Derrochan nuestros impuestos y no pasa nada - por Nicolás Guerra Aguiar *

   En Canarias se ha oficializado una tradición, tan dados que son los organismos públicos a preservar esencias identificadoras: el despilfarro de nuestro dinero –el suyo y el mío, estimado lector-, que en teoría debe ser rigurosamente administrado. Pero como en esta puñetera tierra somos pasotas y no hay responsabilidades penales (de las éticas ni hablo: es construcción lingüística desconocida), se juega con los millones como si de cobre (dicen los pollillos a las monedas de 1, 2 y 5 céntimos) se tratara.

   ¿Que el anterior Gobierno canario (Gc) impone una moratoria e impide construcciones turísticas a varias empresas cuyos derechos de edificación estaban reconocidos? ¿Que por el Gc no se compensa económicamente el servicio de una naviera, considerado como de interés general? ¿Que el Gc expropia terrenos en La Laguna en perjuicio de los intereses de sus propietarios? ¿Que el Ayuntamiento de Mogán también expropia en detrimento de los herederos? Nada, colega: sin problemas. Siempre queda la excusa de que el bien general debe imponerse sobre el privado. O lo que es lo mismo: si los tribunales de justicia fallan en contra de tales actuaciones, pues se paga y ya está. Pero, quede claro, sin responsabilidades de ningún tipo. A fin de cuentas los tales políticos estaban hondamente sensibilizados ante las justas reclamaciones populares. Y ya se sabe: el pueblo es lo primero, la esencia del pudor político, la voz mayoritaria.  (Una insignificancia: de su voto dependen cargos y nominillas.)

   Pues así fue y así es. El Tribunal Supremo ratifica la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en torno a los daños económicos que padecieron varias empresas hoteleras afincadas en Canarias y a las que se les había prohibido la construcción. La moratoria turística prorrogó los plazos, con lo cual no pudieron edificar por más que disponían de todos los derechos para hacerlo. El Gc, por tanto, debe indemnizarlas con 167 millones de euros por más que aquel insistiera también ante lo contencioso - administrativo y solicitara casación o anulación de sentencias condenatorias. (¿De dónde saldrán los 167 millones?)

   Hace un par de años, el Gc fue condenado a indemnizar económicamente a la naviera Trasmediterránea (hoy Acciona) con casi diez millones de euros más los intereses que hubiera devengado tal cantidad a lo largo de 12 años. El Ejecutivo autonómico había dejado de compensarla por las pérdidas registradas durante el período 1999-2000 en las líneas de interés general. (¿De dónde salieron los diez millones?)

   En noviembre de 2015 las consejerías de Obras Públicas y Educación del Gobierno de Canarias fueron condenadas a pagar seis millones de euros por ilegales expropiaciones en el barrio lagunero de El Coromoto. A tal compensación debían añadirse casi 700 000 euros de intereses por parte de Educación. (¿Quién abonó los siete millones?)

   Hace poco, el Ayuntamiento de Mogán fue condenado por el TSJC a resarcir económicamente a los propietarios de un terreno expropiado, próximo al cementerio municipal. En este caso las arcas municipales enterraron más de cinco millones de euros, pues la sentencia obliga “al pago único del resto del justiprecio”, es decir, casi tres millones y medio de euros. Se trata de una herencia envenenada que recibió la actual alcaldesa.

   Los ejemplos anteriores –pueden multiplicarse- nos llevan a la conclusión de que la cosa no funciona correctamente. Momentos hay en que se manifiesta una aparente prepotencia por quienes expropian sin valorar el exacto precio del suelo, o acaso con figurado desprecio. Ante la excusa electoralista de que el terreno es necesario para el bien común, abusan del poder: “Usted denuncie, es su derecho. Pero frente a usted tendrá al Ayuntamiento, al Gobierno…”.  Y suele suceder que, las más de las veces, el propietario injustamente expropiado a precios ridículos se resigne y acepte la valoración oficial. A fin de cuentas, litigar contra un organismo puede costar mucho dinero (no siempre disponible), quebraderos de cabeza e, incluso, subrepticias actuaciones que, si no matan, sí incordian a las personas afectadas. Por eso con antelación se da por perdida la lucha. Incluso permanece en ciertas mentalidades una idea muy conservadora y que desde pequeño le escuché a mi abuelo Aguiar, interventor en el Ayuntamiento de Gáldar: “El Estado es un menor de edad. Por tanto, tiene todas las protecciones”. Hoy la mentalidad ha cambiado. Y algunos litigan –si hay posibles- por sus derechos de propiedad.

   Pero se da algo mucho más inaudito o, al menos, inapropiado: nadie en política es corresponsable de actuaciones irregulares, como las injustas expropiaciones. O -preciso- de las negativas consecuencias económicas como en los ejemplos anteriormente expuestos. El Gobierno canario anterior implantó la moratoria turística. Tal irregularidad nos va a costar 167 millones de euros. Pero el caso es que aquel Gobierno tuvo directos responsables con nombres y apellidos, como responsable fue el Gobierno municipal anterior de Mogán que dejó a la actual corporación con la deuda millonaria. ¿Y aquí no pasa nada?

   No se trata, claro, de que deba andarse con rigurosísimos procedimientos burocráticos pues podrían echar por tierra determinados proyectos. Pero todos sabemos que las normativas siempre son laxas y flexibles mientras se respete la legalidad. Más: incluso puede haber interpretaciones, más cuando se trata del bien común. Pero entre lo beneficioso para la generalidad y el comportamiento impetuoso de algunos gobernantes hay notables diferencias. En Mogán, por ejemplo, parece que la otra parte se negó -¿prepotencia?- al diálogo con los afectados.

   Los gobiernos disponen de gabinetes jurídicos. Y si no, a través de abogacías del Estado o de la propia comunidad pueden recabar información y consejo ante inmediatas actuaciones. Por tanto, no deben quedar en el vacío las responsabilidades políticas y económicas de quienes desde el poder no han sabido administrar cientos de millones de euros, nuestros. Pero algo está claro: ningún partido llevó en su Programa la judicialización de tales comportamientos.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar

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