Discutible legalidad ética (indultos y amnistías) - por Nicolás Guerra Aguiar
Discutible legalidad ética (indultos y amnistías) - por Nicolás Guerra Aguiar *
Abdel Fatah, joven palestino de 20 años, fue ejecutado por Elor Azaría, militar israelí. Este le disparó un tiro en la cabeza. Durante el juicio no pudo alegar autodefensa: el palestino yacía en el suelo, inmovilizado. No ya porque estuviera esposado: sangraba con fuente lorquiana de varios chorros. La jueza fue contundente: Elor sabía que el proyectil le reventaría la vida. Y disparó, a pesar de todo. Sin embargo, el primer ministro israelí dijo: "Nuestra existencia se basa en el Ejército. Los soldados son nuestros hijos e hijas”.
Netanjahu pide amnistía para Elor Azaría
Por tanto, defenderá la amnistía –no indulto- para el reo. Y es consciente de su petición: la amnistía no solo perdona: exime, además, de toda responsabilidad. Es el mismo primer ministro que desprecia la condena del Consejo de Seguridad a causa de ilegales asentamientos israelíes en territorio palestino. Y el mismo Ejército de Elor los protege con las armas. Las usa sin pudor alguno para matar a quienes se resisten (los diarios Abdel-es).
Acaba de publicarse en el BOE: el Gobierno indulta (‘perdona’) parcialmente al empresario constructor tinerfeño José Manuel Magdaleno Hernández ante la pena impuesta (tres años y medio de cárcel). La reduce a dos si abona todas las responsabilidades económicas. Y como la rebaja lo libra de las rejas al no existir antecedentes penales, todo se solventará con dinero: devolverá los miles de euros “distraídos” a los compradores de espejismosas viviendas cuya edificación ni tan siquiera se inició. Y si en cuatro años no delinque, caso cerrado y archivado. (Una duda: si debe reintegrar lo sustraído por estafa -y lo hará para no ingresar en la cárcel-, es que tiene dinero. ¿Por qué no lo devolvió antes de las diligencias judiciales para evitarles años de tragedias y angustias a los engañados? Por tanto, ¿atenuante o agravante?)
Días atrás, el Consejo de Estado (órgano constitucional del que forman parte no solo muy ilustres juristas) fue taxativo: el accidente del avión Yak-42 (murieron 62 militares españoles en 2003) pudo haberse evitado por parte del ministerio de Defensa. Hubo, por contra, negligencias y ausencia total de interés en torno a las condiciones del transporte: los pilotos, tras 22 horas de vuelo, estaban agotados. Tampoco habían recibido formación alguna para enfrentarse a situaciones complejas. Las propias víctimas, además, temían por sus vidas ante las deficiencias técnicas del aparato. Así, el comandante Fernández le dijo el mismo día del regreso a su mujer: "Reza por mí, pues este avión es una mierda”.
Cuando al día siguiente del accidente un teniente general médico español afirmó que casi todos los cuerpos estaban identificados, saltaron las alarmas: ¿solo en horas veinticuatro? Investigaciones posteriores demostraron algo increíble: la repatriación de los cuerpos se hizo sin autopsias para saber a quiénes correspondían. Ni tan siquiera hubo certificados de defunción. Por tanto, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y sus allegados, engañaron miserablemente a todos.
El Partido Popular amnistió a Trillo mucho antes de que los acongojados parientes presentaran reclamaciones y denuncias. Es más: lo premió con la embajada en Reino Unido. Acaso lo ratificaron en la misma boda (2014) de su hijo a la cual asistieron Aznar, Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ana Botella… Faltaron, eso sí, los jóvenes provenientes de Nuevas Generaciones, rama de las juventudes peperas. Pero daba igual: a estas alturas de año (2017), ya maduritos, también coinciden con el PParnaso ppolítico, allí donde moran quienes disponen en el Partido Popular: a fin de cuentas, las decisiones del Sóviet vienen consagradas desde arriba. Y desde arriba se aprueban las listas. Prietas las filas.
Pero se hizo justicia. Al poco, tres médicos militares fueron llevados a juicio ante los tribunales. Y se les condenó, claro. Inmediatamente intervino el Gobierno del señor Rajoy, quien los sometió al más duro de los castigos: el indulto. Es decir, el perdón total o parcial de la pena o, acaso, la conmutación por otra menos grave. Lo importante es que no ingresaran en prisión: así pagan los favores.
Así pues, el llamado “derecho de gracia” está constitucionalmente reconocido (62.i.): la propuesta del ministerio de Justicia se somete al Consejo de ministros. Por tanto, depende del Gobierno. Y este, a veces, impacta a los ciudadanos ante comportamientos como los arriba descritos. (Incluyo el concedido por el señor Aznar a cargos psocialistas dirigentes del GAL, terrorismo de Estado.)
Si en sentencias pendientes hubiera condenas (hija y yerno; exministro…), podrían solicitar indultos (¿por qué no amnistía?) al señor Rajoy, hombre muy sensible, bonachón, casi un padre de la Patria. Ya se sabe: “El honor es cosa de hombres / y el hombre es cosa de Dios”. (¿Y la ética? “¿Ética? ¡No me jodas, Nicolás!”.)
* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar