Dejemos la Universidad al margen de la "batalla cultural"

Álvaro Frutos Rosado

del Consejo Social de la Universidad Carlos III

LA DISCREPANCIA

"Sin Universidad no hay democracia"

La llamada “batalla cultural” se ha instalado con fuerza en el discurso político español, y la universidad se ha convertido en uno de sus escenarios predilectos. Sin duda, VOX es su principal abanderado, y sus líderes no dudan en señalar a las universidades como espacios donde, según ellos, se ha perdido la pluralidad y se ha impuesto una ideología “progresista”. Santiago Abascal ha denunciado en múltiples ocasiones lo que considera un “adoctrinamiento” en las aulas. En un acto celebrado en octubre de 2023, criticó reiteradamente que las universidades están “dominadas por el pensamiento único” y que “no se puede disentir”. Fue más allá al afirmar que “la universidad es un campo de batalla” donde se está “perdiendo la libertad” y donde se enseña una “ideología que no es la de la mayoría de los españoles”. A menudo insiste en la necesidad de “liberar” la universidad del “dogma progre”, y ha llegado incluso a proponer la tipificación de un nuevo delito: “la inclusión de la ideología de género en las aulas”.

Este discurso no es una excentricidad aislada, ni se limita al espacio de la ultraderecha. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha expresado posiciones similares al declarar que “nos blindaremos ante cualquier tipo de adoctrinamiento político en las aulas”. Es una de las voces más críticas con lo que considera una educación colonizada por un “pensamiento único”, y ha hecho de esta retórica uno de los pilares de su narrativa ideológica. Ayuso, como Abascal, enarbola la bandera de una libertad académica entendida como negación de determinadas formas de pensamiento, especialmente aquellas asociadas a los estudios de género, la memoria histórica o el análisis estructural de las desigualdades sociales.

Lo preocupante no es solo el contenido de estas declaraciones, sino el modelo político y cultural que copian. La estrategia discursiva que se está implantando en España tiene un referente claro: el trumpismo estadounidense. En Estados Unidos, desde hace años, sectores del Partido Republicano han hecho de la educación superior un objetivo constante de ataque, presentando a las universidades como centros de adoctrinamiento izquierdista y fomentando leyes que restringen la enseñanza de temas como la esclavitud, el racismo sistémico, la diversidad sexual o la historia indígena. Gobernadores como Ron DeSantis en Florida han impulsado una legislación que prohíbe expresamente la enseñanza de la llamada “teoría crítica de la raza” y han intervenido directamente en la gobernanza de universidades públicas para destituir a rectores y profesores considerados demasiado progresistas. Estas políticas han provocado el cierre de programas académicos enteros y el exilio intelectual de profesores e investigadores.

Esta ofensiva, además de ser profundamente reaccionaria, tiene un propósito político claro: presentar a las élites educativas como enemigas del pueblo, deslegitimar la producción autónoma de conocimiento, y consolidar una base electoral movilizada a través del resentimiento identitario. No se trata, como se pretende hacer ver, de defender la libertad, sino de utilizar el miedo y la confusión para domesticar las instituciones educativas. En palabras de Hannah Arendt, “la esencia del totalitarismo no es la represión, sino la desrealización de la verdad”.

Los ecos de esta estrategia ya resuenan en España con claridad. Las declaraciones de Abascal y Ayuso no son originales: son traducciones literales de los discursos que durante años se han ensayado en Estados Unidos, adaptados al contexto político nacional. Incluso el lenguaje es el mismo: “adoctrinamiento”, “libertad”, “ideología impuesta”, “mayoría silenciada”. Esta importación del trumpismo cultural no solo amenaza con desestabilizar el debate académico, sino que persigue alterar profundamente el terreno simbólico en el que se define lo que es aceptable o no en la vida pública.

Esta narrativa, presentada como una defensa de la pluralidad y la neutralidad, esconde en realidad un intento por deslegitimar el papel crítico de la universidad y someterla a una lógica de obediencia cultural. Bajo la apariencia de proteger a los estudiantes de una supuesta imposición ideológica, lo que se persigue es imponer otra: una visión excluyente del conocimiento, donde toda reflexión que no se ajuste a determinados postulados ideológicos es tachada de sectaria. Esta instrumentalización de la educación superior responde a una estrategia política más amplia: transformar el espacio universitario en un nuevo frente de polarización, presentándolo como símbolo de una élite ajena a los intereses del “pueblo real”.

Como advirtió John Stuart Mill, “toda buena universidad debe ser un baluarte de la libertad de pensamiento”. Desde sus orígenes, la universidad ha sido concebida como un espacio de crítica, reflexión y transformación. Convertirla en un escenario de lucha ideológica permanente no solo degrada su función social, sino que compromete su legitimidad como institución al servicio del interés público. Una sociedad democrática necesita universidades libres, capaces de fomentar el pensamiento crítico sin temor a represalias políticas o a campañas de desprestigio organizadas.

En este contexto, es preocupante observar como sectores de la derecha buscan colonizar el discurso académico apelando a una supuesta defensa de la neutralidad. Pero la neutralidad en la universidad no significa ausencia de ideas, sino libertad para expresarlas, discutirlas y someterlas a examen riguroso. Es precisamente esta libertad la que está en riesgo cuando se intenta imponer desde el poder político qué puede enseñarse y qué debe ser descartado por “ideológico”.

Más inquietante aún es que este debate esté siendo asumido también desde algunos sectores de la izquierda, aunque con una lógica diferente. Para Pablo Iglesias, por ejemplo, no se trata de una distorsión perniciosa del debate público, sino de una lucha legítima por la hegemonía ideológica. Según esta perspectiva, la universidad sería un terreno crucial en la disputa por el sentido común y la dirección del pensamiento crítico en la sociedad. Así, la intervención ideológica no se ve como un problema, sino como una herramienta política necesaria. La izquierda debería, en consecuencia, disputar activamente ese terreno y orientar el conocimiento hacia la transformación social.

Sin embargo, reducir la función de la universidad a un instrumento para la batalla por la hegemonía, incluso desde posiciones progresistas, resulta igualmente empobrecedor. Ni la universidad puede ser colonizada por la lógica reaccionaria de la extrema derecha, ni convertida en un aparato de propaganda ideológica, aunque sea con fines emancipadores. Su función principal debe seguir siendo la de ofrecer un conocimiento libre, abierto al contraste, y capaz de formar ciudadanos críticos, no soldados de una causa.

La izquierda socialdemócrata, en particular, debe evitar caer en esta lógica de trincheras. No puede aceptar los marcos impuestos por la extrema derecha ni asumir que la única respuesta posible sea jugar al mismo juego desde el otro lado del campo. Debe defender la universidad como un bien público, regido por principios constitucionales de autonomía, libertad académica y servicio a la sociedad. Entrar en una “batalla cultural” reactiva, siguiendo el guion marcado por quienes buscan precisamente esa confrontación, supone ceder el terreno simbólico y desnaturalizar el papel de las instituciones educativas.

Hay que afirmar con claridad que la pluralidad no se garantiza censurando ideas, sino facilitando su exposición y contraste. El pensamiento crítico no se impone, se cultiva. Y ese cultivo requiere condiciones institucionales estables, recursos suficientes y una cultura académica basada en el respeto, el rigor y la independencia. Atacar a la universidad desde fuera, o manipularla desde dentro, es poner en riesgo uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna.

Como recordaba el filósofo alemán Karl Jaspers, “la universidad vive de la verdad; allí donde desaparece la búsqueda de la verdad, muere la universidad”. Si hoy hay algo que proteger, no es a los estudiantes de las ideas incómodas, sino a las ideas del empobrecimiento intelectual que supone convertir el saber en una herramienta de combate político. La universidad debe ser un lugar donde se pueda pensar sin miedo, disentir sin represalias y aprender sin etiquetas. Como señalo la pasada semana Ángel Arias, Rector de la Universidad Carlos III, sin universidad no hay democracia.

Por eso, más que una batalla cultural, lo que necesitamos es una defensa clara de la cultura del diálogo, del pensamiento libre y del conocimiento riguroso. La verdadera pluralidad no se impone desde un púlpito ideológico ni desde un parlamento, sino que se construye en las aulas, en los seminarios, en los laboratorios y en los debates abiertos entre estudiantes y profesores. La izquierda que crea en la democracia debe asumir esta defensa no como un deber táctico, sino como una convicción ética. La universidad no es un botín ideológico, sino una institución al servicio de toda la ciudadanía, suficientemente financiada y protegida, por todos, la garantía institucional de su autonomía, consagrada en nuestra Constitución.

Gracias a Álvaro Frutos Rosado y LA DISCREPANCIA y a la colaboración de Pedro Anatael Meneses

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