obligación de hacerlo y de devolver los viáticos sobrantes. El poder legislativo no debería ser indiferente a esta exhortación, ya que las excursiones al exterior son profusas, y la apropiación de excedentes, la norma. Si los viajes al exterior ya resultan una prebenda a la que no accede ni la mayoría de la ciudadanía ni la de la masa militante (menos aún con los gastos pagos) es evidente la necesidad de regularla y acotarla evitando la apropiación privada, si no se quiere socavar aún más las mediaciones entre representantes y representados, cosa que para el FA es decisiva y hasta aquí parecieran libradas a una suerte de autorregulación mediada por el compromiso, sin superar sustantivamente la concepción weberiana del político tradicional.
Un ejemplo más de los muchos que pueden encontrarse, en ocasiones institucionalizadas y en otras más personales, de la participación y la ética de los dirigentes frenteamplistas en el Estado, aunque con desigualdades en cada segmento institucional. También una prueba de la hipocresía de los partidos tradicionales que pontifican la reducción de los gastos estatales, cuando en sus gestiones no han hecho más que despilfarrarlos en su propio provecho y los de su entorno. La gestión del FA no impuso el uso de tarjetas corporativas ni abolió reglamentaciones sobre su uso. Contrariamente las creó. Tampoco creó el concepto jurídico de viáticos sino que viene intentando sustituirlo por el de partida, a fin de someterlo a rendición de cuenta, como lo hace el decreto aludido. Por eso enfatizo que la crisis política que disparó la renuncia vicepresidencial, resulta heredada. En todo caso, podrá sostenerse que no fue suficientemente prevista y que una fuerza política puede explicitar normas de conducta y valores, ejercer controles y auscultar información sobre las gestiones de sus representantes en el Estado con mucha más libertad y pragmatismo que la pesada maquinaria estatal.
Contrariamente, las concibo hermanadas.
* En La casa de mi tía por gentileza de Emilio Cafassi